El Gobierno habrá celebrado 11 Consejos de Ministros entre la convocatoria electoral y el 29 de noviembre, con reuniones extraordinarias los viernes para aprobar medidas antes de quedar en funciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el Consejo de Ministros en una cita de martes y viernes en plena campaña electoral. Entre la convocatoria de las elecciones generales y el 29 de noviembre se habrán celebrado 11 Consejos de Ministros en menos de dos meses. Moncloa justifica este ritmo por la cantidad de asuntos pendientes, mientras la oposición lo ve como una herramienta de campaña.
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La campaña arrancó el viernes 13 con la primera de las dos reuniones extraordinarias anunciadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La segunda llegará el viernes 20. Entre medias quedan las ordinarias de los martes 17 y 24, esta última a cinco días de que abran los colegios. "Tenemos muchos asuntos que aprobar de aquí al 29 de noviembre", ha resumido Bolaños.
La fecha límite tiene su lógica. Tras las elecciones, el Gobierno pasará a estar en funciones. Desde ese momento, la Ley del Gobierno limita su margen al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo urgencias o razones de interés general debidamente acreditadas. Hasta ese domingo conserva todas sus competencias, y en Moncloa han dejado claro que piensan apurarlas.
La vivienda encabeza la lista, y tiene sentido. Lo que precipitó el adelanto electoral fue la caída en el Congreso de dos decretos sobre esta materia, rechazados por PP, Vox y Junts a comienzos de octubre. Al paquete se han sumado medidas de apoyo a las familias monoparentales y de seguridad ferroviaria. Todas tienen un marcado carácter social, y el Ejecutivo las presenta como parte de su acción de Gobierno.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, repite que el Ejecutivo seguirá trabajando "para mejorar la vida de la gente". Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, rechaza que se trate de "ocurrencias de última hora" y sostiene que las medidas responden a reivindicaciones sociales.
Más reuniones que en ninguna campaña reciente
El PP lo ve de otra manera. Su secretario general, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de estar "desesperado" y de recurrir a "todos los resortes a su alcance para hacer campaña", incluidos los Consejos extraordinarios. En Moncloa replican que reunirse en campaña entra dentro de las atribuciones legales del Ejecutivo. Con tantas medidas pendientes, sostienen, es la fórmula más operativa.
Durante los 15 días de campaña habrá cuatro Consejos de Ministros, más que en cualquiera de las cinco elecciones generales anteriores. Con Mariano Rajoy hubo tres en las campañas de 2015 y 2016, la misma cifra que en la de abril de 2019. En la repetición electoral de noviembre de ese año, con una campaña de solo ocho días, se celebró uno. En julio de 2023 fueron dos.
Tampoco es la primera vez que Sánchez recurre a los viernes. En 2019, antes de las elecciones de abril, su Gobierno bautizó como "viernes sociales" los Consejos en los que aprobaba decretos de corte social. PP y Ciudadanos pidieron a la Junta Electoral Central que suspendiera las ruedas de prensa posteriores, pero el organismo rechazó sus recursos. Más tarde, en enero de 2020, la JEC sí multó a Sánchez con 500 euros y a la entonces portavoz Isabel Celaá con 2.200 por el uso electoralista del palacio de la Moncloa.
Pensiones, salario mínimo y un posible indulto
A dos semanas de las elecciones, la lista de pendientes sigue abierta. La medida de mayor alcance es la revalorización de las pensiones para 2027. Tras el Consejo extraordinario del viernes, Saiz anunció que el decreto ley se tramitará por la vía de urgencia. Este año, la actualización llegó a cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones.
También está sobre la mesa una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Sánchez ha aprovechado los mítines para comprometerse a seguir incrementándolo.
El último asunto es de otra naturaleza. En Moncloa no descartan un indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados.