La entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta, entre ellos menores no acompañados, ha llevado al límite la capacidad de acogida de la ciudad y reabierto el debate sobre su devolución. Pero ¿puede España devolverlos y bajo qué condiciones legales debe hacerlo? 'Euronews' se lo explica.
Dos semanas después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, unas 5.000 personas permanecen en Ceuta y la situación de los menores no acompañados se ha convertido en uno de los principales retos para las autoridades.
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Save the Children, organización que trabaja en la protección de la infancia, calcula que unos 4.000 menores se encuentran fuera del sistema de protección, mientras que Interior ha elevado a 1.898 el número de menores migrantes identificados.
La situación ha abierto un debate jurídico sobre qué puede hacer España con los menores que permanecen en Ceuta. Marruecos ha reclamado su devolución, pero las abogadas expertas en extranjería Glenda Fermín y Máchelin Díaz, consultadas por 'Euronews', coinciden en que cualquier retorno debe estudiarse de forma individual y respetar las garantías de protección del menor.
¿Puede España devolver a Marruecos a los menores no acompañados?
Sí, pero no de forma automática ni colectiva.
Glenda Fermín, abogada experta en Derecho de Extranjería por la Universidad de Granada, explica que la normativa permite la repatriación siempre que se siga "un proceso individualizado, no masivo".
Para ello, las autoridades deben comprobar que se trata de un menor, localizar a su familia y garantizar que puede hacerse cargo de él. Si la familia no puede asumir su cuidado, Fermín señala que debe garantizarse que las instituciones marroquíes se hagan cargo.
Máchelin Díaz, abogada experta en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Asilo por la Universidad Francisco de Vitoria, subraya que la petición de Marruecos no cambia este procedimiento: "Aunque Marruecos haya solicitado la devolución, debe ser primordial que es un menor y requiere un proceso individualizado para conocer sus circunstancias de indefensión".
¿Qué ocurre si no pueden ser devueltos?
Si no se encuentra a la familia, no existe un entorno seguro al que regresar o se determina que la devolución no beneficia al menor, el retorno no puede llevarse a cabo. Fermín explica que, si no existen garantías para la repatriación, el menor permanece en España y posteriormente puede ser trasladado a otra comunidad autónoma.
Las comunidades autónomas están obligadas a participar en el reparto. Según Fermín, existe una normativa de distribución mediante cuotas, aunque considera que algunas "torpedean esta norma". Díaz coincide en que deben acoger a estos menores.
El Gobierno ha anunciado 1.500 plazas temporales de acogida en Ceuta para aliviar la situación. Para Díaz, cualquier medida que evite que los menores permanezcan en la calle es positiva: "Nadie elige vivir en la calle. Ellos en su país no tienen nada".
¿Quién debe hacerse cargo de los menores?
Fermín señala que el Gobierno central tiene un papel fundamental en el procedimiento, que se tramita a través de la Subdelegación del Gobierno. La Fiscalía de Menores también interviene en el proceso y debe recibir información sobre las circunstancias del menor y su familia.
Díaz considera que el sistema está colapsado y critica la falta de medios para estudiar individualmente las circunstancias de cada menor. "De momento están en una indefensión porque no hay capacidad", afirma.
Si finalmente no se produce la repatriación y el Estado asume la tutela, los menores tienen derecho a recibir documentación y protección. También pueden solicitar asilo o protección internacional, aunque Díaz advierte de que "no tienen a nadie que los represente" y que los servicios sociales deben encargarse de esa función.
¿Qué ocurre cuando cumplen 18 años?
Cumplir 18 años no implica necesariamente abandonar España. Los menores tutelados pueden continuar legalmente en el país si cumplen los requisitos para regularizar su situación.
Fermín explica que pueden renovar su autorización y que un menor tutelado puede presentar un contrato de trabajo para continuar en España. Díaz añade que las recientes modificaciones del Reglamento de Extranjería permiten solicitar un permiso una vez alcanzada la mayoría de edad que ya no depende de la tutela.
Sin embargo, quienes no regularicen su situación pueden quedar en situación irregular. Fermín advierte de que podría generarse "una bolsa de jóvenes irregulares", aunque señala que más del 60% consigue regularizar su situación.
¿Qué supone trasladarlos a la Península?
El traslado de los menores a otras comunidades autónomas es posible si se sigue el procedimiento correspondiente y se respeta el interés superior del menor.
Para Díaz, "si se ha seguido el procedimiento y prevalece el interés del menor, sería lo correcto". Pero advierte de que, si no se cumplen las garantías, "tendría un efecto llamada muy contundente".
Para Fermín, el procedimiento jurídico existe, pero la cuestión también depende de la voluntad política: "La externalización de la frontera es un problema, jurídicamente existe el procedimiento, pero reflexión política y voluntad política".
Mientras continúa el debate sobre el reparto, las autoridades deben afrontar la situación inmediata de los menores que permanecen sin protección.
Para Díaz, la prioridad es garantizarles unas condiciones mínimas y después estudiar cada caso individualmente: "La solución para mí es dar albergue a estas personas, que se les dé refugio y unas condiciones mínimas y que posteriormente se valore caso por caso con medios suficientes".