El desahucio de Maricarmen ha llevado a miles de personas a las calles y ha vuelto a poner el foco sobre el acceso a la vivienda en España. Los precios de compra crecen a dos dígitos, los alquileres siguen al alza y la oferta no logra responder a la demanda en las zonas más tensionadas.
Las imágenes de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, siendo desalojada de su vivienda en Madrid se han convertido en el último símbolo de la crisis de acceso a la vivienda en España.
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La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de 70 años viviendo de alquiler en el inmueble. Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, tras un cambio de propiedad se planteó una subida del alquiler desde unos 500 euros hasta 2.650 euros mensuales, posteriormente rebajada hasta los 1.650.
Después de varios intentos de paralizar el lanzamiento, Maricarmen fue desalojada y posteriormente trasladada al hospital. El caso provocó movilizaciones que trascendieron rápidamente Madrid.
Pero la magnitud de la reacción resulta difícil de entender observando únicamente este desahucio. El caso de Maricarmen llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales presiones económicas para muchos hogares españoles.
¿Cuánto ha subido la vivienda en España?
Los precios de compra están creciendo actualmente a tasas de dos dígitos. El Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un incremento del 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026.
La vivienda de segunda mano, que representa la mayor parte del mercado español, se encareció todavía más, un 12,9%, mientras que la vivienda nueva subió un 7,4%. Solo respecto al trimestre anterior, los precios aumentaron otro 3,4%.
El problema no afecta únicamente a quienes quieren comprar. El precio medio anunciado del alquiler alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, según Idealista, un 5,8% más que un año antes. Y estas subidas se acumulan sobre los incrementos registrados durante los últimos años.
La consecuencia es que el coste de la vivienda absorbe una proporción elevada de los ingresos de muchos hogares, especialmente entre quienes viven de alquiler.
Según datos del INE, en 2024 el 28,1% de las personas que alquilaban una vivienda a precio de mercado destinaban más del 40% de su renta disponible a los costes de vivienda. La media de la Unión Europea era del 19,2%.
Por tanto, el problema de accesibilidad no consiste simplemente en que las casas sean más caras. Para una parte importante de los inquilinos, mantener una vivienda consume una proporción muy elevada de sus ingresos.
¿Por qué han subido tanto los precios y los alquileres?
Los expertos insisten en que no existe una única explicación, pero hay un desequilibrio fundamental detrás de la situación actual: en los lugares donde más personas quieren o necesitan vivir no se está generando suficiente vivienda para absorber la demanda.
España continúa ganando población y creando nuevos hogares, mientras la construcción de vivienda se mantiene muy por debajo de los niveles registrados antes de la crisis financiera.
El Banco de España ha señalado repetidamente el déficit de oferta como uno de los principales factores de presión sobre el mercado, especialmente en las áreas económicamente más dinámicas, donde más han aumentado la población y el empleo.
Esto obliga a hacer una distinción importante. España no carece literalmente de viviendas en todo su territorio. Existen municipios con población estancada e inmuebles vacíos. El problema es dónde están esas viviendas.
La presión se concentra especialmente en Madrid, Barcelona, las islas, buena parte del litoral mediterráneo y otros grandes centros urbanos y turísticos. Una vivienda vacía en un municipio con poca actividad económica no soluciona la escasez de pisos en Madrid, Málaga, Barcelona o Palma.
¿Por qué España no construye simplemente más viviendas?
Parte de la respuesta está en las consecuencias de la anterior crisis inmobiliaria. Antes de 2008, España vivió un enorme auge de la construcción alimentado por crédito barato. El estallido de la burbuja provocó la desaparición de numerosas promotoras, problemas en el sistema bancario y un desplome de la actividad constructora.
La construcción residencial se recuperó posteriormente, pero nunca regresó a aquellos niveles. Esto también permite entender por qué el mercado actual presenta diferencias importantes respecto al que precedió a la crisis financiera. El Banco de España señala que la producción de vivienda nueva continúa siendo mucho más moderada que durante anteriores ciclos expansivos y que el déficit de oferta se concentra especialmente en determinadas zonas.
Además, construir vivienda lleva tiempo. Transformar suelo, obtener permisos urbanísticos, conseguir financiación y levantar un edificio puede requerir años. La oferta inmobiliaria, por tanto, responde lentamente cuando aumenta rápidamente la población de una ciudad. Y esa lentitud tiene consecuencias sobre los precios.
Si decenas de miles de personas necesitan vivienda adicional en una determinada zona, pero el parque residencial apenas aumenta, la competencia por los inmuebles existentes se intensifica.
¿Qué papel juega el aumento de la población?
España se acerca a los 50 millones de habitantes después de varios años de fuerte crecimiento demográfico, impulsado principalmente por la inmigración. Ese crecimiento tiene efectos económicos positivos: aumenta la población activa, el consumo y el número de trabajadores.
Pero también incrementa la necesidad de vivienda. Además, para entender el mercado inmobiliario importa tanto el número de habitantes como el número de hogares. Una pareja que se separa y pasa a necesitar dos viviendas, jóvenes que abandonan la casa familiar o trabajadores que se trasladan a otra ciudad generan nuevos hogares aunque la población total apenas cambie.
Cuando el número de hogares crece más rápidamente que el parque residencial disponible, aumenta la competencia por la vivienda. Este fenómeno es especialmente visible en grandes centros de empleo como Madrid, donde nuevos residentes, trabajadores, estudiantes, familias y jóvenes que quieren independizarse compiten por una oferta limitada.
¿Qué ocurre con los compradores extranjeros y los pisos turísticos?
Ambos factores influyen, pero su peso cambia enormemente dependiendo del lugar. Las viviendas turísticas pueden reducir la oferta disponible para alquiler residencial en barrios donde existe una fuerte demanda de visitantes, especialmente en las grandes ciudades, las islas y algunos destinos costeros.
La demanda internacional también tiene un peso considerable en el mercado de compraventa. Según el Colegio de Registradores, los compradores extranjeros protagonizaron el 15,98% de las compraventas de vivienda en España durante el segundo trimestre de 2026, el porcentaje más alto registrado hasta ahora. Su presencia es especialmente elevada en Baleares, donde representaron el 32,27% de las operaciones, y en la Comunidad Valenciana, con el 31,03%.
Pero hablar de "compradores extranjeros" engloba realidades muy diferentes. Las nacionalidades con mayor presencia en el conjunto del mercado español siguen siendo principalmente europeas y marroquíes. Los datos de Registradores de 2025 situaban a británicos, alemanes, neerlandeses, marroquíes, rumanos, franceses e italianos entre las principales nacionalidades de los compradores extranjeros.
La llegada de población latinoamericana también forma parte del contexto demográfico de los últimos años, con comunidades como la venezolana cada vez más asentadas en España. En 2025, 36.271 personas de origen venezolano adquirieron la nacionalidad española, la tercera nacionalidad de origen más frecuente entre las nuevas adquisiciones, después de Marruecos y Colombia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El reducido parque de vivienda social
Existe además otra característica importante del mercado español: el parque de alquiler social es reducido en comparación con el de otros países europeos. La vivienda pública o social de alquiler representa menos del 2% del parque residencial español, frente a aproximadamente un 8% en el conjunto de la Unión Europea, según cifras citadas en el debate generado por las actuales protestas.
Esto significa que una proporción mayor de hogares con ingresos bajos o medios depende directamente del mercado privado. En países con un parque de vivienda social más amplio, una mayor parte de la población puede acceder a alquileres cuyo precio no depende exclusivamente de las condiciones del mercado.
En España, cuando los alquileres privados aumentan rápidamente, existe un parque público relativamente pequeño capaz de absorber a los hogares que ya no pueden asumirlos.
Los jóvenes muestran otra cara del problema
Uno de los indicadores más claros de las dificultades para acceder a una vivienda está, paradójicamente, fuera del propio mercado inmobiliario: muchos jóvenes simplemente no consiguen entrar en él. En 2025, el 44,3% de los españoles de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres, uno de los porcentajes más altos de Europa.
Entre ellos, casi la mitad (el 47,3%) señalaba como principal motivo que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda. Y entre las personas de todas las edades que habían buscado otra vivienda pero finalmente no se habían mudado, casi siete de cada diez señalaron los precios excesivos como principal obstáculo.
Esto ayuda a entender por qué el debate sobre la vivienda afecta a generaciones muy diferentes. Los jóvenes encuentran dificultades para independizarse. Los inquilinos afrontan alquileres elevados. Las familias compiten por viviendas de mayor tamaño. Y determinados inquilinos de edad avanzada pueden encontrarse en situaciones vulnerables cuando cambian la propiedad o las condiciones contractuales de sus viviendas.
¿Por qué el caso de Maricarmen ha provocado tanta movilización?
La historia de Maricarmen concentra muchas de estas tensiones en un solo caso. No se trata de una joven intentando acceder por primera vez al mercado inmobiliario, sino de una mujer de 87 años que llevaba aproximadamente siete décadas viviendo en la misma casa.
Su desahucio ha puesto así el foco sobre otra dimensión de la crisis de vivienda: la inseguridad residencial no afecta únicamente a quienes buscan piso o intentan independizarse, sino también a personas que llevan décadas viviendo de alquiler cuando cambian la propiedad o las condiciones de sus contratos.
Las circunstancias concretas del caso han generado además una disputa política. El Gobierno central, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la propiedad y las organizaciones de inquilinos han discrepado sobre las responsabilidades y sobre qué medidas podrían haberse adoptado para evitar el desahucio.
Amnistía Internacional ha sostenido que desalojar a Maricarmen sin proporcionarle una alternativa habitacional adecuada vulneró sus derechos, mientras las distintas administraciones se han responsabilizado mutuamente de lo ocurrido.
Pero las movilizaciones han ido más allá del caso particular de Maricarmen. Su desahucio se ha producido en un momento en el que comprar una vivienda resulta cada vez más caro, los alquileres continúan subiendo y una parte importante de los hogares tiene dificultades para asumir esos costes.
Las protestas han convertido así un caso individual en un símbolo de un problema colectivo. Las circunstancias de Maricarmen son excepcionales, ya que pocas personas pasan siete décadas en una misma vivienda de alquiler, pero el contexto en el que se produce su desahucio no lo es.