La máxima instancia judicial europea confirma de forma definitiva la sanción por el abuso de posición dominante con Android. En este 2026, el fallo desestima las alegaciones de la tecnológica y Alphabet al concluir que sus contratos con fabricantes asfixiaron ilegalmente a la competencia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó este jueves la multa récord de 4.100 millones de euros impuesta a Google por supuestas prácticas anticompetitivas relacionadas con el sistema operativo Android de la compañía.
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La Comisión Europea impuso la sanción al gigante tecnológico estadounidense en 2018, alegando que la empresa había abusado de su posición dominante en el mercado, en particular mediante acuerdos de preinstalación con los fabricantes de teléfonos que daban una ventaja indebida a su motor de búsqueda y al navegador Chrome.
Inicialmente se fijó una multa de 4.300 millones de euros, pero el Tribunal General de la UE la redujo a 4.100 millones de euros en 2022.
El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, ha defendido que el sistema Android ha creado "más opciones, no menos".
En 2018, Pichai afirmó que la decisión de la Comisión de multar a la empresa "no tiene en cuenta la amplia libertad de elección que Android ofrece" a los fabricantes de teléfonos, los desarrolladores de aplicaciones y los clientes.
"La rápida innovación, la amplia oferta y la bajada de precios son rasgos clásicos de una competencia sólida y Android ha hecho posibles todos ellos", añadió.
Desde entonces, Google recurrió la sanción, pero el máximo Tribunal de la UE desestimó el recurso este jueves.
"El Tribunal de Justicia desestima el recurso interpuesto por Google y Alphabet contra dicha sentencia del Tribunal General, y confirma así la sanción que este les impuso, tal como fue revisada por el Tribunal General, por sus prácticas anticompetitivas relacionadas con el sistema operativo Android", indicó el Tribunal en un comunicado de prensa en el que anunciaba la decisión.
En 2025, la Comisión también impuso a Google una multa de 2.950 millones de euros por supuestas vulneraciones de las normas de competencia.
Según la Comisión, la empresa había falseado la competencia en el sector de la tecnología publicitaria, "favoreciendo sus propios servicios de tecnología de publicidad 'display' en línea en detrimento de los proveedores competidores de servicios de tecnología publicitaria, de los anunciantes y de los editores en línea".