Presionada por los Estados miembros, la Comisión Europea se dispone a redoblar sus esfuerzos contra las llegadas irregulares, con tres opciones sobre la mesa que podrían anunciarse en el próximo discurso sobre el Estado de la Unión.
Se espera que la Comisión Europea endurezca aún más su política migratoria tras la crisis de Ceuta, con cambios de calado que deberían adoptarse en los próximos meses y que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, podría anunciar esta semana en su discurso sobre el estado de la Unión.
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Los acontecimientos del 30 de julio supusieron la mayor afluencia de migrantes en situación irregular de los últimos años, con unas 80.000 personas que entraron en un solo día en la ciudad autónoma española, lo que añadió presión a una iniciativa política en marcha para endurecer las normas de migración en la legislación a escala de la UE.
Pese a un descenso constante tanto de los cruces irregulares como de las solicitudes de asilo en la UE desde 2023, tres nuevas opciones están ahora sobre la mesa para reforzar las fronteras exteriores del bloque y aumentar las devoluciones de migrantes en situación irregular según varios responsables de la UE, diplomáticos y eurodiputados consultados por 'Euronews'.
"Las imágenes que hemos visto este verano son demasiado perturbadoras para los europeos", opina un responsable de la UE. "Sin duda hay que anunciar algo importante en materia de migración". Las opciones no son excluyentes y Von der Leyen podría decidir finalmente impulsar más de una.
La suspensión temporal del derecho de asilo
La propuesta más rupturista que se debate actualmente plantea una suspensión temporal de las normas de asilo en casos de llegadas súbitas y a gran escala. Esto significaría que los países de la UE ya no estarían obligados a tramitar las solicitudes de asilo de personas que hayan entrado de forma irregular en circunstancias como las registradas en Ceuta. "Esta idea está sobrevolando el debate y supondría un cambio significativo", señala otro responsable de la UE a 'Euronews'.
Con las normas actuales, cualquier ciudadano extranjero presente en un país de la UE tiene derecho a solicitar asilo, con independencia de cómo haya llegado a Europa, y su petición se evalúa caso por caso. El cambio cuenta con el impulso de algunos Estados miembros que ya han adoptado medidas similares en los últimos años.
Grecia suspendió durante tres meses, en julio de 2025, la tramitación de solicitudes de asilo de migrantes que llegaban por mar desde Libia, mientras que Polonia mantiene desde marzo de 2025 una prohibición similar para los migrantes que cruzan la frontera desde Bielorrusia.
Sería un paso más en el endurecimiento del derecho de asilo, tras la entrada en vigor el pasado junio de nuevas normas que aceleran el proceso de asilo mediante un "procedimiento en frontera" para las personas procedentes de países considerados seguros.
Más competencias para Frontex
El deseo de la Comisión Europea de aumentar tanto las competencias como el tamaño de la agencia de fronteras Frontex no es nuevo, pero lo sucedido en Ceuta le ha dado un nuevo impulso, según un responsable comunitario.
Von der Leyen prometió triplicar la plantilla de la agencia europea de fronteras en su discurso de reelección ante el Parlamento Europeo en julio de 2024, hasta alcanzar los 30.000 agentes. Frontex también tiene previsto recibir 12.000 millones de euros en el próximo presupuesto plurianual de la UE, el doble de su asignación anterior. Se espera una reforma de amplio alcance de su mandato antes de final de año, aunque los detalles siguen sin estar claros.
"Los cambios podrían incluir la participación en las devoluciones de migrantes, una cooperación más amplia con terceros países y un papel más activo en la vigilancia", explica a 'Euronews' un responsable de Frontex, que añadió que es probable que en octubre se presente una propuesta concreta.
En esta fase, ni siquiera el consejo de administración de la agencia conoce plenamente los planes de la Comisión, y su director, Hans Leijtens, no ha sido informado por la oficina de Von der Leyen sobre el contenido del discurso.
"La gran cuestión es si Frontex podrá hacerse cargo de las competencias de las autoridades nacionales en situaciones de crisis como la de Ceuta", declara un eurodiputado veterano conocedor del dosier, que expresó sus dudas de que eso pueda suceder. La agencia podría asumir en cambio un papel en la expulsión de inmigrantes en situación irregular a terceros países distintos de su país de origen, como prevé el nuevo Reglamento de Retornos, cuya adopción formal está prevista para otoño.
Dinero de la UE para los centros de retorno
Los centros de deportación que permite este reglamento son otro ámbito en el que la Comisión podría dar un paso decidido. La legislación concede a los Estados miembros una amplia autonomía para definir acuerdos con terceros países que albergarán los llamados centros de retorno. Cinco Estados miembros de la UE mantienen ya negociaciones avanzadas con algunos países socios, cuyos nombres no se han hecho públicos, con el objetivo de iniciar las expulsiones en 2026.
La gran novedad podría ser el compromiso de financiar los centros con cargo al presupuesto comunitario, ya que la propuesta de la Comisión asigna 74.000 millones de euros a la gestión de la migración para el periodo 2028-2034.
"La mayoría de los Estados miembros ha mostrado interés por este tipo de proyectos. No puede descartarse que en el futuro exista una fórmula común de financiación", señala un responsable de la UE, en referencia a una carta conjunta fechada en junio en la que 19 países de la UE elogiaban "soluciones innovadoras" destinadas a reducir los flujos de inmigración irregular.
Más allá del respaldo de la mayoría de los Estados miembros, las tres propuestas cuentan con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), lo que podría facilitar su aprobación en el Parlamento Europeo. Como ha ocurrido con todos los expedientes relacionados con migración en el marco de la actual legislación, el PPE podría sacar adelante los cambios con una mayoría apoyada en eurodiputados conservadores de derechas y de extrema derecha.
Mientras tanto, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos políticos de izquierdas se preparan para cuestionar cualquier anuncio en el discurso sobre el estado de la Unión, tras haber criticado ya con dureza las recientes orientaciones de la Comisión en materia de política migratoria. "Persistir en la misma dirección es un error terrible", declara la eurodiputada ecologista Mélissa Camara.