Los dos principales sindicatos del país, CC.OO. y UGT, quieren aprovechar la convocatoria de una huelga general el próximo 11 de noviembre para reclamarle al Gobierno un aumento del salario mínimo interprofesional de "al menos" un 7%. El paro tendrá lugar unos días antes de las elecciones del 29N.
A las puertas de una huelga general convocada ante el descontento de buena parte de la población frente a la crisis de la vivienda en España, los dos principales sindicatos del país, CC.OO. y UGT, han reclamado este martes que el Gobierno aumente el salario mínimo interprofesional en un 7% en 2027.
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A través de un comunicado, CC.OO. ha subrayado que el lema de la huelga, convocada para el próximo 11 de noviembre, es 'salario, vivienda, precios'. Ya, en el momento de convocar el paro, ambas organizaciones habían justificado la medida haciendo referencia al derecho a "una vivienda digna y salarios dignos para pagarla".
"Este es el gran objetivo del 11 de noviembre: impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de millones de personas trabajadoras", reconoce Unai Sordo, secretario general de CC.OO., citado en la nota.
Sordo reclama una subida de "al menos" un 7%, que "lo eleve por encima de los 1.300 euros en 14 pagas y más de 1.500, en 12 pagas". El pasado mes de marzo, la Moncloa informó de la aprobación de su octava actualización del salario mínimo interprofesional desde 2018, situándolo en 17.094 euros brutos anuales para 2026, distribuidos en 14 pagas de 1.221 euros al mes "exentos de tributación", lo que supuso una subida del 3,1% con respecto al año anterior.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha advertido de "las consecuencias que tiene la vivienda en los salarios y en la imposibilidad de que las personas trabajadoras puedan acceder a una vivienda con salarios medios".
"Los márgenes empresariales crecen, pero los salarios no aumentan al ritmo que deberían para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras", esgrime Álvarez en un comunicado de su formación.
La situación se ha visto agravada por la constante subida del precio de la vivienda en España, tanto para la compra como para el alquiler, una situación que acabó cobrando una dimensión internacional tras el desahucio el mes pasado de Maricarmen, una anciana de 87 años que fue expulsada de su hogar y acabó falleciendo pocos días después en un hospital, a pesar de que se había llegado finalmente a un acuerdo que le habría permitido continuar en su domicilio.
Ante el clamor popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentó atenuar la situación mediante la aprobación 21 medidas urgentes a través de dos decretos que, finalmente, fueron tumbados en el Congreso ante la falta de apoyo de algunos de los principales socios de Gobierno del PSOE. La reacción del mandatario apenas se hizo esperar y la semana pasada anunció su decisión de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre.