La 'ley de nietos' permite a hijos y nietos de españoles que emigraron recuperar la nacionalidad sin residir en España. El plazo para nuevas solicitudes cerró en octubre de 2025, aunque miles de expedientes siguen en trámite y la norma vuelve a estar en el centro del debate político.
A pesar del nombre con el que se la conoce popularmente, la 'ley de nietos' no existe como tal: es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por las Cortes y en vigor desde el 21 de octubre de 2022. Su objetivo es reconocer la nacionalidad española a los descendientes de quienes emigraron y perdieron o renunciaron a su ciudadanía por motivos de exilio político, ideológico, religioso o por su orientación o identidad sexual durante la Guerra Civil y la dictadura.
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Quedan incluidos quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978, fecha que marca el fin del periodo considerado de exilio a efectos de esta ley. A diferencia de otras vías de acceso a la nacionalidad, no exige haber residido nunca en territorio español: basta con acreditar el vínculo familiar y las circunstancias del exilio del ascendiente. El Gobierno defiende la medida como una reparación pendiente con quienes tuvieron que marcharse, mientras la oposición la lee como una puerta abierta de forma excesivamente generosa.
Quién puede pedirla y qué hay que presentar
El derecho alcanza a hijos, hijas, nietos y nietas nacidos fuera de España de personas originariamente españolas que se vieron forzadas a abandonar el país en esas condiciones. Entre la documentación habitual se encuentran las actas de nacimiento y matrimonio que prueban el parentesco, el pasaporte o la partida de defunción del progenitor español, y, en los casos de exilio político, pruebas adicionales como certificados de partidos políticos o pensiones reconocidas como exiliado. Cuando no existe inscripción de nacimiento del familiar español, se admiten otros documentos que acrediten su nacionalidad, como pasaportes u otros registros oficiales.
La tramitación corre a cargo del Registro Civil en España o del consulado correspondiente en el país de residencia del solicitante, y varía ligeramente según el supuesto concreto que aplique a cada caso. Países como Argentina, con una colonia de descendientes especialmente numerosa, han visto consulados desbordados por el volumen de citas solicitadas.
La norma nació con un plazo de dos años, que después se amplió hasta octubre de 2025. El cierre definitivo para presentar nuevas solicitudes se fijó el 22 de octubre de ese año, por lo que en 2026 esta vía ya no admite trámites nuevos. Eso no significa que el asunto esté cerrado: los expedientes presentados dentro de plazo siguen en proceso de resolución en registros civiles y oficinas consulares, con tiempos de espera que en muchos casos se han alargado por el elevado volumen de solicitudes acumuladas.
Cómo han actuado otros países con leyes similares
España no es el único país que ha tenido que lidiar con una avalancha de solicitudes de nacionalidad por ascendencia, y tampoco el único donde el debate ha terminado en recorte de derechos. Italia vivió un fenómeno casi idéntico, con un modelo incluso más generoso que el español, que permitía reclamar la ciudadanía a partir de cualquier antepasado italiano vivo en 1861, lo que provocó una avalancha de solicitudes desde Argentina y Brasil.
El Gobierno de Giorgia Meloni frenó esa vía en marzo de 2025: la ley resultante limitó la transmisión automática a solo dos generaciones, exigió un vínculo real con el país y trasladó la gestión de los consulados a una oficina central, después de calcular en varias decenas de millones el número de personas que en teoría podían optar a la ciudadanía.
Portugal siguió un camino parecido con su ley de 2015 para descendientes de judíos sefardíes, que recibió alrededor de 140.000 solicitudes y concedió la nacionalidad a unos 57.000 descendientes hasta finales de 2021. Las sospechas de fraude, incluido el caso del magnate ruso Roman Abramovich y la detención de un rabino que certificaba expedientes en Oporto, llevaron a Lisboa a endurecer el procedimiento exigiendo un vínculo efectivo con el país y a cerrar finalmente la vía. España tuvo una ley sefardí equivalente, que cerró a nuevas solicitudes en 2019, justo cuando empezaba a tramitarse la 'ley de nietos'.
Austria optó por un modelo distinto: su reforma de la Ley de Nacionalidad, ampliada en 2022, abrió la ciudadanía a los descendientes directos de quienes tuvieron que huir de la persecución nazi, sin exigir idioma ni residencia y permitiendo mantener el otro pasaporte, algo que en otros casos no está permitido. Se calcularon entonces al menos 200.000 posibles solicitantes repartidos entre Estados Unidos, Reino Unido e Israel.
Por qué ha vuelto a la actualidad
El goteo de nuevas nacionalizaciones derivadas de estas solicitudes ha reactivado la polémica política en España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes al Gobierno de usar la ley con fines electorales, mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advirtió a los cónsules de que conceder la nacionalidad a quien no corresponde es ilegal.
A ello se suma una denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa ante la Junta Electoral Central, que cuestiona cómo se asigna la provincia de voto a los nuevos electores residentes en el extranjero, en un contexto en el que la población española censada fuera del país alcanzó los 3.202.002 inscritos a 1 de enero de 2026, un 5,1% más que el año anterior.
Según esa misma denuncia, el Gobierno habría nacionalizado a 34.000 personas por esta vía solo en el primer trimestre del año, una cifra que las asociaciones críticas con la norma esgrimen como prueba de que el proceso se ha acelerado justo cuando se acerca el cierre administrativo de los expedientes pendientes.