Una alta exposición a los PFAS se asocia a un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, así como a una reducción de la fertilidad y un deterioro de la función inmunitaria. La UE refuerza su arsenal normativo frente a lo que algunos consideran una de las mayores amenazas medioambientales.
Conocidas como "químicos eternos", los PFAS son sustancias artificiales ampliamente utilizadas por la industria para fabricar muchos productos de consumo, como aparatos electrónicos, pinturas, automóviles o cosméticos.
Sus propiedades antiadherentes y su resistencia al calor los hacen extremadamente útiles. Pero su gran estabilidad y su gran movilidad en el suelo, el agua y el aire —se detectan incluso en la lluvia— suscitan ahora una creciente preocupación entre científicos, legisladores y sectores de la industria.
La ciencia ya ha establecido algunos efectos nocivos para la salud humana, como la baja respuesta inmunitaria o la infertilidad. El ácido perfluorooctanoico, conocido como PFOA, uno de los pocos PFAS prohibidos por el Convenio de Estocolmo, está clasificado como cancerígeno.
Un peligro invisible
El cuerpo humano puede tardar varias décadas en eliminar los PFAS. Pueden acumularse en la sangre y los tejidos a niveles que a menudo dependen de la proximidad de las personas a los emplazamientos industriales donde se utilizan estas sustancias.
En 2023, la investigación Forever Pollution Project calculó que casi 23.000 emplazamientos —en su mayoría industriales— de toda Europa estaban contaminados por estos "químicos eternos".
"Solo conocemos la toxicidad de unos diez PFAS de los más de 10.000 que circulan en la actualidad, lo cual es preocupante", afirma Ian Cousins, catedrático de Química Orgánica Medioambiental de la Universidad de Estocolmo. "El hecho de que se acumulen en el medioambiente ya es un problema en sí mismo", añade.
Costes insostenibles
'The Road to Green' viajó al Véneto, en el norte de Italia, epicentro de una de las contaminaciones por PFAS más graves conocidas en Europa, a menudo denominada "escándalo Miteni".
Durante décadas, una planta química contaminó las aguas subterráneas de la región y expuso a cientos de miles de residentes a altos niveles de PFOA y PFOS en el agua potable.
Tras años de movilización de la sociedad civil, encabezada por el grupo "Madres sin PFAS", los tribunales italianos condenaron a penas de cárcel a varios directivos de la empresa. Los jueces dictaminaron que eran conscientes de la contaminación causada por la planta y la ocultaron de manera deliberada.
Hoy en día, las autoridades públicas se enfrentan a enormes costes para garantizar el suministro de agua potable y descontaminar las aguas subterráneas y los suelos.
Europa refuerza su arsenal normativo
La Unión Europea cuenta con una de las normativas más estrictas del mundo en materia de productos químicos. Entre las medidas adoptadas por la Comisión Europea figuran:
- Diversas restricciones dirigidas a subgrupos de PFAS.
- Prohibición de los PFAS en determinados productos, como las espumas contra incendios (restricciones REACH).
- Límites de 100 nanogramos por litro para la suma de 20 "PFAS de interés" y 500 nanogramos por litro para todos los PFAS (Directiva sobre agua potable).
- Una propuesta para establecer normas de calidad para 24 PFAS en aguas superficiales y subterráneas (Directiva marco del agua).
- Planes para supervisar los PFAS en la entrada y salida de las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales que vierten en zonas de captación de agua potable (Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas).
- Negociaciones en curso sobre el control de los niveles de PFAS en los suelos (Ley de seguimiento del suelo).
¿Hacia una prohibición "universal"?
La UE está examinando una propuesta de "restricción universal" que abarca todos los productos que contienen PFAS, presentada en 2022 por cinco países: Suecia, Dinamarca, Alemania, Noruega y Países Bajos.
La Comisión ha encargado a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) los trabajos preparatorios. Se espera que los comités científicos de la ECHA para la Evaluación del Riesgo (RAC) y el Análisis Socioeconómico (SEAC) emitan su dictamen final a finales de año.