Los expertos pidieron una regulación más estricta de las plataformas digitales y advirtieron que las funciones diseñadas para retener a los usuarios pueden fomentar un uso dañino de internet.
El uso de internet "problemático" se ha convertido en una importante preocupación de salud pública a escala mundial, que podría afectar a más del 10% de la población mundial y tener un coste considerable para la sociedad, han advertido expertos.
El uso problemático de internet (PUI) abarca una amplia gama de comportamientos, entre ellos el juego de apuestas, los videojuegos, el consumo de pornografía, el uso de redes sociales y las compras en línea. Estas actividades no son perjudiciales por naturaleza, pero se consideran "problemáticas" cuando interfieren en la vida cotidiana o llegan al nivel de un trastorno médico, por ejemplo, la adicción al juego.
En un informe publicado en The Lancet Psychiatry, expertos en salud pública, psicología y políticas han defendido que los Gobiernos reconozcan el PUI como un problema de salud pública mundial y regulen las características de diseño que mantienen a las personas conectadas, como el desplazamiento infinito y la reproducción automática.
"Desde una perspectiva de salud pública, aunque muchos comportamientos relacionados con el PUI quizá no alcancen los umbrales para un diagnóstico clínico, en conjunto constituyen un importante problema de salud pública", escribieron los autores.
Según el informe, las personas con un uso problemático de internet suelen presentar también problemas de salud mental como trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD), depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo (OCD), alteraciones del sueño, trastornos de la alimentación, autolesiones e ideación o intentos suicidas.
El informe también relacionó el PUI con conflictos interpersonales, soledad, disfunción familiar, menor productividad académica y laboral y agotamiento.
Los jóvenes, las personas de países de renta baja y media y quienes padecen trastornos de salud mental parecen ser los más expuestos. No está claro si el PUI se está volviendo más frecuente o si las consecuencias simplemente se comprenden mejor.
El diseño de las plataformas aumenta el riesgo
Aunque el juego de apuestas, los videojuegos y la pornografía existían mucho antes de internet, los autores advirtieron de que las plataformas digitales hacen que estos consumos estén disponibles de forma constante y cuentan con características que pueden volverlos adictivos, como la precisión algorítmica y la retroalimentación en tiempo real.
La soledad, las malas relaciones familiares y pasar más tiempo en línea podrían contribuir a comportamientos perjudiciales.
Sin embargo, el informe señalaba que el PUI no puede explicarse únicamente por vulnerabilidades individuales y que también está configurado o amplificado por características concretas de diseño de las plataformas y servicios en línea, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales.
La investigación sobre este fenómeno sigue en marcha, pero los autores consideran que hay pruebas suficientes para justificar un "enfoque de precaución" en las políticas públicas. Pidieron un enfoque coordinado a escala internacional para hacer frente a los daños derivados del PUI.
Los enfoques políticos actuales pueden ser insuficientes. Las prohibiciones de las redes sociales que se centran, por ejemplo, en los límites de edad no abordan necesariamente las características que fomentan el uso compulsivo de internet, como el desplazamiento infinito y las notificaciones "push", señalaba el informe.
Los autores defendieron que la responsabilidad debe recaer en las plataformas en línea, y no en los usuarios individuales, y recomendaron someter esos productos a los mismos estándares de seguridad que el tabaco, el alcohol y el juego de apuestas.
El informe pidió una serie de medidas, entre ellas restringir las funciones de alto riesgo, la auditoría independiente de los algoritmos y normas vinculantes sobre límites de edad y restricciones a la publicidad.
Los investigadores instaron a los Gobiernos a abandonar la autorregulación voluntaria del sector y adoptar normas vinculantes que conviertan las funciones de seguridad en la opción predeterminada y limiten las funciones diseñadas para maximizar la participación.
"El objetivo debería ser dar prioridad a la salud pública frente a los intereses de la industria para reducir los daños sociales del PUI", concluyeron los autores.