El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la inscripción electoral de parte de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, tras los recursos de Vox e Iustitia Europa, mientras decide si la interpretación de 2022 sobre el exilio se ajustaba a la ley.
El Tribunal Supremo ha decidido frenar, de forma cautelar, el derecho a voto de una parte de los cientos de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la conocida como 'ley de nietos'.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó este martes suspender la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados que no acrediten directamente el exilio de sus ascendientes, apenas 24 horas después de la vista celebrada ante la Sala Tercera.
La decisión, adoptada a petición de Vox e Iustitia Europa, no toca la nacionalidad ya concedida, pero deja en el aire el voto exterior de un colectivo que ronda las 300.000 personas.
Qué es la 'ley de nietos'
Pese al nombre con el que se popularizó, la 'ley de nietos' no es una norma independiente, sino la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022), en vigor desde octubre de 2022.
Permitía optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles de origen que hubieran tenido que exiliarse por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación e identidad sexual, y que por ello hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad.
El plazo para solicitarla, de dos años prorrogables a tres, se cerró en octubre de 2025, después de que más de 2,4 millones de personas, muchas de ellas en Cuba, México, Argentina y Venezuela, pidieran acogerse a esta vía.
Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 544.722 solicitudes ya habían sido aprobadas, y unas 306.000 personas figuraban inscritas en el CERA a 31 de marzo de 2026.
Por qué la ha suspendido el Supremo
El litigio no cuestiona la ley en sí, sino cómo se aplicó. En octubre de 2022, el Ministerio de Justicia dictó una instrucción que estableció una presunción de exilio para todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditarlo caso por caso.
Vox e Iustitia Europa sostienen que esa instrucción amplió el alcance de la ley más allá de lo que el legislador aprobó, y advirtieron de que las próximas elecciones podrían quedar "irreversiblemente" viciadas si no se frenaban de inmediato las altas automáticas en el censo exterior.
La Sección Cuarta les ha dado la razón, al menos de forma provisional, y ha pedido a la Junta Electoral Central que separe los expedientes tramitados por exilio directamente acreditado de los aprobados al amparo de aquella instrucción de 2022, que son los que quedan en suspenso.
Qué cambia y qué no cambia
Conviene no confundir los planos. El Supremo no ha paralizado la Ley de Memoria Democrática, no ha detenido los expedientes de nacionalidad en trámite ni ha anulado ninguna nacionalidad ya concedida.
Lo que ha suspendido, mientras resuelve el fondo del recurso, son los efectos electorales: la inscripción en el CERA, y por tanto el voto CERA, de quienes no acrediten de forma directa el exilio de sus abuelos o padres según los términos estrictos de la ley. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por medios españoles señalan que adoptar una cautelar de este calibre, poco habitual en lo contencioso-administrativo, ya da alguna pista de por dónde puede ir la sentencia definitiva.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se opusieron a la medida durante la vista, al considerar que podía restringir un derecho fundamental de personas que ya habían adquirido la nacionalidad de pleno derecho.
La resolución ha reabierto de inmediato la pugna entre Gobierno y oposición sobre el peso electoral del voto exterior. El ministro Félix Bolaños ha pedido al Supremo que resuelva "lo antes posible" y, en todo caso, antes de las citas electorales de 2027, y ha recordado que en las generales de 2023 el recontado del CERA terminó perjudicando al PSOE, pese a las mismas acusaciones de manipulación que se repiten ahora.
Desde Sumar, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero ha calificado la decisión como una prueba más de que "el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne". En el lado contrario, Alberto Núñez Feijóo ha resumido la lectura del PP en dos palabras: Teníamos razón", mientras Vox celebra el fallo como un primer triunfo judicial, aunque su dirigente Jorge Buxadé ya ha avisado de que la suspensión cautelar "no es suficiente" y que seguirán presionando por el fondo del asunto.
La pelota queda ahora en el tejado del propio Supremo, que debe fijar fecha para resolver definitivamente si la instrucción de 2022 se ajustó o no a la ley. Hasta entonces, miles de nuevos españoles, muchos de ellos sin haber pisado nunca España, seguirán teniendo pasaporte, pero no papeleta.