La crisis se agravó el miércoles, tras un informe filtrado que acusa a fuerzas marroquíes de facilitar el paso de migrantes y sorprendió al Gobierno. Madrid niega haber ignorado advertencias sobre una ruptura inminente de la frontera.
El Gobierno español entró en crisis el miércoles después de que un informe policial filtrado sugiriera que fuerzas marroquíes contribuyeron a empujar a los inmigrantes hacia Ceuta en una violación sin precedentes de la frontera, lo que dejó a Madrid a la defensiva.
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Varios medios de comunicación, citando un documento policial, sostuvieron que las autoridades marroquíes ayudaron a impulsar la llegada de migrantes por mar, actuaron de forma "pasiva" y concluyeron que la llegada masiva de alrededor de 80.000 personas al enclave español no fue accidental.
Las acusaciones han desatado una tormenta política y han dejado al Ministerio del Interior español a la defensiva. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionado por su gestión del que se considera el fallo de seguridad nacional más grave de la España contemporánea, ordenó a la Policía que aclarara estas afirmaciones, que contradicen de forma directa el relato del Gobierno.
Más tarde, un alto mando policial negó que exista ningún informe que señale directamente a Marruecos, pero la declaración apenas sirvió para rebajar la tensión mientras el Gobierno de Sánchez trata de contener la crisis, con miles de migrantes aún atrapados en la ciudad, para desesperación de los vecinos.
El miércoles se celebraron protestas en apoyo a Ceuta en distintas ciudades españolas.La guerra de filtraciones apunta además a que el Ministerio del Interior, uno de los departamentos más sensibles del Gobierno, parece haber perdido el control sobre una parte de su Policía, que busca bien poner en evidencia al Ejecutivo, bien sacar a la luz nueva información.
No es raro que Gobierno y oposición en España se acusen mutuamente de "lawfare", en referencia al uso de tribunales o cuerpos policiales que se perciben alineados políticamente para obtener ventajas partidistas.
La cuestión de cuánto sabía el Gobierno español en las horas previas es clave para su supervivencia política, mientras Sánchez afronta la crisis más grave hasta la fecha antes de las elecciones previstas para 2027. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, declaró a los periodistas que el Gobierno "lo sabía y lo encubrió".
Consecuencias graves
España no ha señalado a Marruecos, incluso después de calificar los dramáticos hechos de Ceuta, donde murieron en el mar más de 150 personas, como una violación de su integridad territorial y de pedir solidaridad a sus socios europeos.
En su lugar, Madrid ha atribuido la avalancha a bulos en redes sociales vinculados a una sentencia judicial y a las redes de tráfico de personas como principales causantes de la llegada masiva, una tesis que comparte la Comisión Europea, que incluso mientras se desmoronaba la frontera seguía definiendo a Marruecos como un "socio fiable" en la lucha contra la inmigración irregular.
Un portavoz de la Comisión Europea rehusó comentar el informe filtrado y lo calificó de asunto interno. A comienzos de esta semana, Sánchez sugirió además que Rusia e Israel han contribuido a amplificar la desinformación. España e Israel mantienen un fuerte enfrentamiento diplomático por la guerra en Gaza.
Con todo, siguen abiertas las incógnitas sobre cómo las autoridades marroquíes, que también patrullan la frontera, no detectaron ni desmantelaron la concentración de migrantes a lo largo de la valla.
Juan Fernando López Aguilar, exministro socialista de Justicia y eurodiputado, declaró esta semana a 'Euronews': "Es evidente, no podría haber ocurrido sin cierta 'mirada hacia otro lado' por parte de las autoridades marroquíes".
"Es puro sentido común. Pero el Gobierno tiene que actuar sobre la base de hechos y pruebas", añadió en el programa de referencia de 'Euronews' Europe Today. Los ministros españoles han ofrecido versiones contradictorias sobre qué sabían en los días previos y si los servicios de inteligencia habían trasladado información crucial.
La cuestión es políticamente muy delicada, cualquier desatención de alertas vinculadas a la seguridad nacional supondría una grave negligencia y podría alimentar las peticiones de una moción de censura contra el presidente del Gobierno y su Ejecutivo.
Ceuta, al límite
Más allá de la batalla política, el Gobierno español afronta también serias dificultades operativas sobre el terreno en Ceuta, donde permanecen en la ciudad alrededor de 5.000 migrantes, de los que se estima que aproximadamente la mitad son menores. Las autoridades locales elevan la cifra hasta cerca de 10.000.
El miércoles, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró que la ciudad está al límite, señaló directamente a Marruecos y acusó a Rabat de acoso. "Marruecos ha tenido y sigue teniendo un objetivo inamovible: asfixiar, hostigar y derribar nuestras dos ciudades", afirmó, en referencia a Ceuta y a su ciudad gemela, Melilla, también situada en el norte de África.
"Creo que nadie duda de que lo que nos ha ocurrido no es una crisis migratoria. Lo que ha pasado es que se ha vulnerado la integridad territorial de España". Vivas ha exigido la devolución de todos los inmigrantes y sostiene que es la única forma de recuperar la normalidad en Ceuta. Pero las autoridades españolas deben hacer un difícil ejercicio de equilibrio.
Las estrictas leyes de protección de menores impiden devoluciones inmediatas, incluso si cruzaron de forma irregular, mientras las autoridades locales aún no han habilitado espacios públicos para la identificación de los migrantes, lo que provoca más retrasos administrativos.
Bajo la mirada atenta de sus socios europeos, Madrid ha prometido además que la situación en Ceuta no afectará al espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas en la UE, pero ese compromiso limita su capacidad para trasladar migrantes a la península y aliviar así la presión sobre la ciudad.
Ante la complejidad del escenario, las autoridades españolas han solicitado ya la asistencia de Frontex, la agencia de la UE encargada de la gestión de las fronteras exteriores del bloque. Las autoridades marroquíes sostienen que el plan de regularización masiva anunciado por España a comienzos de este año puede haber actuado como incentivo para que los migrantes intentaran cruzar.