En un comunicado dirigido a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, las ONG aseguran que dicha legislación podría dañar la credibilidad de la UE para defender los derechos humanos en el extranjero y alentar a los dirigentes represores.
PUBLICIDADUn proyecto de directiva de la Unión Europea para crear un registro para organizaciones financiadas con fondos extranjeros podría tener "consecuencias no deseadas" y limitar la capacidad de los 27 para apoyar a los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, han advertido decenas de ONG en una declaración conjunta a la Comisión Europea.
Unas 230 organizaciones de la sociedad civil, incluidas Transparencia Internacional UE, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, firmaron el comunicado enviado el miércoles a von der Leyen, en el que critican los planes para establecer una Ley de Injerencia Extranjera.
Consecuencias no deseadas
La legislación formará parte de un próximo paquete de medidas de Defensa de la Democracia, anunciado por la política alemana durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento de la UE el pasado septiembre. El Gobierno comunitario aún no ha publicado su propuesta de ley, pero se ha acercado a las organizaciones de la sociedad civil durante los últimos meses para que aporten su opinión junto con pruebas sobre sus posibles efectos.
Según las organizaciones contactadas por la UE, la Comisión argumenta que se necesita un nuevo instrumento legal "para introducir normas comunes de transparencia y rendición de cuentas para los servicios de representación de intereses pagados o dirigidos desde fuera de la UE. El objetivo es contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y proteger la esfera democrática de la UE de injerencias externas encubiertas".
"Incompatible con la legislación de la UE"
Sin embargo, estas ONG advierten que podría incentivar a los líderes represores de todo el mundo y socavar la credibilidad de la UE al hablar sobre leyes restrictivas en terceros países.
Afirman, por ejemplo, que este tipo de leyes, ya implantadas en otros países, han reducido significativamente el espacio de la sociedad civil independiente y "se han utilizado como herramienta para silenciar las voces críticas".
"Hay razones por las que la Comisión ha criticado las leyes sobre agentes extranjeros en algunos países y por las que llevó a Hungría ante los tribunales por una ley nacional similar", declaraba en un comunicado Nick Aiossa, Director Adjunto y Jefe de Política e Incidencia Política de Transparencia Internacional.
"Es imprudente que la Comisión se niegue a hacer su tarea de evaluar detalladamente los riesgos reales que este tipo de legislación representa para la sociedad civil y los periodistas", añadía.
El caso húngaro
La introducción en Hungría de una ley de injerencia extranjera en 2017, que exige a las organizaciones que reciben al menos 7,2 millones de florines (19 000 euros) por año de fuentes de otro país registrarse como tales ante el tribunal y producir un informe anual sobre esta financiación, llevó a la Comisión a iniciar rápidamente un procedimiento de infracción contra Budapest.
El vicepresidente primero Frans Timmermans dijo en ese momento que la ley no cumplía con la legislación de la UE, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó en un fallo de junio de 2020.
Más recientemente, los planes del Gobierno de Georgia para introducir una ley de "influencia extranjera" de este tipo se descartaron el pasado marzo, después de provocar días de protestas generalizadas en todo su territorio.
La ley, inspirada en una versión rusa, exigía que cualquier organización que recibiera más del 20 % de su financiación del extranjero se registrara como "agente extranjero" o se enfrentara a multas sustanciales. Fue denunciada como un "muy mal desarrollo para Georgia y su pueblo" por el Alto Representante para Exteriores de la UE Josep Borrell.
En una declaración emitida después de que pasara su primera lectura en el parlamento georgiano, el jefe de la diplomacia europea declaró que la ley tal como estaba redactada podría tener un "efecto paralizador en la sociedad civil y las organizaciones de medios", que era "incompatible con los valores y estándares de la UE" y podría tener "graves repercusiones" para las relaciones UE-Georgia.
"No debemos ser ingenuos"
Un portavoz de la Comisión ha rechazado las acusaciones en un comunicado a Euronews, alegando que la ley planeada tiene como objetivo "proteger nuestras democracias al imponer obligaciones de transparencia sobre actividades que buscan impactar en la toma de decisiones públicas y el debate democrático en la UE llevado a cabo por entidades financiadas por o con enlaces a terceros países".
"Al observar las acciones del Kremlin y otros actores de terceros países, no debemos ser ingenuos. Ya es hora de sacar a la luz la influencia extranjera encubierta y la financiación turbia", puntualizaba Christian Wigand.
También argumentaba que "la propuesta no intenta restringir actividades, sino que incluye estándares comunes de transparencia para los servicios de representación de intereses" y que todo el paquete legislativo "también tendrá como objetivo promover una participación amplia y significativa de organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos para contar con un espacio democrático más resiliente".
¿Es esta ley el instrumento adecuado?
En su comunicado a von der Leyen, las ONG pidieron a la Comisión Europea que describiera claramente el caso de esta ley, diciendo que la solicitud de pruebas emitida "no identifica la necesidad específica que abordaría la nueva legislación y por qué una directiva de la UE es un instrumento necesario o apropiado”.
También exigieron que llevara a cabo una evaluación del impacto antes de publicar cualquier propuesta sobre esta ley. "Estas evaluaciones son necesarias antes de que la Comisión pueda publicar cualquier legislación que se espera que tenga impacto económico, social o ambiental significativo".
PUBLICIDADEl eurodiputado alemán Sergey Lagodinsky (Verdes/ALE) también se refería a esta cuestión el mes pasado durante una audiencia con la comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová. Dijo entonces que no se había hecho una evaluación sobre el impacto porque "tenemos prisa", citando en cambio "diferentes fuentes de información" y un estudio con datos "con los que podemos trabajar de manera fiable".
"Pero, sinceramente, no hay suficientes datos para revelar, en este momento, la dimensión del problema (de la influencia de terceros países en las ONG de la UE). Solo sabemos que el problema es grave y que debemos dejar de ser ingenuos y exigir mayor transparencia", sostenía.