Alrededor de 60.000 personas entraron en Ceuta esta semana. Al menos 67 murieron en el intento. El Gobierno atribuye el origen del colapso a una lectura equivocada de una sentencia del Tribunal Supremo, mientras la Ley de Extranjería marca plazos que no van a resultar fáciles de cumplir.
El Gobierno sostiene que todo empezó con un malentendido. A principios de julio, el Tribunal Supremo publicó un fallo que ratificaba dos sentencias anteriores: no se puede devolver en caliente a quien llega a nado o en embarcación a territorio español.
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La devolución inmediata solo cabe para quienes intentan cruzar "superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas". Según el Ejecutivo, las mafias que operan en la zona explotaron esa distinción para animar a miles de personas a lanzarse al mar, sabiendo que la vía marítima escapaba, al menos formalmente, a la devolución en caliente.
La propia resolución judicial deja una puerta abierta: colocar en el mar elementos equiparables a las fronteras terrestres permitiría aplicar el mismo régimen de rechazo. Pedro Sánchez ha recogido ese guante este viernes. Ha planteado situar boyas frente a Ceuta para que, "desde el punto de vista administrativo", exista una barrera de contención reconocible y se puedan producir devoluciones en frontera. Es una solución que no exige tocar la ley, aunque tampoco está exenta de dudas técnicas y jurídicas sobre su eficacia real.
La otra vía, más costosa políticamente, es reformar la Ley de Extranjería. Requiere mayoría absoluta en el Congreso, algo que el Gobierno no tiene en solitario. El PP ha pedido convocar una sesión extraordinaria entre este viernes y el domingo para cambiar la norma y habilitar las devoluciones en frontera de quienes entran a nado. Sánchez no ha cerrado la puerta a esa negociación, aunque el resultado dependerá de si logra sumar los apoyos necesarios en un Congreso fragmentado.
Lo que dice la ley sobre los adultos que ya están en Ceuta
Para quienes ya han pisado suelo ceutí, el procedimiento aplicable es el de devolución, recogido en la Ley de Extranjería. Tania García Sedano, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia comentó a 'RTVE' que la norma "establece la detención y devolución de las personas que accedan a territorio nacional por puesto no habilitado". El objetivo declarado del trámite es "restaurar la legalidad quebrantada", y para ello fija un plazo máximo de 72 horas desde la interceptación hasta la devolución al país de origen o procedencia.
Si ese plazo se agota sin resolución, la ley permite el ingreso en un centro de internamiento para extranjeros por hasta 60 días. Durante todo el proceso, los inmigrantes tienen derecho a asistencia letrada y a un traductor, y deben pasar por una entrevista individual con un agente de la Policía Nacional. Hay excepciones que la norma protege de forma expresa: no cabe devolver a quien solicita asilo ni a mujeres embarazadas.
El Ministerio del Interior anunció el jueves que había pactado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de todos los que cruzaron la frontera, idea que Sánchez ha reiterado este viernes.
Pero el propio marco legal complica esa rapidez, porque exige procesos individualizados, no colectivos, algo que en una crisis de esta magnitud plantea un desafío operativo considerable. Según el Ministerio del Interior, unos 48.300 inmigrantes habrían regresado ya de forma voluntaria a Marruecos.
Los menores, un procedimiento distinto y una cifra que se dispara
El caso de los menores sigue un camino separado, el de la repatriación, con más garantías porque debe primar su interés superior. Mientras se resuelve, tienen derecho a protección integral: vivienda, educación y sanidad a cargo de la administración.
García Sedano subraya que "el superior interés del menor se identifica, por regla general, con la permanencia del mismo en la familia y en el ámbito cultural del que procede", aunque eso debe conciliarse con un procedimiento legal específico. La experta pide que cualquier debate migratorio se mantenga "en el marco del pleno respeto de los Derechos Humanos" y advierte del riesgo de recurrir a "soluciones de excepción" que limiten el Estado de Derecho.
El precedente pesa. En 2021, el Gobierno pactó con Marruecos la devolución exprés de 50 menores sin seguir el trámite legal, sin audiencia al menor ni intervención de la Fiscalía. El Tribunal Supremo confirmó en enero de 2024 que aquello se hizo al margen de la ley. La entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta primera de la ciudad, Mabel Deu, fueron condenadas a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Ahora la cifra de menores en Ceuta ha vuelto a dispararse. Hasta el miércoles había 750 acogidos, un 2.400% por encima de la capacidad de la ciudad, según el presidente ceutí, Juan José Vivas. Algunas estimaciones apuntan a que en los últimos dos días podrían haber llegado hasta 7.000 más, aunque las autoridades no lo han confirmado.
El mecanismo de reparto entre comunidades fija un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, y permite activar la reubicación cuando se triplica la capacidad ordinaria. Ceuta cuenta sobre el papel con 27 camas. La ley da 15 días desde la llegada del menor para iniciar los traslados.
El reparto ya anticipa un nuevo choque político. En Extremadura, Castilla y León y Aragón, las competencias sobre menores recaen en consejeros de Vox, partido frontalmente opuesto a los traslados, que rompió sus pactos con el PP en julio de 2024 precisamente por este asunto.
Desde el Gobierno insisten en que ninguna comunidad autónoma puede negarse a la acogida, y que todos los recursos presentados hasta ahora contra el mecanismo han sido rechazados. Aun así, la disputa por dónde y cómo se distribuyen estos menores se perfila como el siguiente frente de la crisis.