La medida sigue a la histórica votación del Parlamento, el año pasado, para despenalizar el aborto derogando un artículo de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861.
Las mujeres británicas condenadas por interrumpir ilegalmente sus embarazos en virtud de una ley de la época victoriana serán indultadas automáticamente este lunes, según ha informado el Gobierno.
La medida llega después de que el Parlamento aprobara el año pasado una histórica votación para despenalizar el aborto, al derogar un artículo de la Ley de delitos contra la persona de 1861.
Las mujeres que hayan recibido una advertencia de la Policía también serán indultadas y las mujeres detenidas o investigadas por poner fin a su propio embarazo verán esos datos eliminados de sus antecedentes penales. No tendrán que solicitar el indulto y en algunos casos se concederá de forma póstuma.
"Durante demasiado tiempo, las mujeres se han enfrentado a las devastadoras consecuencias de unas leyes sobre el aborto obsoletas", dijo Heidi Stewart, directora ejecutiva del British Pregnancy Advisory Service.
"Si bien ningún indulto puede deshacer la angustia y el trauma que han vivido estas mujeres, este cambio histórico en la legislación reconoce el profundo daño causado por su criminalización y representa un paso significativo hacia la Justicia".
El Gobierno no ha facilitado el número de mujeres afectadas. Pero Tonia Antoniazzi, diputada laborista que presentó la enmienda para la despenalización, señaló que la Policía había investigado a más de 100 mujeres sospechosas de abortos ilegales en los cinco años anteriores a la votación del año pasado.
Entre ellas había algunas que habían sufrido abortos espontáneos y partos de bebés muertos. Antoniazzi describió cómo las mujeres sospechosas de abortar ilegalmente un feto fueron en su momento "arrancadas de las camas del hospital y llevadas a calabozos policiales" e interrogadas cuando deberían haber sido atendidas.
"Este trauma no puede borrarse, pero espero que esto alivie en parte el dolor que han soportado estas mujeres y les permita volver a participar plenamente en la sociedad, viviendo sus vidas al máximo y desempeñando los trabajos que siempre han deseado", afirmó.
Con la legislación vigente, los médicos pueden practicar legalmente abortos en Inglaterra, Escocia y Gales hasta las 24 semanas de gestación, y más allá de ese plazo en circunstancias especiales, por ejemplo cuando la vida de la madre está en peligro. El aborto en Irlanda del Norte se despenalizó en 2019.
En virtud de la ley sobre Delincuencia y Policía que entró en vigor esta primavera, las mujeres que interrumpan un embarazo en cualquier fase no se enfrentarán a cargos penales.
La medida fue rechazada por grupos contrarios al aborto, que argumentaron que abriría la puerta al aborto a demanda en cualquier etapa del embarazo. La ley se modificó tras varios procesos judiciales muy mediáticos, entre ellos el encarcelamiento de una madre de tres hijos que provocó una oleada de protestas entre los defensores del derecho al aborto.
Carla Foster fue condenada en 2023 a más de dos años de prisión por inducir médicamente un aborto cuando llevaba unos ocho meses de embarazo. Un tribunal de apelación la dejó en libertad un mes después, al señalar que el caso requería "compasión, no castigo".
Otra mujer, Nicola Packer, fue absuelta de un cargo de administrarse ilegalmente veneno o una sustancia nociva con intención de provocar un aborto. Packer, que tomó medicación abortiva cuando estaba embarazada de unas 26 semanas, declaró que no sabía que llevaba más de diez semanas de gestación.