Adif niega haber rechazado las recomendaciones de seguridad de la CIAF tras el accidente de Urda, mientras Iryo pide revisar los protocolos ante fallos del LZB. Los controladores convocan una huelga y crece la presión política para que dimita el ministro Puente.
Adif ha negado este lunes que rechazara las recomendaciones de seguridad que le hizo en 2024 la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cinco días después del accidente de Urda (Toledo), en el que han muerto 69 personas. La réplica llega después de que 'El Mundo' publicara que el gestor desoyó tres de ellas y que tampoco revisó los protocolos del sistema LZB.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Las recomendaciones salieron de un incidente en Cuenca-Fernando Zóbel: un AVE con ERTMS nivel 1 se saltó una señal de parada por un error del maquinista, y el responsable de circulación cometió un segundo fallo al dejarle continuar. La CIAF advirtió entonces de que depender de una comprobación humana de que el cantón estaba libre era una barrera "susceptible de fallar".
Es una vulnerabilidad parecida a la que apunta la investigación de Urda: tras la caída del LZB, una orden del centro de control de Adif autorizó al AVE de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal, con un límite de 200 km/h, aunque un Iryo seguía detenido delante, en el mismo cantón.
En un comunicado, Adif sostiene que no rechazó nada: respondió con un documento técnico que separaba las medidas que aceptaba, las que estudiaría y las que no procedían, bien porque ya están operativas, bien porque podrían ser contraproducentes. Tres cayeron en este último grupo: desactivar el ERTMS 1, usar enrutadores automáticos en ASFA como solución transitoria en líneas con nivel 2 aún sin operar y exigir en los pliegos de los proyectos de señalización la compatibilidad con los tramos contiguos.
En paralelo, los controladores de Adif irán a la huelga. El Sindicato de Circulación Ferroviario protesta porque Óscar Puente señaló al centro de control de Atocha como responsable y asegura que la plantilla está un 20% por debajo de lo necesario. Sobre el terreno, los forenses han identificado ya a 66 de las 69 víctimas y se han retirado todos los vagones accidentados de la vía.
Iryo pide revisar qué se hace cuando cae el LZB
Iryo ha enviado una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que reevalúe las condiciones de circulación cuando se pierde la supervisión del LZB y los trenes pasan al bloqueo de señalización lateral. La operadora propone estudiar una limitación de velocidad supervisada, con 40 km/h como referencia inicial, y reforzar la coordinación entre el LZB y el ASFA. Es una petición en la línea de la que ya hizo el sindicato de maquinistas Semaf, y Renfe trabaja en unas instrucciones para impedir que sus maquinistas circulen a marcha normal cuando falle el LZB.
Presión política sobre Puente
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha vuelto a reclamar la dimisión de Puente, que a su juicio es "un consenso social", tras reunirse con el sector ferroviario de la CGT. Para Montero, el fondo del problema es la liberalización: defiende renacionalizar el ferrocarril aplicando el artículo 128 de la Constitución y pide dejar de culpar a un trabajador del accidente.
El PP también exige la salida del ministro y Sánchez, por ahora, cierra filas con él. Puente comparece mañana, martes, a las 17:00 en la Diputación Permanente del Congreso. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto de ayudas a los afectados que duplicará la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros. Sánchez no ha dado cifras, pero ha dicho que será muy parecido al de Adamuz, que fijaba algo más de 210.000 euros por fallecido.