El juez José Luis Calama no ve vulneraciones de derechos en la investigación sobre Plus Ultra y mantiene las pesquisas sobre el exmandatario. Además, acepta la personación de una asociación de Venezuela para proponer diligencias relacionadas con la dimensión venezolana del caso.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado la petición de nulidad presentada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no se vulneraron sus derechos fundamentales durante el procedimiento.
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La resolución, contra la que no cabe recurso, pone fin a la solicitud de nulidad planteada por la defensa del exlíder socialista, que sostenía que determinadas pruebas habían sido obtenidas y analizadas de forma ilícita y que las posibles irregularidades habrían transcendido al conjunto de las actuación posteriores.
El magistrado, que inicialmente no había admitido a trámite la petición por considerar que se había presentado fuera de plazo, decidió posteriormente examinar parte de los argumentos al considerar que el cómputo debía tener en cuenta el momento en que la defensa tuvo acceso a determinados documentos de la causa.
Calama rechaza que el análisis policial de conversaciones relacionadas con un abogado supusiera una intromisión no autorizada en el secreto de las comunicaciones o en la privacidad. Según la resolución, los datos analizados habían sido obtenidos previamente con autorización judicial francesa y cooperación de un tribunal español.
El juez también descarta que la Fiscalía Anticorrupción desarrollara una investigación paralela, al margen del control del juzgado y considera ajustada a derecho la apertura de una pieza separada.
La investigación trata de determinar si Zapatero intervino irregularmente en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, además de examinar otras operaciones y unas joyas localizadas en su despacho, valoradas provisionalmente en 1,3 millones de euros.
La dimensión venezolana del caso
En la misma resolución, Calama ha aceptado la personación como acusación popular de la asociación Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (Urvex), que podrá proponer diligencias relacionadas con la dimensión venezolana de los hechos investigados.
La organización se incorpora a la acusación popular encabezada por el Partido Popular, en la que también participan Vox y organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum.
Por otra parte, el magistrado ha rechazado desbloquear una cuenta de Agropecuaria Lucena, sociedad propiedad del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez. El juez considera que la empresa presenta características compatibles con una sociedad instrumental y mantiene el bloqueo ante el riesgo de que los fondos puedan dificultar la investigación o su eventual decomiso.
La Fiscalía también señaló que la sociedad realizó pagos en 2020 a Whatthefab, empresa perteneciente a las hijas de Zapatero, Laura y Alba, ambas investigadas en la causa.