Los eurodiputados votarán el jueves una moción que pide una nueva misión de búsqueda y rescate en el Mediterráneo a escala de la UE.
PUBLICIDADLos eurodiputados quieren que los países de la UE y Frontex, la agencia de fronteras de la UE, lleven a cabo nuevas y exhaustivas operaciones de búsqueda y rescate "a falta de una acción suficiente por parte de los Estados miembros individuales", según apunta el borrador de la resolución al que ha tenido acceso Euronews.
Esta votación llega un mes después de que un barco con 750 inmigrantes volcara frente a las costas griegas en una de las tragedias migratorias más mortíferas del Mediterráneo. La lenta y descoordinada respuesta de las autoridades griegas y Frontex ha sido objeto de críticas, y muchos eurodiputados han pedido una investigación independiente.
El texto ha sido presentado por una amplia coalición multipartidista que incluye al Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa, los Verdes y La Izquierda.
"Desde 2014, más de 27.000 personas han muerto o están desaparecidas en el Mediterráneo. La situación es una vergüenza. Sin los rescatadores marítimos civiles, que salvan vidas todos los días, habría muchos más muertos", ha dicho a Euronews Cornelia Ernst, eurodiputada alemana de La Izquierda.
"La UE y sus Estados miembros permiten que esto ocurra, construyen muros, financian vallas e incluso evitan rescatar a personas en peligro. Necesitamos una operación de búsqueda y rescate coordinada y financiada por la UE, así como rutas legales hacia Europa", ha añadido.
Por su parte, el presidente del PPE, Manfred Weber, ha defendido que pide "un entendimiento general sobre cómo tratar estas tragedias [...] Necesitamos una gestión seria y no una gestión partidista de estos asuntos", en una intervención ante periodistas este martes en la Eurocámara.
El proyecto de resolución también pide a la Comisión Europea que evalúe si los Estados miembros han violado la legislación tanto de la UE como internacional al llevar a cabo expulsiones de inmigrantes. Pero la Comisión Europea no tiene las competencias necesarias para llevar a cabo una investigación y deben ser las autoridades nacionales las encargadas de realizarla.
Bruselas advirtió recientemente de que podría tomar medidas formales en respuesta a las acusaciones de expulsiones ilegales de migrantes por parte de las autoridades griegas. Además, un informe reciente de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) concluyó que Frontex encubrió expulsiones ilegales por parte de Atenas entre 2020 y 2021.
El texto de la resolución, que se debatirá este miércoles antes de la votación del jueves, insta a los países de la UE a "mantener sus puertos seguros más cercanos abiertos a los buques de las ONG y a no criminalizar a quienes prestan asistencia a los migrantes en apuros", un guiño a los intentos hostiles de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de impedir que los buques humanitarios atraquen en puertos italianos.
El texto también acusa explícitamente a las autoridades libias de trasladar a los migrantes interceptados a centros de detención, donde están expuestos a "tortura y otros malos tratos, incluida la violación". Afirma que Libia "a menudo no responde a las llamadas de socorro, ha puesto trabas a los buques de las ONG para salvar vidas y ha puesto vidas en peligro al rescatar o interceptar a personas en el mar".
Las resoluciones del Parlamento Europeo no son jurídicamente vinculantes para otras instituciones.
El fin de semana se denunció que un guardacostas libio que manejaba una embarcación financiada por la UE había disparado contra un buque humanitario que realizaba operaciones de rescate. En respuesta a las acusaciones, un portavoz de la Comisión Europea dijo el lunes que están investigando a las autoridades tunecinas e italianas pertinentes.
La Comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, reconoció recientemente que grupos criminales se han infiltrado en los guardacostas libios. La Comisión proporciona ayuda financiera a terceros países como Libia, Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos para contribuir a frenar la migración. El proyecto de texto pide información más exhaustiva sobre el nivel de apoyo prestado a estos países y que se evalúen las denuncias de violaciones de derechos humanos.