El fallo judicial que permite a Renata Cambra mantener la tienda en la plaza del Rossio (Lisboa) es una victoria del derecho a la vivienda, pero no autoriza la ocupación colectiva de la plaza; los manifestantes seguirán protestando.
Este lunes, después de que un tribunal le permitiera montar su tienda de campaña, Renata Cambra, que había liderado las protestas por la vivienda en Lisboa, se convirtió en una fuente de inspiración para los manifestantes, pero no fue suficiente para una nueva acampada en la plaza del Rossio.
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Mediante una acción legal, Cambra consiguió que los tribunales fallaran que una tienda no debe considerarse una ocupación ilegal del espacio público, sino un elemento instrumental y simbólico de la protesta.
La decisión limita, sin embargo, esta autorización de ocupación a la manifestante que interpuso la acción y, en el proceso en cuestión, no se ha examinado "la legalidad de una ocupación colectiva" del Rossio ni el reconocimiento de un derecho general a levantar "tiendas en espacio público por un número indeterminado de participantes".
El tribunal también concluyó que el límite de las 00:30 para la celebración de manifestaciones no es "absoluto y automático", y autorizó a Cambra a permanecer con una tienda de campaña, durante la madrugada, en la plaza del Rossio. La protesta podrá mantenerse hasta el 24 de noviembre de 2026, fecha prevista para la votación final del Presupuesto del Estado para 2027, incluso entre las 00:30 y las 06:30 de la madrugada siguiente.
Cambra y el movimiento Acampada de Lisboa consideran que se trata de una victoria del derecho de manifestación. "Una cosa que se ha oído mucho hoy aquí en la Asamblea Popular es esa certeza de que nosotros podemos, aquí, todos juntos, lograr victorias concretas. Y esa es la perspectiva y también la gran fuerza de este movimiento, por no ser un movimiento que, ante la primera contrariedad, o solo con un día de acción de lucha, esté dispuesto a desistir", afirmó la activista.
La Policía de Seguridad Pública (PSP), representada solo por tres agentes con un clavel en el pecho, también pareció ausentarse del Rossio esta última noche, después de una madrugada violenta del domingo, en la que se volvieron a registrar cargas policiales en Lisboa y en Oporto. La intervención culminó en cargas policiales y lanzamiento de objetos, que provocaron más de una veintena de heridos entre manifestantes y agentes.
La actuación policial motivó una petición de aclaraciones del presidente de la República, António José Seguro, al Gobierno y a la defensora del pueblo, y el anuncio de una denuncia penal, por parte de un abogado, por abuso de poder contra el ministro de Administración Interna y el director de la PSP.
El Ministerio de Administración Interna subrayó que la decisión del tribunal administrativo sobre las protestas por la vivienda no valora la legalidad de las intervenciones policiales y no reconoce el derecho a instalar tiendas de campaña en el espacio público.
En un comunicado, el ministerio dirigido por Luís Neves consideró que la decisión "se circunscribe a una situación individual y concreta, delimitada a la petición de la solicitante", que en este caso es Renata Cambra. El Ministerio considera, además, que la decisión judicial salvaguarda las intervenciones policiales en situaciones de peligro.
Nueva protesta convocada
Una nueva protesta quedó, tras ser votada en asamblea popular, fijada para esta noche, a pesar de que el montaje del Mercado de Navidad está previsto para este martes. Los manifestantes aseguran que no abandonarán la plaza y, en su lugar, instaron al alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, a cambiar la ubicación del mercado.
Los manifestantes también aprobaron la celebración de una reunión con el presidente Seguro, después de que la Casa Civil haya mostrado su disposición a recibir a representantes de las acampadas de Lisboa y de Oporto. La preparación del encuentro quedará a cargo de un grupo de trabajo, pero todavía no hay una fecha fijada.
Desde el 10 de octubre se han sucedido en el país manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda, que reclaman la revocación de la nueva ley del alquiler, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional, un freno a la compra de viviendas por fondos inmobiliarios, el aumento de la vivienda pública, la recuperación de inmuebles desocupados para usos residenciales y techos "verdaderamente asequibles" para las rentas.