Francia perdió un saldo neto de 800 millonarios en 2025. Aunque esta salida es solo una mínima parte de su población adinerada, diversos factores les empujan a marcharse.
¿Está Francia espantando a sus grandes fortunas en masa? El último informe sobre migración de riqueza de Henley & Partners concluye que Francia registró una pérdida neta de ochocientos millonarios en 2025.
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A primera vista, podría parecer que los más ricos están huyendo del país. Sin embargo, en contexto, aún hay alrededor de dos coma cuatro millones de personas en Francia con un patrimonio neto superior a 1 millón de euros, según el informe UBS Global Wealth Report.
Aunque Francia sigue siendo un lugar atractivo para que vivan los ricos por razones obvias, como su calidad de vida y su "joie de vivre", la tendencia general, aunque de momento limitada, es que algunos de los ciudadanos más acaudalados del país se marchan y, lo que es más importante, se llevan su capital.
El año pasado, cada millonario que se fue trasladó consigo una media de cinco millones de euros en activos personales, lo que se traduce en unos 4.000 millones de euros que abandonaron el país en total, según el Instituto francés de Investigación sobre Administración Pública y Política (iFRAP).
Aunque el número de millonarios que se marchan representa solo una fracción ínfima de la población acomodada de Francia, los economistas señalan que la pérdida incluso de un grupo relativamente pequeño de grandes patrimonios puede tener un impacto económico desproporcionado, ya que a menudo son propietarios de empresas, financian inversiones y generan importantes ingresos fiscales.
¿Por qué se marchan los franceses con grandes patrimonios?
No hay una única explicación de por qué algunos de los residentes más ricos de Francia se están yendo.
Uno de los factores es la persistente inestabilidad política del país, con seis primeros ministros en los últimos cinco años, crisis presupuestarias reiteradas e incertidumbre sobre cómo piensan los sucesivos Gobiernos afrontar la creciente carga de la deuda.
La posibilidad de que Marine Le Pen gane las elecciones presidenciales de abril de 2027 añade otra capa de incertidumbre.
Aunque su partido de ultraderecha Agrupación Nacional ha tratado de tranquilizar a empresas e inversores, los economistas se preguntan si sus compromisos de gasto son compatibles con unas finanzas públicas ya tensionadas y con las normas fiscales de la Unión Europea.
Otro factor importante es la creciente campaña, a escala nacional e internacional, para aumentar la presión fiscal sobre los más ricos.
La última batalla sobre los impuestos a los ultrarricos
El último gran debate en Francia se ha centrado en la propuesta del economista francés Gabriel Zucman de aplicar un impuesto anual del 2% a las fortunas superiores a 100 millones de euros.
La propuesta incluía también un "impuesto de salida", concebido para evitar la fuga de capitales que minó el ISF. Según el planteamiento, las personas adineradas que decidieran abandonar Francia seguirían debiendo el impuesto durante cinco años después de instalarse en el extranjero.
Sus partidarios argumentaban que el llamado impuesto Zucman podría recaudar en torno a 20.000 millones de euros anuales, afectando solo a unas 1.800 familias. Defendían además que la concentración de riqueza se ha acelerado en las últimas décadas y que los hogares más ricos deberían aportar una parte mayor a la financiación de los servicios públicos.
La propuesta superó el trámite en la Asamblea Nacional el año pasado, pero fue bloqueada en el Senado. Posteriormente fue derrotada en la propia Asamblea Nacional durante el debate sobre el presupuesto de 2026.
Fue sustituida por la Ley de Finanzas de 2026, que introdujo un impuesto del 20% sobre activos de lujo como yates, aviones privados, coches deportivos y joyas, mantenidos en sociedades patrimoniales familiares pasivas valoradas en al menos cinco millones de euros, en lugar de un impuesto general sobre el patrimonio.
No todo el mundo comparte la idea de que gravar la riqueza conduzca inevitablemente a un éxodo. El economista francés Thomas Piketty sostiene que los riesgos de fuga de capitales suelen exagerarse y que una mayor cooperación internacional podría hacer mucho más efectivos los impuestos sobre el patrimonio.
Piketty mantiene que el aumento de la desigualdad patrimonial ha sido alimentado por décadas de rebajas fiscales para los hogares más ricos y defiende que unos impuestos sobre la riqueza cuidadosamente diseñados podrían reducir la desigualdad sin dañar de forma significativa la inversión.
Los críticos, sin embargo, sostienen que Francia ya ha puesto a prueba muchas de estas ideas. Alegan que incluso un número relativamente pequeño de empresarios e inversores que se marchan puede tener un efecto desproporcionado sobre el crecimiento económico, ya que poseen empresas, financian nuevos proyectos y generan empleo.
La larga historia de Francia gravando la riqueza
En 1982, el presidente François Mitterrand introdujo el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), que gravaba los activos netos de las grandes fortunas. Según la Comisión Europea, a lo largo de su vida útil este impuesto recaudó 63.500 millones de euros y, en su último año, 2017, aportó en torno a 4.100 millones de euros.
Sin embargo, el impuesto también provocó una fuga de capitales estimada en 200.000 millones de euros y redujo el crecimiento anual del PIB en alrededor del 0,2%, según el economista francés Eric Pichet.
En 2017, el presidente Emmanuel Macron suprimió el ISF y lo sustituyó por el Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI), un impuesto anual que se aplica a las personas cuyos activos inmobiliarios netos, no afectos a actividades empresariales, superan 1,3 millones de euros.
Según el Gobierno francés, actualmente recauda en torno a 1.100 millones de euros al año.
También estuvo el llamado "superimpuesto" de François Hollande, un tipo marginal del 75% sobre la parte de los ingresos anuales superiores a 1 millón de euros como forma de obligar a los más ricos a contribuir a sacar al país de la crisis económica.
Sin embargo, el máximo Tribunal francés, el Consejo Constitucional, anuló la versión original a finales de 2012 al considerar que era injusto gravar a las personas físicas con un tipo tan elevado.
El Gobierno de Hollande ajustó el impuesto en el presupuesto de 2014, trasladando la carga del individuo a la empresa y obligando a los empleadores a pagar un 50% sobre la parte de los salarios que superara 1 millón de euros.
Finalmente expiró en 2015 tras recaudar menos de lo previsto, apenas 160 millones de euros en 2013 y 260 millones en 2014.
En esa época, el hombre más rico de Francia, el consejero delegado de LVMH Bernard Arnault, obtuvo la nacionalidad belga y el actor Gérard Depardieu también se trasladó al otro lado de la frontera, a Bélgica, antes de obtener la ciudadanía rusa.
La mayoría de los contribuyentes franceses desaprobaba el tipo del 75%, aunque las encuestas señalaban que seis de cada diez votantes estaban a favor de subir los impuestos sobre la renta de los más ricos.
¿Adónde se van los ricos?
Muchos países se han posicionado activamente para atraer a grandes fortunas. Emiratos Árabes Unidos sigue siendo uno de los grandes beneficiarios a escala mundial gracias a la ausencia de impuesto sobre la renta de las personas físicas.
En Europa, Italia se ha convertido en uno de los grandes ganadores del continente después de que el Gobierno de Giorgia Meloni introdujera un tipo fijo del 15% para determinados residentes extranjeros.
En virtud de este régimen, las personas que cumplen los requisitos pueden pagar un impuesto anual fijo sobre sus ingresos en el extranjero, independientemente de cuánto ganen fuera, lo que hace el país muy atractivo para empresarios e inversores con activos internacionales.
Suiza lleva mucho tiempo atrayendo a grandes fortunas gracias a sus ventajosos acuerdos fiscales para ciertos residentes extranjeros, mientras que Mónaco sigue siendo un destino popular para las grandes fortunas europeas gracias a la ausencia de impuesto sobre la renta personal.
Portugal también ha atraído a miles de contribuyentes adinerados con su régimen fiscal para residentes no habituales, aunque las reformas recientes han hecho que el sistema sea menos generoso que en el pasado.
En última instancia, la pérdida neta de ochocientos millonarios en Francia representa solo una fracción mínima de su población acomodada. Pero refleja una cuestión más amplia a la que se enfrentan los Gobiernos de toda Europa, cómo aumentar la recaudación y combatir la desigualdad sin incentivar que la inversión y el capital se marchen a otros lugares.
A medida que las personas y el capital se vuelven cada vez más móviles, ese equilibrio resulta cada vez más difícil de alcanzar.