El Alto Tribunal prevé sentenciar este mismo fin de semana sobre las medidas cautelares adoptadas ante este apartado de la Ley de Memoria Democrática, dado que el censo electoral se cierra este lunes, día 12. Hasta 170.000 personas podrían quedarse sin derecho a votar si no se aplica.
La Fiscalía maniobra contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo adoptadas por los recursos contra la conocida como 'ley de nietos', una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de 2022 aplicable a aquellos nacidos fuera de España que descienden directamente de exiliados políticos o represaliados por condiciones como su orientación sexual. El ministerio público pide que se les garantice su derecho a voto en las próximas elecciones generales anticipadas, previstas para el 29 de noviembre.
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De mantenerse, la suspensión cautelar implica suspender el derecho a voto de todos los nacionalizados a través de esta disposición. La mal llamada ley ha sido muy criticada entre la oposición conservadora, al entender que podría condicionar los resultados electorales por ser laxa en su control respecto a quién accede y en qué circunscripción. El Supremo adoptará antes del día 12 (cuando se cierra el censo electoral ante el adelanto de las generales) su fallo final.
En una nota informativa, la Junta Electoral Central (JEC) ya reclamó supervisar los criterios seguidos por los distintos consulados españoles para establecer el municipio de inscripción, especialmente si ha habido un cambio de localización distinto al de la última residencia en España de la familia o el interesado.
La JEC atendió parcialmente las reclamaciones de los ultraderechistas de Vox, reclamando que se estableciesen criterios homogéneos para determinar el municipio de empadronamiento de cada uno de los afectados, reforzando los criterios pero no ejecutando un cambio legislativo.
Hasta 170.000 personas podrían quedarse sin derecho a votar en caso de que el Supremo mantenga las cautelares. Los servicios jurídicos del Estado ya advirtieron con anterioridad de la imposibilidad de revisar la legalidad de cada uno de los expedientes incluso cuando se fijaba el 1 de enero de 2027 como límite, cuando aún no se contemplaba el adelanto electoral.
Iustitia Europa, una de las acusaciones particulares, va más lejos y ha pedido al Supremo suspender las elecciones generales "durante el periodo constitucionalmente disponible y estrictamente indispensable", atendiendo al escrito mencionado de la Abogacía del Estado, que ahora ve imposible ejecutar esa revisión de expedientes a tiempo.