El hermano del presidente del Gobierno evita la cárcel y es absuelto de tráfico de influencias. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recibe una pena de 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo de cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
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La sentencia, de 377 páginas y firmada por el presidente de la Audiencia, Emilio García Cancho, absuelve a David Sánchez del delito de tráfico de influencias y descarta cualquier pena de cárcel, muy lejos de los seis años de prisión que pedían las acusaciones populares. El fallo pone fin, salvo recurso, a un proceso judicial que arrancó en 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
El tribunal considera probado que la Diputación de Badajoz creó en 2017 una plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pensada específicamente para David Sánchez, que en ese momento carecía de trabajo estable, y que posteriormente fue modificada para adaptarla a sus intereses personales en el ámbito operístico, dotándola de partidas presupuestarias propias del personal de alta dirección.
Los magistrados concluyen que se vulneraron los principios de mérito y capacidad y hablan de un plan ejecutado "de consuno" por los distintos acusados para favorecer al hermano del entonces secretario general del PSOE.
Gallardo, condenado a 18 años por dos delitos
El expresidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recibe una condena mayor: 18 años de inhabilitación, al ser declarado culpable de dos delitos de prevaricación administrativa, nueve años por cada uno, frente al único delito atribuido a David Sánchez.
Según el tribunal, fue Gallardo quien impulsó desde la presidencia de la institución provincial la creación de la plaza, así como la de otro puesto de alta dirección destinado a Luis María Carrero, amigo y colaborador de Sánchez, para que este pudiera seguir asistiéndole en sus actividades operísticas. La sentencia también impone penas de inhabilitación al resto de los 11 procesados, entre ellos varios excargos y funcionarios de la Diputación.
Las acusaciones populares, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum, habían pedido hasta seis años de prisión y 28 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía solicitó la absolución de todos los procesados al no apreciar delito. El tribunal ha optado por un término intermedio: descarta la cárcel pero sí aprecia prevaricación, al considerar que hubo un uso arbitrario del poder aunque sin acreditar el intercambio de favores que exige el tráfico de influencias.
Los testimonios que inclinaron la balanza
El juicio, celebrado entre el 28 de mayo y el 9 de junio, dio un giro con las declaraciones del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien sostuvo que la creación de la plaza no partió del área de Cultura sino que fue impuesta "desde las altas instancias de la Diputación", y de Cristina de Frutos, una de las aspirantes al puesto, que relató que antes de la entrevista le advirtieron de que la plaza "era para el hermano de Pedro Sánchez".
David Sánchez renunció a su derecho a la última palabra en la sesión final, mientras que Gallardo denunció un "juicio mediático paralelo" y aseguró que él y el resto de acusados ya habían sido "condenados socialmente".
La sentencia llega apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo condenara al exministro José Luis Ábalos, y se suma a otro proceso judicial pendiente sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid decida si debe sentarse en el banquillo por cuatro presuntos delitos de corrupción. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo que el caso podría no estar cerrado definitivamente.