La propuesta Ley de Equidad Digital de la Comisión Europea crearía nuevas protecciones contra prácticas comerciales en línea desleales y permitiría multas de hasta el 6 % de la facturación mundial anual de las empresas.
Desde las suscripciones en línea que son difíciles de cancelar hasta las funciones de las redes sociales diseñadas para mantener a los usuarios desplazándose por la pantalla, la UE afirma que quiere hacer que la economía digital sea más justa para los consumidores.
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La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act - DFA), en la que establece nuevas normas para combatir las prácticas manipuladoras en línea, mejorar la transparencia de los precios y reforzar la protección de los menores.
"Estamos abordando las nuevas prácticas comerciales desleales que distorsionan las elecciones de los consumidores y ejercen presión sobre ellos, menoscabando su capacidad para tomar decisiones informadas", señaló la vicepresidenta ejecutiva y comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen.
Entre las medidas presentadas este miércoles en Bruselas figuran la prohibición de tácticas de marketing manipuladoras, conocidas como 'dark patterns'; requisitos de precios claros y transparentes; la equidad desde el diseño para las plataformas y servicios digitales; la opción de que los consumidores puedan desactivar características de diseño adictivas; y nuevas normas para el marketing de influencers.
Junto con la DFA se ha presentado una revisión del Reglamento de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (Consumer Protection Cooperation Regulation). Su objetivo es otorgar a la Comisión poderes más amplios para investigar y imponer multas directamente en casos de gran escala que afecten a consumidores de varios países, como la reciente acción emprendida contra compañías de videojuegos, entre ellas Activision Blizzard.
"La Ley de Equidad Digital, junto con la actualización del Reglamento de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores, representa la reforma más significativa de las normas de protección de los consumidores de la UE en más de 20 años", afirmó el comisario europeo de Protección de los Consumidores, Michael McGrath.
Las propuestas se suman al mosaico de leyes de la UE que se están planteando en Bruselas para regular el comercio electrónico y la protección de los consumidores en línea. También forman parte de un esfuerzo más amplio para poner límites a las grandes empresas tecnológicas.
La DFA funcionaría en paralelo con la recientemente propuesta Ley de la Infancia de la UE (EU Kids Act), que pretende desplazar hacia las empresas la responsabilidad de proteger a los menores en línea.
También complementaría la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act - DSA) y la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act - DMA), que buscan hacer que el mundo en línea sea más seguro, justo y transparente, así como la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que regula el uso de la inteligencia artificial.
Aplicación
La propuesta de revisión del Reglamento de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores daría a la Comisión Europea poderes directos para investigar casos de gran escala con un impacto importante en consumidores de varios países de la UE.
También aceleraría y mejoraría la coordinación entre las autoridades nacionales de consumo en los casos transfronterizos, al fijar plazos para los pasos clave y mejorar la manera en que se coordinan las sanciones, por ejemplo cuando las multas se recaudan en distintas jurisdicciones.
Las empresas que se considere que han vulnerado las normas de protección de los consumidores en estos casos de gran escala podrían enfrentarse a multas de hasta el 6% de su volumen de negocios anual mundial. La DMA ya permite multas de hasta el 10%, mientras que la DSA prevé sanciones de hasta el 6%.
Este enfoque ha tenido resultados dispares en la UE. Mientras que algunos casos, como la multa de 500 millones de euros impuesta a Apple en abril del año pasado, han propiciado cambios en las políticas de su App Store, otros, como los casos antimonopolio contra Google, han logrado resultados más limitados en cuanto a cambios de comportamiento.
Un elemento crucial para las grandes tecnológicas es que las empresas de fuera de la UE tendrían que nombrar un representante legal en la UE para cooperar con las autoridades nacionales y con la Comisión.
Protección reforzada de los consumidores
La DFA introduce varias protecciones propuestas para los consumidores en línea, entre ellas la prohibición de los 'dark patterns', como las falsas afirmaciones de que un producto está a punto de agotarse para presionar a los consumidores a realizar una compra.
Se daría a los consumidores la opción de desactivar características de diseño adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de vídeos.
Los precios deberán comunicarse de forma clara y transparente. Esto se aplica a varios ámbitos, entre ellos la tarificación dinámica de entradas para eventos deportivos o culturales, donde los precios deberán mostrarse en tiempo real para indicar a los consumidores cuánto pueden tener que pagar.
Las normas también abarcan las monedas virtuales, en las que los tipos de conversión no siempre son claros. Esto puede ser un problema en plataformas como los videojuegos, donde los jugadores realizan compras utilizando moneda del juego en lugar de dinero real.
La DFA también restringiría las prácticas que fomentan que los niños gasten de más en los videojuegos, incluidas las cajas de botín que simulan juegos de azar y los mecanismos que les presionan para pagar con el fin de progresar.
Entre los ejemplos figuran funciones tipo rueda de la fortuna como los sobres de FIFA Ultimate Team. Las restricciones propuestas no se aplicarían del mismo modo a los jugadores adultos, para los que las cajas de botín y las mecánicas de racha seguirían estando permitidas.
Las suscripciones y contratos en línea también deberán ser más fáciles de cancelar. Los consumidores recibirían recordatorios antes de que los periodos de prueba gratuitos se conviertan en suscripciones de pago, mientras que las renovaciones automáticas requerirían una elección consciente en lugar de convertirse en una obligación que se olvida.
Los consumidores en línea también podrían contactar con una persona en el servicio de atención al cliente en lugar de quedarse únicamente con un chatbot.
La DFA también propone por primera vez normas para los influencers, que exigirían a los creadores de contenido que revelen el contenido comercial y les impedirían explotar la confianza de los niños.
Asimismo, prohibiría la publicidad personalizada y la fijación de precios desleales que tengan como objetivo a menores o exploten las vulnerabilidades de las personas.
"La DFA garantizará que la economía digital funcione para los consumidores, no en su contra", sostuvo McGrath. "Las empresas que cumplen las normas no deberían salir perdiendo frente a quienes las burlan".
La evaluación de impacto de la Comisión estima que las normas evitarían a los consumidores pérdidas económicas por valor de 88,4 mil millones de euros entre 2025 y 2035.
Si se incluye el tiempo perdido por prácticas desleales, sitúa el beneficio anual en 13,7 mil millones de euros, frente a unos costes recurrentes para las empresas de 678 millones de euros al año, una vez tenidos en cuenta los solapamientos entre las distintas medidas.
Reacciones
Los líderes del sector tecnológico han acogido las nuevas normas con cautela, aunque algunos han expresado su preocupación por los mensajes contradictorios procedentes de Bruselas.
Aunque los dirigentes de la UE han pedido normas más sencillas en todos los sectores económicos desde las elecciones europeas de 2024, este año se ha producido una proliferación de propuestas, en particular relativas a las plataformas y servicios en línea, lo que ha suscitado dudas sobre posibles solapamientos.
Isabelle Roccia, directora general para IAPP en Europa, explicó a Euronews Next: "Tiene sentido actualizar normas creadas hace 20 años para adaptarlas a la economía digital, pero ya existen normas en ámbitos como la protección de los consumidores, la privacidad, la regulación de plataformas, la inteligencia artificial, etc.
"¿La DFA está introduciendo nuevas herramientas de las que las organizaciones, los consumidores y los reguladores aún no disponen? ¿Se ajusta al objetivo de simplificación de la Comisión o añade de forma indebida más complejidad a la gobernanza en línea?"
Otros consideran que la propuesta es un buen comienzo, pero que los detalles serán determinantes.
Monika Zdzieborska, abogada del área de Tecnología/Digital de Clifford Chance, señaló a Euronews Next: "Es probable que el debate se centre en tres líneas de fractura. La primera es la coherencia: ¿la DFA cubre lagunas reales o añade otra capa por encima de la DSA, la Ley de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation - GDPR) y la Ley de la Infancia de la UE?
"La segunda son las opciones predeterminadas: ¿deben los consumidores tener que desactivar las funciones diseñadas para mantenerlos enganchados o deberían esas funciones estar desactivadas desde el principio?
"La tercera es la proporcionalidad: ¿deben regularse de la misma manera una página de compras, un servicio de streaming, un juego y una red social, o la ley debería reflejar los riesgos muy diferentes que presentan?
"Con la Ley de la Infancia de la UE avanzando en paralelo, ambos expedientes se negociarán en paralelo. Las decisiones que se adopten en uno, en particular sobre menores, diseño adictivo y comprobaciones de edad, probablemente influyan en el otro".
En materia de derechos de los consumidores, Itxaso Domínguez de Olazábal, responsable de políticas en European Digital Rights (EDRi), indicó a Euronews que a la organización le preocupa que las normas propuestas sobre diseño adictivo sigan confiando en exceso en que las personas encuentren el interruptor de apagado, en lugar de exigir a las empresas que eviten las prácticas perjudiciales.
"La Comisión lleva años estudiando cómo las empresas nos manipulan en línea. Ahora llega la parte incómoda: decirles a esas empresas que paren. El Parlamento y los Estados miembros tienen por delante mucho trabajo para dotar a esta ley de los dientes que merece".
La propuesta debe ser ahora examinada por los eurodiputados y los gobiernos nacionales antes de convertirse en legislación europea.