En medio de una creciente pugna institucional, el Ejecutivo ecuatoriano acusó a los partidos de oposición de sostener sus campañas y estructuras con recursos ilícitos, aunque sin aportar documentos o denuncias judiciales.
Daniel Noboa vuelve a sacudir el tablero político en Ecuador. En declaraciones a 'Radio Sucre', el presidente afirmó sin mostrar pruebas que la oposición, liderada por el movimiento correísta, sostiene sus arcas con recursos del narcotráfico.
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La acusación escaló al terreno personal cuando el jefe de Estado acusó directamente al expresidente Rafael Correa de mantener vínculos con grupos delictivos como Los Lobos y Los Choneros.
Noboa insistió en que existe un "lavado de activos comprobado en las últimas campañas" para sostener a los sectores críticos a su gestión, situando el origen de los fondos en el narcotráfico y la delincuencia organizada, aunque sin mostrar pruebas que sustenten semejante imputación.
Indicios contra la excandidata Luisa González
Las acusaciones del Ejecutivo coinciden con un hito judicial clave: la orden de prisión preventiva dictada el pasado viernes contra la líder opositora y excandidata del correísmo, Luisa González, salpicada por el caso Laberinto en una investigación sobre financiación opaca durante las elecciones de 2023.
Interpelado sobre un posible trasfondo político en este proceso, Noboa desligó las actuaciones de todo móvil partidista: "A nosotros no nos interesa la ideología. Esto no se trata de izquierda o de derecha". Según el jefe de Estado, el sesgo criminal cruza todo el espectro político: "Hemos encontrado gente involucrada y nexos con el narcotráfico en tres partidos políticos".
Respecto al encarcelamiento de la dirigente correísta en Riobamba, Noboa reconoció que existen "indicios de que sí" participó en la trama investigada. Con todo, el mandatario llamó a la cautela procesal al recordar que el expediente se halla en su fase inicial: "Falta juicio, falta un proceso judicial completo y la información que paulatinamente irá saliendo a la luz".
Causas judiciales y bloqueo en las urnas
La detención de la exaspirante presidencial, derrotada por Noboa en las dos últimas contiendas electorales (2023 y 2025), se produjo en las primeras horas del jueves en el marco de una investigación fiscal sobre el manejo económico de su primera campaña, origen del conocido caso Caja Chica.
La repercusión institucional ha sido inmediata. Tras la solicitud de la Fiscalía, la Justicia decretó la suspensión temporal de Revolución Ciudadana (RC), la fuerza política del expresidente Correa. El fallo bloquea la participación del partido en las elecciones seccionales fijadas para el 29 de noviembre, truncando sus aspiraciones de revalidar el control de los gobiernos locales y las alcaldías en los principales núcleos del país, incluidos Guayaquil y la capital.
La investigación fiscal contra el entorno correísta avanza en dos frentes paralelos. Mientras que desde principios de año las pesquisas se centraban en el presunto ingreso de dinero en efectivo traído desde Venezuela para financiar la contienda de 2023, la apertura del caso Laberinto ha abierto una nueva vía: el eventual flujo de capitales desde una empresa de Aquiles Álvarez. El alcalde de Guayaquil, actualmente en prisión, fue condenado en primera instancia por la venta irregular de carburantes en las gasolineras propiedad de su familia.