El Alto Tribunal rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y mantiene la suspensión del derecho al voto para un máximo de 163.020 nacionalizados por la 'ley de nietos' en las elecciones del 29N. Sí podrán votar algunos afectados, siempre que un consulado haya certificado que cumplen la ley.
El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión del derecho al voto de aquellos españoles nacionalizados al amparo de la conocida como 'ley de nietos' para las elecciones del próximo 29 de noviembre. La medida afecta como máximo a unas 163.020 personas, que no podrán ejercer su derecho al sufragio en los comicios.
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre, relativa a la inscripción en el censo electoral de los españoles residentes en el extranjero. La resolución incluye un voto particular discrepante de una de los seis magistrados de la sección.
No obstante, el fallo contempla una excepción: sí podrán ejercer su derecho al voto algunos de estos ciudadanos afectados, siempre que cualquier registro consular haya certificado fehacientemente que cumplen esta disposición legislativa, que data del año 2022. No basta, por tanto, con una instrucción general que dictaminó el Ministerio de Justicia en su momento, que presumía validez legal para cualquier exiliado entre el 18 de julio de 1936, fecha del alzamiento franquista, y el 31 de diciembre de 1955.
El Supremo descarta los argumentos tanto de la Fiscalía como de los servicios jurídicos del Estado con respecto a la conocida como 'ley de nietos', que en realidad es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta se aplica a aquellos nacidos fuera de España y descendientes en primer grado de exiliados por causas políticas o condiciones como su orientación sexual.
El Alto Tribunal también se muestra crítico con la instrucción dada por Justicia en su momento y pide atenerse a dicha ley. "Existen intereses generales, [como] preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que deben prevalecer sobre el interés particular del ciudadano", defienden los magistrados del Supremo en su escrito. La votación, añaden, debe realizarse "sin la más mínima duda de oscuridad o de irregularidad en la lista de electores que tengan derecho a voto".
En una nota informativa, la Junta Electoral Central (JEC) reclamó supervisar los criterios seguidos por los distintos consulados españoles para establecer el municipio de inscripción, admitiendo parcialmente las críticas de la oposición conservadora sobre la laxitud en el control de aquellos que accedían al censo en determinadas circunscripciones.
El Gobierno lamenta el fallo, el PP lo celebra
El Gobierno ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó durante una conversación informal con periodistas en la recepción oficial del Día de la Fiesta Nacional: "Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos".
Grande-Marlaska señaló que el siguiente paso es esperar a que la Abogacía del Estado examine si la suspensión cautelar acordada por el Supremo constituye una resolución definitiva.
Por otra parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se mostró contundente al afirmar en redes sociales que "en unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna".
"El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas. Lo primero en democracia es cumplir las reglas", expresó a través de un mensaje en X.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado levantar las medidas cautelares, alegando la "imposibilidad material" de revisar los cerca de 170.000 casos afectados por la resolución judicial.