La UE ha aprobado una base legal para enviar a personas sin derecho a residir a centros fuera del bloque. Los gobiernos aseguran que se respetarán sus derechos, pero las ONG advierten de que las garantías previstas podrían no cumplirse en la práctica.
Los ministros de Interior de la UE han dado su aprobación definitiva a un nuevo Reglamento de Retorno en Luxemburgo este 1 de octubre. La norma sustituye la Directiva de Retorno de 2008 e incluye un marco jurídico para los "centros de retorno" en países no pertenecientes a la UE.
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Qué dicen los gobiernos
El Consejo de la UE presenta estas normas como una forma de hacer que los retornos funcionen. El ministro de Justicia, Interior y Migración de Irlanda, Jim O'Callaghan, cuyo país ostenta la presidencia, ha señalado la brecha entre las decisiones y las salidas efectivas.
"Alrededor de dos de cada tres personas a las que se ordena abandonar la UE no se marchan en realidad. Las normas de retorno revisadas que se han adoptado hoy ayudarán a los Estados miembros a aplicar retornos rápidos de forma eficaz".
El Consejo afirma que las normas complementan el Pacto de Migración y Asilo y que todas las medidas de retorno deben respetar los derechos fundamentales. Imponen obligaciones a las personas que no tienen derecho a permanecer, que deben abandonar el territorio y cooperar con las autoridades. El incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde la reducción de prestaciones hasta multas económicas.
Las personas que supongan un riesgo para la seguridad podrán enfrentarse a una prohibición de entrada indefinida o a una detención superior a 24 meses, cuando esté justificado y sea proporcionado. Una Orden Europea de Retorno permite que los Estados reconozcan mutuamente sus decisiones de retorno, en un primer momento de forma voluntaria, con una nueva evaluación tras tres años.
Los centros de retorno requieren un acuerdo o arreglo con un país no perteneciente a la UE que respete las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. Los menores no acompañados quedan excluidos. Paralelamente, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos impulsan un centro conjunto en África. El ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris, ha señalado que el objetivo es abrir una instalación en 2027. Según las informaciones, Ruanda figura como posible favorita.
Una promesa sobre el papel
Las ONG de derechos humanos se preguntan si los derechos garantizados en la UE pueden hacerse valer una vez que una persona ha abandonado el territorio del bloque. Marta Welander, directora de Incidencia en la UE del Comité Internacional de Rescate (IRC), no alberga dudas. "La idea propuesta de los centros de retorno es cruel, costosa y contraproducente", afirmó a 'Euronews'.
"Ninguna cantidad adicional de financiación, formación o cambios en el diseño de la supervisión cambia el hecho de que la protección de la persona trasladada dependería por completo de un Estado fuera del alcance jurídico de la UE, de modo que una supervisión adecuada, el derecho a recurrir y la protección frente a la devolución no pueden garantizarse del mismo modo que dentro de la jurisdicción de la UE", prosiguió Welander.
Chiara Catelli, responsable de Incidencia en Picum, señaló que "ninguna salvaguardia puede convertir los centros de deportación en una herramienta legítima para gestionar la migración". Sostiene que el propio traslado plantea un problema de derechos. "El mero hecho de enviar a personas a lugares que ni siquiera conocen, lejos de la vida que intentaban construir, va en contra del derecho a la vida privada y familiar".
Las lagunas del texto
Catelli señala lo que el reglamento no incluye. "El Reglamento de Retorno no dice nada sobre las condiciones de vida o los plazos de detención en los centros de retorno, ni sobre quién va a supervisar y hacer cumplir las salvaguardias".
La descripción del Consejo confirma que los detalles se dejan a acuerdos individuales, como un "acuerdo o arreglo". Aquí es donde el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, presentó sus objeciones. En cartas publicadas en julio y dirigidas a los cinco países que impulsan la iniciativa conjunta, reclamó cuatro salvaguardas.
Estas incluyen una evaluación de riesgos antes de abrir cualquier centro, una supervisión independiente y continua con capacidad para suspender la cooperación, acuerdos jurídicamente vinculantes con cláusulas de derechos humanos exigibles y la publicación de los acuerdos y de las conclusiones para que parlamentos y tribunales puedan examinarlos. Son sus recomendaciones, no artículos del reglamento.
Welander duda de que la supervisión sea realista. "Cuesta ver cómo podría funcionar una supervisión efectiva en un tercer país en el que la UE no tiene tribunales, ni jurisdicción ni poder de ejecución alguno".
El IRC señala los centros de detención de Italia en Albania, descritos a menudo como modelo para los centros de retorno, que ha visitado en dos ocasiones. "Lo que se ha observado en Albania incluye un amplio malestar psicológico entre las personas detenidas sin la debida atención de salud mental, con informes sumamente preocupantes de autolesiones".
¿Quién es responsable?
Catelli sostiene que la responsabilidad no puede transferirse junto con las personas detenidas. "Lo que está claro es que la UE y sus Estados miembros no pueden limitarse a externalizar su responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de las personas, ni la de prevenir y abordar las violaciones, especialmente cuando esas violaciones son consecuencia directa de las políticas que han puesto en marcha".
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, hizo el mismo planteamiento después de que el Parlamento adoptara el texto en junio. "Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar sus obligaciones en materia de derechos humanos a terceros Estados en este contexto".
Welander sostiene que el verdadero cuello de botella está en otro lugar. "Un factor importante detrás de la lentitud de los retornos es la disposición de los terceros países a cooperar en la readmisión y la verificación de documentos, algo que se cita ampliamente como una limitación mayor que la coordinación a escala de la UE".
Los grupos de defensa de los derechos no cuestionan que las normas se apliquen. Cuestionan si las nuevas competencias pueden hacerlas respetar en la práctica. Sin un país de acogida confirmado, la respuesta se desprenderá de los acuerdos que firmen los Gobiernos y de si esos acuerdos se hacen públicos.
La etiqueta de "tercer país seguro" soporta buena parte del peso, y Catelli sostiene que no debería ser así. "Un país puede considerarse seguro para la UE y seguir siendo inseguro para determinadas personas, en función de sus circunstancias individuales".