La mayoría de las más de 72.000 personas que cruzaron desde Marruecos ya han regresado, pero unas 2.000 permanecen en la ciudad autónoma. Su futuro dependerá de si solicitan asilo, de su edad y de las circunstancias de cada caso.
Una semana después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos, la atención se desplaza de la emergencia en la frontera a una pregunta clave: ¿qué ocurrirá con los inmigrantes que aún permanecen en la ciudad autónoma?
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La gran mayoría de quienes cruzaron ya han regresado a Marruecos mediante retornos voluntarios o devoluciones efectuadas por las autoridades españolas. Sin embargo, unos 2.000 continúan en Ceuta a la espera de que se resuelva su situación administrativa, un proceso que dependerá de si solicitan protección internacional, de su nacionalidad, de su edad y de las circunstancias individuales de cada caso.
Según las últimas cifras facilitadas por el Gobierno el martes, alrededor de 2.000 de las más de 72.000 personas que cruzaron ilegalmente a Ceuta la semana pasada permanecen todavía en la ciudad autónoma. De ellas, más de 800 son menores de edad. Su presencia en el territorio ha causado malestar entre la población y ha desbordado por completo los centros de acogida de migrantes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó este jueves de la aprobación de una transferencia extraordinaria de cerca de 6,5 millones de euros destinada a Ceuta para reforzar los recursos de acogida y asistencia desplegados tras la llegada masiva de inmigrantes. Según el departamento, los fondos servirán para garantizar la atención social y sanitaria de las personas que permanecen en la ciudad autónoma.
Solicitar asilo cambia el procedimiento
Para muchos de los inmigrantes, la principal vía para evitar una devolución inmediata pasa por solicitar protección internacional. En los últimos días, las oficinas de asilo han comenzado a recibir las primeras solicitudes de quienes aseguran huir de conflictos, persecución o situaciones de riesgo en sus países de origen.
Aunque presentar una solicitud de asilo no garantiza obtener el estatuto de refugiado ni permanecer de forma definitiva en España, sí obliga a las autoridades a tramitar el expediente antes de ejecutar una eventual devolución. Durante ese proceso, la persona tiene derecho a que su caso sea estudiado individualmente conforme a la legislación española y europea.
Las autoridades deben valorar si concurren motivos de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social u otras circunstancias que justifiquen la protección internacional.
No todos seguirán el mismo camino
El futuro de quienes permanecen en Ceuta será diferente según cada situación. Quienes no soliciten protección internacional o cuya petición sea inadmitida o denegada podrán ser objeto de procedimientos de devolución o expulsión, siempre con las garantías previstas en la legislación de extranjería.
Otros permanecerán temporalmente en los dispositivos de acogida mientras se resuelven sus expedientes administrativos o judiciales.
Ceuta, además, mantiene un régimen migratorio singular. Permanecer en la ciudad no implica automáticamente poder desplazarse a la península, ya que ese traslado depende de la situación administrativa de cada persona y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.
Los menores siguen un procedimiento distinto
La situación de los menores extranjeros no acompañados está sujeta a una protección específica.
Antes de cualquier decisión, las autoridades deben identificar a los menores y, cuando existan dudas sobre su edad, realizar los procedimientos correspondientes para su determinación. Una vez confirmada su minoría de edad, pasan a estar bajo la tutela de la administración competente y no pueden ser tratados conforme al mismo procedimiento que los adultos.
La presión sobre los recursos de acogida continúa siendo uno de los principales desafíos para Ceuta. Más de un centenar de menores han sido alojados de forma provisional en un colegio habilitado como centro de emergencia, mientras el Gobierno mantiene el sistema de derivaciones hacia otras comunidades autónomas para aliviar la saturación de los dispositivos de acogida.
Aunque varias comunidades autónomas expresaron inicialmente su rechazo a acoger a los menores llegados a Ceuta alegando falta de capacidad, el Partido Popular ha acabado asegurando que cumplirá el sistema de redistribución previsto por la ley, si bien reclama que el reparto se realice con criterios objetivos, financiación suficiente y una planificación adecuada. Vox mantiene su oposición a los traslados.
Un proceso que puede prolongarse
Los procedimientos de asilo, las identificaciones, los recursos administrativos y las posibles repatriaciones pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, dependiendo de la carga de trabajo de la Administración y de las circunstancias individuales de cada expediente.
Tras la mayor entrada irregular registrada en la historia reciente de la ciudad autónoma, la gestión ya no gira únicamente en torno al control de la frontera, sino también al tratamiento jurídico de miles de personas cuyos casos deberán resolverse de manera individual conforme a la legislación española y europea.