La Diputación Permanente debatió la convalidación de dos medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda que sufre España. Uno de los decretos fue aprobado al contar con el respaldo del PNV, mientras que la otra previsiblemente fue tumbada por falta de apoyos.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el primero de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, con 35 votos a favor y 34 en contra. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Podemos, frente al rechazo del PP, Vox y Junts.
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El segundo decreto, que planteaba la renovación automática de los contratos de alquiler, ha sido tumbado al no contar con el apoyo del PNV, cuya portavoz en la Diputación, Maribel Vaquero, consideró que su efecto "sería detraer la oferta de la vivienda". Por lo tanto, logró solo 34 votos a favor.
La votación se ha producido en vísperas del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y después de que el rechazo de estas medidas en el pleno del 2 de octubre precipitara la convocatoria de los comicios anticipados.
"Lo que hoy se vota son reivindicaciones de mínimos", esgrimió el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el debate previo a la votación. "La gente sale a la calle para exigir que tener una casa no sea un lujo, es de sentido común, para pedir que los servicios públicos se protejan y refuercen".
El representante del PP, Sergio Sayas, tildó la iniciativa del Gobierno de "hipócrita" y a la izquierda de "acomodada". "Esto es un fraude a la democracia. Venir aquí [con este decreto] en contra de los españoles es un acto de totalitarismo", opinó.
Por su parte, Josep Maria Cruset i Domènech, de Junts, consideró que la medida es apenas "una operación electoralista". "Cómo explican si no que no paralicen la actividad de los fondos buitres. Sus reales decretos generan desconfianza".
Desde Vox, José María Figaredo, ha reprochado a los miembros del Gobierno al considerar que "los fondos buitre son ustedes" y ha vuelto a insistir en que la falta de acceso a una vivienda digna se debe a los inmigrantes. "Es la consecuencia de haber dejado a seis millones de personas".
"Las derechas lo que nos ofrecen es la receta de siempre, la del pelotazo urbanístico de la época de Aznar", respondió Elisa Garrido, del PSOE. "La construcción sin regulación solo genera especulación; eso ya lo hemos vivido, ya tuvimos una burbuja inmobiliaria".
La composición de la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante la disolución de las Cortes, ha permitido al Ejecutivo sacar adelante el primero de los textos sin necesitar los votos de Junts, cuya oposición ya había ayudado a tumbar ambos decretos en el Congreso en octubre, si bien el Gobierno los volvió a aprobar poco después con vistas a someterla a la Diputación Permanente.
Este órgano está integrado por 69 miembros de las distintas formaciones políticas y, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, la suma de PP, Vox y Junts, los tres partidos que votaron en contra del primero de los decretos, no alcanza la mayoría. El PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos suman 34 diputados, los mismos que el bloque formado por PP, Vox y Junts. El único representante del PNV tenía, por tanto, el voto decisivo.
El primer decreto: Protección frente a los desahucios y medidas fiscales
El primer texto, el denominado 'decreto Maricarmen', en referencia a la anciana de 87 años cuyo desalojo desató una oleada de protestas por todo el país, incluye medidas para proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios, limitar determinadas subidas de los alquileres y ampliar la oferta de vivienda asequible. Entre otras disposiciones, contempla la prórroga hasta 2030 de la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y establece límites del 2% a ciertas actualizaciones de las rentas.
"La riqueza la generan los trabajadores con su esfuerzo", opinó Bustundy en la primera parte del debate. "La gente sabe que puede y debe vivir una vida mucho mejor de la que tiene ahora. Sabe que los alquileres suben pero los salarios, no. Sabe que esa vida de malabares, enredos y angustia contrasta de forma evidente de quien tienen cinco, diez, cien pisos en alquiler".
El texto de este primer decreto, también incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, restricciones a determinadas operaciones especulativas y un mecanismo de financiación de hasta 2.000 millones de euros para impulsar la construcción de vivienda social y asequible. Incluye, además, préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros para la compra de una primera vivienda. El coste estimado de las medidas para las arcas públicas asciende a 1.300 millones de euros anuales.
El segundo decreto: Renovación automática de los alquileres
El segundo decreto plantea renovaciones sucesivas de los contratos de alquiler por periodos de cinco años, ampliables a siete cuando el propietario sea una persona jurídica. También contempla compensaciones para los inquilinos cuando el arrendador decida no renovar el contrato, salvo determinadas excepciones. La medida busca reforzar la estabilidad de los arrendatarios y evitar que la finalización de los contratos se traduzca en una pérdida automática de su vivienda.
"Esta norma apuesta por dar estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios, y protegerlos frente a un mercado voraz, con la posibilidad de ahorrarse un mes a lo largo del año con bonificaciones fiscales", defendió la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
La iniciativa, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre, no ha contado con el respaldo del PNV, que mantuvo su negativa a apoyar el texto. Su rechazo en la votación parlamentaria impedirá que llegue a aplicarse, a diferencia del primer decreto, que seguirá vigente tras su convalidación por la Diputación Permanente.