Expertos jurídicos advierten de que la amenaza del grupo de boicotear a los 3.500 firmantes del manifiesto de Cannes roza la discriminación ideológica. Aunque la ley prohíbe vetar por opiniones políticas, demostrar la exclusión laboral ante los tribunales franceses será una batalla compleja.
El cine francés se vio sacudido en lo más hondo pocos días antes del emblemático Festival de Cannes, que tuvo lugar entre el 12 y el 23 de mayo, cuando más de 600 profesionales firmaron una petición contra la creciente influencia del empresario conservador Vincent Bolloré sobre la industria cinematográfica del país.
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Las estrellas de Hollywood Javier Bardem y Ken Loach figuran entre quienes han sumado posteriormente su firma a la petición, que ya contaba con nombres como los de las reconocidas actrices francesas Adèle Haenel y Juliette Binoche.
La petición, que suma ya casi 3.500 firmas, fue impulsada por el colectivo "Zapper Bolloré", cuyo nombre podría traducirse como "Cambiar de canal de Bolloré", y denuncia "la creciente influencia de la extrema derecha" en la industria cinematográfica francesa. Señala directamente a Bolloré, principal accionista del mayor productor de cine del país, 'Canal+'.
El magnate de los medios, de 74 años, ha sido acusado de utilizar su imperio para promover ideas reaccionarias y de extrema derecha.
En 2025, el grupo 'Canal+' anunció que había adquirido una participación del 34% en la cadena de cines UGC y expresó además su intención de estudiar "una posible toma de control" del grupo en 2028.
"Al dejar el cine francés en manos de una figura de extrema derecha, corremos el riesgo no solo de una homogeneización de las películas, sino también de un control fascista sobre el imaginario colectivo", se lee en la petición, publicada en el medio francés 'Libération'.
Amenazas del consejero delegado de 'Canal+'
En respuesta a la petición, Maxime Saada, consejero delegado de 'Canal+', afirmó durante un encuentro de productores celebrado en el Festival de Cannes el 17 de mayo que el grupo debía poner fin a su colaboración con los profesionales del cine que la firmaron.
"Viví esa petición como una injusticia hacia los equipos de 'Canal+', que están comprometidos con la defensa de la independencia de 'Canal+' y de la plena diversidad de sus elecciones", dijo Saada.
"No volveré a trabajar con las personas que firmaron esa petición ni quiero que Canal trabaje con ellas", añadió.
'Euronews' contactó con el grupo 'Canal+' para preguntar si Saada llevará a cabo sus amenazas, pero sus representantes declinaron hacer comentarios.
Para muchos profesionales del sector y analistas, las declaraciones de Saada equivalen a amenazas de boicot, algo que podría suponer una posible vulneración de la libertad de expresión.
En una intervención ante la Asamblea Nacional, la diputada socialista Céline Hervieu acusó a Bolloré de "aplastar la libertad de expresión y de creación", mientras que la actriz francesa Adèle Exarchopoulos afirmó: "No se puede tener miedo a perder el trabajo simplemente por expresar una preocupación compartida".
¿Constituyen las palabras de Saada una amenaza de boicot?
"Quienes firmaron la petición se expresaron y ejercieron su derecho a la libertad de expresión, compartiendo sus temores respecto a un grupo concreto", explicó a 'Euronews' Yann Personnic, abogado parisino especializado en derecho de los medios de comunicación y de la propiedad intelectual.
Personnic señala, no obstante, que las palabras de Saada no constituyen una vulneración directa de las leyes francesas sobre libertad de expresión, ya que el directivo de medios también tiene derecho a expresarse libremente. Para él, la cuestión más delicada es qué dice la ley si Saada llega a cumplir su amenaza.
"Eso entraría en conflicto con determinados principios jurídicos, en particular el de no discriminación en el ámbito laboral", señala Personnic. "No se puede discriminar a las personas ni negarse a trabajar con ellas por sus opiniones políticas. Si se estableciera una diferencia sobre esta base entre dos posibles colaboradores y se frustrara así una posible relación económica, podría constituir una infracción".
"Este principio se aplica tanto a los asalariados, en el marco del derecho laboral, como a los posibles productores independientes con los que se pudieran firmar contratos".
A pesar de ello, sería difícil para los firmantes de la petición demostrar ante los tribunales una discriminación de este tipo.
"Si el grupo 'Canal+' dice: 'No quiero trabajar contigo porque has firmado esa carta abierta', eso es evidentemente reprochable; pero si dice: 'No trabajaré contigo, no participaré en esta película por tal o cual razón artística o financiera', motivos que le son propios pero legítimos, entonces no se le puede reprochar".
"Por eso, en la práctica, no podríamos cuestionar los argumentos no discriminatorios, pero sí intentar demostrar que la intención que se oculta tras ellos es discriminatoria. Sin embargo, no siempre se puede probar; depende de la persona que tomó la decisión. En última instancia, es una cuestión de indicios y pruebas".
Una obligación legal para 'Canal+' de ofrecer una gama diversa de películas
Mientras el debate en Francia se centra en la posición política de Bolloré, los expertos jurídicos recuerdan que 'Canal+' sigue sujeto a una serie de obligaciones legales destinadas a proteger el pluralismo mediático en el país.
"Aunque 'Canal+' es libre de trabajar con las personas con las que quiera trabajar, tiene la obligación legal de invertir en obras realizadas en lengua francesa, de colaborar con producciones independientes y de respetar determinados niveles de gasto; en definitiva, tiene una serie de obligaciones", explica Personnic.
La ley fundacional francesa de 1986 sobre la libertad de comunicación es una piedra angular que obliga a las cadenas de televisión a garantizar la expresión plural de las diferentes corrientes de pensamiento y a promover la diversidad.
Entretanto, figuras clave del cine francés han intentado rebajar la tensión, y la autoridad reguladora del sector audiovisual, Arcom, ha instado a todas las partes a "abrir un diálogo" y a "bajar la temperatura".
La Sociedad Francesa de Realizadores de Cine (SRF), que agrupa a unos 500 cineastas, también ha propuesto una "mediación" entre los firmantes de la petición y los equipos de cine de 'Canal+', con el objetivo de "restablecer la confianza".
Está por ver en qué desembocarán estos esfuerzos.