Caamaño recupera la libertad tras más de nueve años encarcelado por el caso Paramacay, una causa marcada por denuncias de tortura e irregularidades judiciales.
El ciudadano español Óscar Alejandro Caamaño Valero ha sido liberado en Venezuela tras pasar más de nueve años en prisión por su presunta implicación en el caso Paramacay, una causa judicial marcada desde sus inicios por denuncias de irregularidades procesales y violaciones de derechos humanos.
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La excarcelación fue anunciada esta semana por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y confirmada posteriormente por Foro Penal. Caamaño había sido condenado a 30 años de cárcel, pero una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo redujo su pena a solo tres años, lo que permitió su puesta en libertad.
Para entonces, ya llevaba más de nueve años entre rejas, seis más de los que finalmente debía cumplir. En la misma decisión judicial también se ordenó la excarcelación de Dirimo Antonio Pernía Bastidas, otro de los acusados en el caso Paramacay, que, al igual que Caamaño, había recibido inicialmente una condena de 30 años de prisión.
Nueve años encarcelado por el caso Paramacay
Óscar Alejandro Caamaño Valero fue detenido en agosto de 2017, pocos días después de la sublevación militar ocurrida el día 6 de ese mes en el Fuerte Paramacay, en Naguanagua, estado Carabobo. Su arresto se produjo durante las investigaciones de la llamada Operación David, encabezada por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Caguaripano Scott, quien se había rebelado contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Tras aquellos hechos, las autoridades venezolanas señalaron a varios militares y civiles por su presunta participación en el asalto a las instalaciones de la 41.ª Brigada Blindada del Ejército, de donde fue sustraído armamento militar.
La causa terminó sentando en el banquillo a 23 personas. El juicio se alargó durante más de ocho años y no fue hasta diciembre de 2025 cuando se dictaron las sentencias, con penas de hasta 30 años de cárcel por delitos como rebelión militar, traición a la patria y sustracción de armas.
En el caso de Caamaño, las organizaciones de derechos humanos han cuestionado, además, que fuera juzgado por un tribunal civil cuando los delitos que se le atribuían eran de carácter militar. Esta fue una de las irregularidades denunciadas por la defensa a lo largo de un proceso que se prolongó durante casi una década.