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España endurece los requisitos para los centros de datos y exige un consumo del 80% en energía renovable

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Varias personas participan en una manifestación contra la construcción de centros de datos en Madrid, España, el sábado 7 de noviembre de 2026.
Varias personas participan en una manifestación contra la construcción de centros de datos en Madrid, España, el sábado 7 de noviembre de 2026. -  Derechos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
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Por Juan Carlos de Santos
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España endurece la regulación de los centros de datos con nuevas exigencias de energía renovable, eficiencia y soberanía digital para limitar su impacto sobre el sistema eléctrico y atraer inversiones sostenibles.

El Gobierno español ha aprobado una nueva regulación para los centros de datos que establece requisitos de consumo de energía renovable, eficiencia hídrica y energética y soberanía digital, con el objetivo de compatibilizar el crecimiento de estas infraestructuras con la capacidad del sistema eléctrico y los compromisos medioambientales del país.

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El Real Decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, establece que los centros de datos deberán acreditar que el 80% de su consumo eléctrico procede de fuentes renovables, con correlación horaria entre generación y consumo y criterios de adicionalidad para impulsar nueva capacidad de producción limpia.

La normativa contempla contratos de suministro a largo plazo, autoconsumo y almacenamiento energético. También establece un régimen transitorio voluntario para los operadores que acepten la posibilidad de desconexión prioritaria cuando sea necesario garantizar la estabilidad de la red eléctrica.

Más exigencias energéticas y medioambientales

La norma establece límites provisionales al consumo de agua y electricidad de los centros de datos: deberán utilizar el agua de forma más eficiente y reducir la energía necesaria para su funcionamiento, mientras se concretan los criterios europeos. Además, traspone al ordenamiento jurídico nacional otras exigencias de transparencia informativa y de eficiencia hídrica y energética establecidos por la normativa europea, adaptándolos a las particularidades españolas.

La notma introduce obligaciones de información sobre sostenibilidad para las instalaciones de mayor tamaño y establece requisitos específicos de protección de datos y soberanía digital para los sistemas de información de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad.

En estos casos, los datos más sensibles deberán permanecer dentro del Espacio Económico Europeo y se reforzarán los controles sobre el acceso desde terceros países a las tareas de administración, mantenimiento y soporte.

El incumplimiento de determinadas obligaciones podrá dar lugar a compensaciones económicas y sanciones, incluida la suspensión de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica durante un máximo de tres años. Los proyectos que ya se encuentren en tramitación dispondrán, con carácter general, de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones.

35 GW entre capacidad con permisos concedidos y proyectos en cola

La decisión llega en un momento de fuerte crecimiento de la demanda de infraestructuras digitales en España. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que los centros de datos cuentan con 15 gigavatios (GW) de capacidad de acceso eléctrico concedida, mientras que otros 20 GW permanecen en lista de espera.

La ministra advirtió de que, sin medidas de control, la expansión de estas instalaciones podría generar un sobrecoste de hasta 5.000 millones de euros anuales en el sistema eléctrico, según las estimaciones del Ejecutivo: 4.000 millones por el impacto en los precios mayoristas y otros 1.000 millones por mecanismos de capacidad.

"En ausencia de este Real Decreto, tendríamos un impacto de 5.000 millones de euros en nuestras facturas", ha destacado la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen. "Tenemos distintos escenarios, pero nos llevaría, por ejemplo, a que los consumidores industriales tendrían que pagar un 25% más por la energía eléctrica consumida", ha añadido. Estas cifras son previsiones del Ejecutivo sobre un escenario hipotético, no costes ya producidos ni ahorros asegurados por la nueva norma.

Inversión de 17.142 millones en la red eléctrica

En paralelo, el Gobierno ha aprobado una nueva planificación de la red eléctrica hasta 2030, que prevé inversiones de 17.142 millones de euros para ampliar y reforzar las infraestructuras y atender el crecimiento de la demanda. El plan contempla capacidad para nuevos consumos, entre ellos los de los centros de datos, aunque no está dedicado específicamente a estas instalaciones.

España busca consolidarse como destino de inversiones internacionales en centros de datos, apoyándose en sus recursos renovables, conectividad y posición estratégica en Europa.

La nueva regulación pretende condicionar ese crecimiento a una mayor eficiencia energética y ambiental, en un contexto en el que la disponibilidad de electricidad, agua y capacidad de conexión se ha convertido en uno de los principales factores para el desarrollo de estas instalaciones. El impacto sobre los proyectos en marcha y las futuras inversiones dependerá de la aplicación de las nuevas obligaciones y de los plazos previstos en el texto definitivo.

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