Una coalición de fiscales generales estatales de Estados Unidos ha enviado a OpenAI un amplio requerimiento sobre la seguridad de los usuarios de ChatGPT, justo cuando la empresa se encamina hacia su salida a bolsa.
OpenAI se enfrenta a un nuevo desafío regulatorio después de que un grupo de fiscales generales de varios estados haya reclamado una amplia documentación sobre cómo ChatGPT protege a las personas que lo utilizan, un movimiento que llega en un momento delicado para la compañía, cuando sienta las bases de una posible salida a bolsa.
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La investigación, que se ha puesto en marcha solo unos días después de que OpenAI presentara documentación confidencial para una salida a bolsa, amenaza con complicar una operación que algunos analistas esperan que valore al creador de ChatGPT en alrededor de un billón de dólares (861.000 millones de euros).
Según 'The Wall Street Journal', que adelantó la información, OpenAI recibió la citación judicial el viernes por parte de un grupo de estados, en una investigación dirigida por la Fiscalía General de Nueva York.
Las autoridades solicitan material sobre las prácticas publicitarias de la empresa, la forma en que mantiene a los usuarios en su servicio, el tratamiento que da a los datos de consumo y de salud y sus políticas respecto a menores y personas mayores.
OpenAI ha asegurado que colaborará con las oficinas que han cursado la petición y ha subrayado que su producto ya incorpora medidas de protección.
Un portavoz afirmó que la empresa se toma "muy en serio" las preocupaciones planteadas por los fiscales generales y trabaja para hacer llegar los beneficios de la tecnología a la población de forma responsable. Sin embargo, la compañía no ha confirmado qué otros estados de Estados Unidos participan en la investigación.
Crece la presión legal
La citación se suma a una lista cada vez más larga de frentes legales para la compañía.
El jueves pasado, una mujer canadiense demandó a OpenAI y atribuyó a ChatGPT el suicidio de su hija. A comienzos de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó otra demanda contra la compañía y contra su consejero delegado, Sam Altman, tras dos tiroteos en los que los presuntos atacantes habrían utilizado el chatbot para planear sus crímenes.
OpenAI respondió que sus modelos instaron repetidamente a esas personas a pedir ayuda a profesionales de la salud mental y que cooperó con la Policía en ambos casos.
No son las primeras pruebas en los tribunales para OpenAI este año.
En mayo, un jurado federal en Oakland, California, tardó menos de dos horas en desestimar la demanda de Elon Musk, que acusaba a Altman de haber abandonado los orígenes sin ánimo de lucro de la firma, al considerar que la presentó demasiado tarde. Musk, que calificó el fallo de "tecnicismo de calendario", anunció que recurriría.
El endurecimiento del control se extiende también al conjunto del sector.
Los reguladores europeos han abierto investigaciones sobre Grok, el chatbot rival de Musk, por contenidos antisemitas y sexualizados, incluidas imágenes 'deepfake'.
Anthropic, que también prepara su salida a bolsa, recibió instrucciones de la administración Trump para restringir en el extranjero dos de sus modelos por motivos de seguridad nacional, un ejemplo de cómo la gobernanza de la inteligencia artificial se ha convertido en un campo de batalla político cada vez más conflictivo.