El exmandatario cumplía prisión preventiva desde hace diez días en una unidad castrense tras ser destituido por el colapso de Ueno bank, pero las denuncias sobre el acondicionamiento de una suite con gimnasio privado en su celda han forzado su cambio de destino.
El exmandatario cumplía prisión preventiva desde hace diez días en una unidad castrense tras ser destituido por el colapso de Ueno bank, pero las denuncias sobre el acondicionamiento de una suite con gimnasio privado en su celda han forzado su cambio de destino.
El juez penal de garantías Osmar Legal ha ordenado este lunes el traslado del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción. La resolución judicial llega tras cumplirse diez días desde su ingreso en prisión preventiva por la investigación abierta en torno a la quiebra e intervención de la entidad financiera Ueno bank.
Hasta ahora, el exmandatario permanecía recluido en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. Sin embargo, el actual jefe de Estado, Pedro Alliana, destituyó horas antes en rueda de prensa al comandante de dicha unidad castrense, el coronel José David Daiub, tras las informaciones difundidas por medios locales sobre supuestos privilegios concedidos al detenido.
Según confirmó el ministro de Defensa, Oscar González, a la emisora 'ABC Cardinal', el propio Daiub admitió la instalación de máquinas de gimnasia en las dependencias asignadas a Peña, que también contaban con baño privado y un amplio comedor. "Los paraguayos merecen saber la verdad", afirmó Alliana, quien se desempeñó como vicepresidente de Peña y prometió dotar a la Fiscalía de todos los recursos necesarios para esclarecer el caso.
En un oficio dirigido a la Suprema Corte de Justicia Militar, el juez Legal dispone "el inmediato traslado" del investigado a Viñas Cué, donde deberá permanecer "en libre comunicación y a disposición" del juzgado. El magistrado exige además a las autoridades penitenciarias garantizar la integridad física del ex jefe de Estado y mantenerlo aislado del resto de los reclusos, especialmente de los demás coprocesados en la causa.
Registros, una bóveda oculta y el colapso financiero
La detención de Peña se produjo el pasado 7 de noviembre, un día después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político acelerado. El exmandatario está imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, cargos que él niega.
La Fiscalía sostiene que Peña utilizó su influencia para desviar fondos públicos hacia Ueno bank, una entidad digital utilizada por casi la mitad de la población adulta del país, en cuya matriz tuvo participación accionarial hasta el año pasado, mientras sus directivos concedían préstamos internos a empresas vinculadas a los propietarios. Asimismo, Peña había designado al expresidente del banco, Carlos Carvallo, como titular del Banco Central, quien también se encuentra detenido.
Desde su arresto, las autoridades han registrado dos de las cuatro propiedades del exmandatario, incluida una mansión en la localidad turística de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de la capital. Según los investigadores, la vivienda se construyó en parte con unos 577.000 dólares (524.417 euros) en créditos otorgados por el propio banco durante su mandato, y en su interior se halló una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Paraguay ya ha solicitado asistencia judicial a Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear el posible desvío de capitales.
Protestas en las calles y ahorros bloqueados El Banco Central decretó la intervención de Ueno bank el pasado 3 de noviembre tras declararlo insolvente, lo que congeló las cuentas de cerca de tres millones de clientes y más de 850 millones de dólares (772 millones de euros) en recursos estatales, incluidos los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas de jubilaciones.
Aunque el fondo de garantía de depósitos ya ha desembolsado unos 640 millones de dólares para cubrir a más de 1,8 millones de pequeños ahorradores, más del 75% de los 2.800 millones depositados en la entidad sigue bloqueado. La crisis ha desatado días de disturbios en Asunción, así como huelgas de docentes y cortes de carreteras en todo el país para exigir una ley de emergencia que garantice la devolución íntegra de los ahorros y las pensiones.