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"No tengo influencia alguna": David Sánchez niega haber influido en la contratación de su amigo

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, hablando durante su declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, hablando durante su declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz. Derechos de autor  Audiencia Provincial de Badajoz
Derechos de autor Audiencia Provincial de Badajoz
Por Lucia Blasco
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El hermano de Pedro Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz rechazaron ante la Audiencia haber intervenido en la creación o adjudicación de la plaza de coordinador de conservatorios.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, negaron este jueves ante la Audiencia de Badajoz haber influido en la creación o adjudicación del puesto que ocupó Sánchez en la institución provincial y rechazaron cualquier trato de favor en el proceso de contratación.

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La declaración de David Sánchez, acusado de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, duró alrededor de 10 minutos y se limitó a responder a las preguntas de su abogado. Durante su intervención aseguró que no participó ni en la creación de su plaza como coordinador de actividades de los conservatorios ni en la posterior adjudicación.

Sánchez también rechazó haber intervenido en la contratación de Luis Carrero, amigo personal suyo, como jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas. Según explicó, se limitó a comunicarle la existencia de un posible refuerzo en el área de Cultura porque pensó que podría interesarle. "No tengo influencia alguna", afirmó al ser preguntado por ese proceso.

La polémica Oficina de Artes Escénicas

Uno de los aspectos analizados durante el juicio es la transformación de la plaza que ocupaba Sánchez. Aunque fue contratado como coordinador de las actividades de los conservatorios, posteriormente el puesto pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El acusado negó haber solicitado ese cambio y sostuvo que no implicó ninguna mejora salarial. "Yo no solicité ningún cambio de nomenclatura", declaró, atribuyendo la modificación al aumento de proyectos culturales y musicales que gestionaba.

Sánchez explicó además que la Oficina de Artes Escénicas no era un espacio físico concreto, sino una función de coordinación entre conservatorios, profesores, alumnos y actividades culturales. También rechazó haber pedido la eliminación del régimen de incompatibilidades asociado a su puesto.

Gallardo niega cualquier intervención

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo rechazó haber participado en la creación de una plaza diseñada específicamente para el hermano del presidente del Gobierno.

El exresponsable de la Diputación afirmó que la necesidad de crear ese puesto surgió durante la elaboración de los presupuestos provinciales de 2017 y aseguró que en ningún momento se pensó en una persona concreta para ocuparlo. Según relató, cuando supo que David Sánchez era uno de los aspirantes su reacción fue: "¡Que gane el mejor!".

Gallardo también negó haber intervenido en la adjudicación del puesto porque, según dijo, hacerlo habría supuesto incurrir en prevaricación. Asimismo, rechazó las conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a que impulsó políticamente la creación de la plaza, llegando a calificarlos de "novela de ficción".

El expresidente de la Diputación aseguró que en aquella época apenas mantenía relación con Pedro Sánchez y que ni siquiera sabía que el entonces líder socialista tuviera hermanos.

11 acusados y más de 40 testigos

La vista oral entra ya en su fase final tras varias jornadas de declaraciones en las que han comparecido más de 40 testigos y diversos peritos.

Varios responsables y funcionarios de la Diputación de Badajoz defendieron durante el juicio la legalidad del procedimiento y negaron haber recibido presiones o detectado irregularidades en la contratación.

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se enfrentan apeticiones de tres años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

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