La instructura del caso David Sánchez, que acabó por inhabilitar por prevaricación al hermano del presidente del Gobierno, pide la comparecencia de su excompañero ante la Audiencia Nacional mientras este asegura ante el mismo tribunal que jamás la amenazó.
Movimientos cruzados en el presunto caso de amenazas contra la juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez. Por un lado, Beatriz Biedma ha solicitado en un escrito ante la Audiencia Nacional que se llame a declarar a Luis José Sáenz de Tejada, el compañero que supuestamente la amenazó durante dicha fase de instrucción. Este, por otro, ha negado ante el juez que investiga el caso relacionado con Leire Díez, haber establecido contactos con el clan de los Rochos, el grupo que habría amenazado a Biedma.
El narcoculebrón pacense comenzó con el testimonio de la matriarca del clan, Cintia Rocho, quien declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella para "actuar" contra Biedma. El exjuez ha desmentido las afirmaciones de Rocho, asegurando que nunca ha contactado con ella y quejándose de que la UCO haya dado por buena la versión de Cintia.
No obstante, Biedma ha doblado su apuesta. "[Su declaración] resulta nuclear para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal", ha comunicado en el escrito. La juez también ha solicitado que declare la propia Rocho y otro empresario, Joaquín Parra, presuntamente involucrado en esta trama, además de incorporar a la causa una serie de quejas promovidas por parte de Sáenz de Tejada contra ella.
Los Rochos, grupo narcotraficante con base en la barriada de Cerro de Reyes, en el extremo sureste de Badajoz capital, es uno de los clanes más conocidos de la localidad. Su presencia en el negocio de las drogas se prolonga desde inicios de los 2000: en las operaciones policiales que los involucran han llegado a incautarse armas y detenerse a una veintena de personas. También han protagonizado tiroteos con otra banda rival, los Matías.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el pasado mes de julio a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación para cargos públicos por un delito de prevaricación con base en su cuestionada contratación en el Conservatorio pacense. El tribunal consideró probado que la Diputación de Badajoz creó en 2017 una plaza de coordinador 'ad hoc' para Sánchez, aunque le retiró los cargos de tráfico de influencias.