La UE quiere una respuesta política más rápida ante sabotajes, ciberataques e incursiones con drones. Expertos señalan que el Consejo de Seguridad propuesto ayudaría, pero solo en parte.
Sabotaje, incendios provocados, ciberataques, desinformación y drones en espacios aéreos restringidos. La campaña híbrida de Rusia contra Europa ya no parece una sucesión de incidentes aislados. La UE está replanteándose ahora su respuesta.
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En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las amenazas híbridas a las que se enfrenta Europa son "cada vez menos híbridas y cada vez menos amenazas". En su discurso sobre el Estado de la Unión introdujo una nueva idea, el Consejo de Seguridad Europeo.
De la resiliencia a la disuasión
Para Ionela Ciolan, investigadora en el Wilfried Martens Centre for European Studies, el desafío está claro. La guerra híbrida rusa de hoy, sostiene, implica "la utilización de todo como arma", desde ataques contra infraestructuras críticas e injerencias electorales hasta incendios provocados dirigidos y la instrumentalización de la energía.
La respuesta de la UE se ha apoyado hasta ahora en la resiliencia y la coordinación. Su 'Hybrid Toolbox', activada en junio de 2024, agrupa medidas en materia de ciberseguridad, sanciones, diplomacia y apoyo. Creó un régimen específico de sanciones híbridas contra Rusia, con las primeras inclusiones en diciembre de 2024, y equipos de respuesta rápida, desplegados por primera vez en Moldavia en 2025.
Los analistas ven ahora un cambio. Una atribución pública más rápida a Rusia, más debates sobre la necesidad de imponer costes a Moscú y una visión de los incidentes como partes de una misma campaña. El Parlamento aprobó en septiembre un informe que reclama un enfoque más proactivo, con 470 votos a favor y 129 en contra.
Sigue habiendo lagunas: las sanciones requieren unanimidad, la inteligencia está fragmentada entre las capitales y no existe consenso sobre cuándo un sabotaje merece una respuesta militar colectiva.
Qué hay sobre la mesa
La propuesta tiene tres elementos vinculados: un foro permanente de líderes, un Protocolo de Seguridad de Emergencia y un instrumento de financiación para capacidades compartidas como la defensa aérea. El protocolo es el más relevante para las amenazas híbridas. Von der Leyen lo describió como la respuesta europea al artículo 4 de la OTAN, que permitiría a cualquier Estado miembro convocar a los 27 gobiernos cuando considere que su seguridad está amenazada.
Según se informa, la Comisión está considerando invitar a socios como el Reino Unido, Noruega, Ucrania y Canadá. No se ha presentado ninguna propuesta legislativa formal, y no se ha acordado base jurídica, sistema de votación, presupuesto ni fecha de lanzamiento.
Luigi Scazzieri, analista sénior de políticas en el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, es contundente sobre lo que sería. En la versión de von der Leyen, el Consejo es esencialmente una reunión del Consejo Europeo dedicada, con socios invitados. "Esto no es en sí un órgano de decisión", señaló.
Eso significa que no puede zanjar las discrepancias que ralentizan las respuestas de la UE. Scazzieri sostiene que su utilidad reside en otro lugar: "El valor clave (...) no es necesariamente la rapidez, sino más bien la coherencia entre políticas". Afirma que ayudaría a la UE a pensar de forma más estratégica sobre su caja de herramientas, desde las sanciones hasta el gasto, mientras la OTAN mantiene la defensa colectiva.
Reconoce que los críticos dirán que Europa ya tiene suficientes foros, incluida la Comunidad Política Europea.
El problema del umbral
La cuestión más difícil es cuándo un ataque híbrido pasa a ser más grave. Ciolan señala la cláusula de asistencia mutua de la UE, el artículo 42.7, y el debate sobre cómo operativizarla para ataques híbridos.
"Un ciberataque que paralice hospitales o un sabotaje que inutilice una red eléctrica podría tener consecuencias comparables a las de un ataque militar convencional", asegura. Moscú, añade, prospera en esa zona gris: "Rusia explota la ambigüedad para complicar la atribución y retrasar una respuesta colectiva".
Su conclusión es que Europa necesita reglas comunes: "Los europeos necesitan por tanto un marco compartido para evaluar estos ataques, y deben poder responder a acciones hostiles incluso cuando se mantienen por debajo del umbral de agresión armada".
En su opinión, un Consejo de Seguridad y un Protocolo de Seguridad de Emergencia podrían ayudar a los Estados miembros "a pasar más rápido de reacciones nacionales a una respuesta europea común, reuniendo instrumentos militares y no militares". La decisión de invocar el artículo 42.7 seguiría en manos del Estado que sufre el ataque.
¿Un seguro frente a Washington?
Steven Blockmans, director adjunto del International Centre for Defence and Security en Tallin, afirma que la idea se reactivó por las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 de la OTAN. El concepto se remonta a una propuesta de 2018 de Angela Merkel y Emmanuel Macron.
Ve el Consejo como un recurso de último término si el Consejo del Atlántico Norte quedara bloqueado, ya sea por Washington o por otro aliado. Vincula su nuevo impulso a la crisis de Groenlandia y asegura que el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ha defendido la idea durante más de un año.
Blockmans sostiene que el órgano necesitaría poder real para ser creíble. "Se reforzaría la legitimidad de un Consejo de Seguridad Europeo si su gobernanza contara con procedimientos de toma de decisiones", apunta, dando a los parlamentos nacionales un contrapeso democrático y vinculándolo a estructuras de mando compatibles con la OTAN y a un presupuesto específico.
Eso, dice, es un ideal que llevaría años de redacción de tratados. Pero, si la situación lo exige, "una construcción informal podría crearse mañana mismo, si llegara el caso".
¿Es entonces el Consejo de Seguridad Europeo una herramienta contra los ataques híbridos? Por lo que sabemos hasta ahora, solo en parte. Tal y como se ha propuesto, mejoraría la coordinación y ofrecería a los líderes un espacio regular para debatir seguridad con los socios. El Protocolo de Seguridad de Emergencia podría proporcionar un punto de entrada político más temprano para incidentes que no alcanzan el umbral de ataque armado. Pero los expertos coinciden en que los obstáculos de fondo están en la política nacional.