En 2026, los países de la UE deben poner en marcha sus propias aplicaciones de la Cartera de Identidad Digital, que permitirá guardar y compartir datos personales de forma segura. Italia, Francia y Finlandia están entre los países más avanzados. ¿En qué punto se encuentra el resto?
Bruselas quiere agilizar y simplificar los trámites administrativos personales. Antes de que acabe el año, la UE pondrá en marcha laCartera de Identidad Digital de la UE (EUDI Wallet).
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Es un espacio digital privado en el que ciudadanía, residentes y empresas pueden guardar y compartir documentos personales, acceder a servicios públicos y privados y firmar documentos de manera digital.
La Cartera de Identidad Digital es una aplicación gratuita que los usuarios pueden descargar en sus dispositivos móviles. Reduce la dependencia de las soluciones de almacenamiento de las grandes empresas tecnológicas, como Apple y Google Wallet, y de los sistemas nacionales, y al mismo tiempo da a los usuarios más control sobre sus datos personales.
No habrá una única aplicación de cartera digital para toda la UE. Cada Estado miembro tendrá que crear la suya propia. Estas aplicaciones compartirán los mismos estándares técnicos, lo que permitirá a los usuarios acceder a sus carteras y a los proveedores de servicios ofrecerlos en cualquier lugar de la UE y en cualquier momento.
Qué es la EUDI Wallet
La EUDI Wallet forma parte del Reglamento eIDAS 2.0, que pretende crear un mercado digital único para la identificación electrónica. Es una aplicación de identidad digital para la ciudadanía, los residentes y las empresas de la UE que simplifica el almacenamiento de documentos, agiliza la identificación digital y la hace más segura y fiable.
En lugar de llevar copias impresas de los documentos personales o utilizar varias aplicaciones de almacenamiento en el móvil, la cartera permite a los usuarios guardar todos sus documentos importantes en un único espacio digital privado. Puede incluir credenciales oficiales como el documento nacional de identidad o los certificados de nacimiento.
También pueden incorporarse recetas médicas, títulos universitarios, versiones digitales del permiso de conducir, abonos de gimnasio y tarjetas de embarque.
A través de la cartera, los usuarios pueden compartir documentos con autoridades públicas y privadas, en línea y fuera de línea, en toda la UE. Por ejemplo, al solicitar un empleo en Alemania, pueden mostrar a los empleadores un título universitario español sin tener que volver a presentar toda la documentación.
Al alquilar un piso en Estocolmo, pueden enseñar su historial de alquiler en Milán directamente desde la cartera, sin necesidad de utilizar una aplicación nacional.
Los usuarios pueden acceder a servicios públicos nacionales o transfronterizos, incluidos portales de seguro de enfermedad o de seguridad social, o solicitar un pasaporte o presentar la declaración de la renta. También tienen acceso directo a servicios privados, como pedir un préstamo bancario o abrir una cuenta bancaria en línea.
Al solicitar servicios, los usuarios deben identificarse, pero mantienen el control de su identidad digital durante todo el proceso.
"La gente debería tener derecho a decir que no, a no compartir ninguna información o a compartirla solo de forma selectiva. Por ejemplo, si alguien te pide el carné de estudiante, podrías darle el nombre de tu universidad y quizá la titulación que estudias, pero no tu número de estudiante", explicó Thomas Lohninger, director ejecutivo de la ONG de derechos digitales epicenter.
Las funciones integradas, como la "divulgación selectiva" y la "prueba de conocimiento cero", permitirán a los usuarios compartir solo la información necesaria sin revelar otros datos identificativos. Así se garantiza que los proveedores de servicios recojan únicamente los datos mínimos imprescindibles para prestar un servicio. A través de un panel de privacidad, los usuarios podrán seguir quién tiene acceso a sus datos, mientras que los emisores de documentos digitales no podrán rastrear ni perfilar a los usuarios.
Los usuarios pueden firmar documentos directamente desde la cartera con una firma electrónica gratuita que tiene la misma validez jurídica que una firma manuscrita en todos los Estados miembros.
Seguridad y privacidad
Dado que la cartera reúne una amplia gama de credenciales esenciales en un único sistema digital, centralizar tanta información sensible crea un punto único de fallo.
"Si pones todos los huevos en la misma cesta, esperas que esa cesta no se rompa nunca", señaló Lohninger. Un ciberataque, un fallo técnico o una caída del sistema podrían afectar potencialmente al acceso a todo, desde el transporte público y los servicios administrativos hasta las cuentas digitales y los documentos de identidad.
Si el teléfono de un usuario se ve comprometido o es robado, el ladrón podría obtener acceso inmediato a toda la información legal, médica y profesional de esa persona.
En segundo lugar están los riesgos técnicos. Aunque el marco jurídico prohíbe a los Estados miembros rastrear el uso de la cartera, la aplicación sigue teniendo que comunicarse con los servidores gubernamentales para comprobar si una credencial es válida.
Si un Estado aplica un sistema centralizado de verificación, se crea un rastro digital. Esto permitiría a un Gobierno o a empresas privadas colaboradoras cruzar marcas temporales y claves, siguiendo con precisión dónde y cuándo se autentica una persona.
También preocupa cada vez más lo que los defensores de la privacidad llaman "sobreidentificación". Lohninger sostiene que la cartera podría hacer que la identificación verificada sea tan fácil y barata que las organizaciones empiecen a exigirla incluso donde antes no era necesaria. "Cosas que hoy podemos hacer de forma seudónima o anónima podrían pasar cada vez más a exigir el uso del nombre real", afirmó.
Los riesgos variarán en función de cómo decida cada Estado miembro almacenar los datos. La opción que garantiza mayor privacidad es una arquitectura descentralizada, en la que todas las credenciales residen exclusivamente en el chip físico de seguridad del teléfono inteligente.
Pero si un país prefiere copias de seguridad en la nube o servidores centrales, se crea un objetivo enorme para los ciberdelincuentes y las amenazas internas, lo que debilita de forma significativa la seguridad de los datos.
Algunas de las garantías de privacidad previstas para la cartera también dependen de tecnologías criptográficas que aún se están desarrollando. Lohninger mencionó las pruebas de conocimiento cero, que podrían permitir, por ejemplo, que alguien demuestre que es mayor de 18 años sin revelar su fecha de nacimiento.
Pero advirtió de que parte de la infraestructura técnica necesaria sigue sin concluir y describió algunas de estas tecnologías de preservación de la privacidad como "la frontera de la ciencia criptográfica". En la práctica, señaló, los desarrolladores tratan de equilibrar un triángulo complejo de privacidad, seguridad y facilidad de uso.
Quién está detrás de la EUDI
En el sistema intervienen tres actores que colaboran para que funcione. Los proveedores de carteras son empresas privadas que desarrollan las aplicaciones, las ponen a disposición de los usuarios para su descarga y ofrecen soporte técnico.
Los emisores son organizaciones de confianza, públicas o privadas, que expiden documentos digitales como títulos académicos, permisos de residencia y permisos de conducir. Los proveedores de servicios son entidades públicas o privadas que utilizan la información de la cartera y solicitan la autenticación del usuario antes de prestar su servicio, como farmacias o universidades.
Seis proyectos piloto a gran escala (LSP, por sus siglas en inglés) combinan la experiencia del sector público y del privado para probar y mejorar la funcionalidad de la cartera en diversos escenarios de la vida real, como la compra de billetes y la facturación en viajes, antes de su despliegue.
Un total de 550 empresas privadas y autoridades públicas de la UE, Noruega, Islandia y Ucrania participan en los LSP actuales y prueban más de 11 casos de uso cotidianos.
Actualmente hay dos LSP activos, mientras que otros cuatro comenzaron en 2023 y ya han concluido su trabajo. APTITUDE prueba la cartera para aplicaciones como las Credenciales de Viaje Digitales (DTC), una versión digital segura del pasaporte que permite controles fronterizos más rápidos y fluidos.
El consorcio WE BUILD se centra en simplificar las interacciones de pago entre empresas, entre empresas y administraciones y entre empresas y consumidores.
Cada Estado miembro contará con su propia aplicación nacional de cartera. La Comisión ha creado una caja de herramientas común para toda la UE que los proveedores de carteras deben aplicar. Incluye especificaciones técnicas como estándares, protocolos y formatos acordados.
Situación nacional
Los países de la UE corren contrarreloj, ya que tienen que ofrecer a la ciudadanía una cartera EUDI plenamente operativa antes de finales de 2026. Pero Lohninger prevé un despliegue desigual.
"Muy pocos Estados miembros podrán cumplir este plazo", pronosticó, ya que algunos países pueden lanzar sistemas que se parezcan a la cartera sin ser plenamente funcionales o interoperables desde el principio. A la cabeza están Italia, Francia, Finlandia y Bulgaria.
Su estrategia ha sido aprovechar los servicios digitales preexistentes y las aplicaciones ya muy extendidas, actualizándolos para adaptarlos a la EUDI. Ya cuentan con entornos de prueba abiertos en los que desarrolladores y verificadores externos de credenciales pueden integrarse en la futura infraestructura de la cartera.
El Gobierno italiano ha integrado el marco EUDI directamente en su popular aplicación de servicios públicos IO, a través de la iniciativa IT-Wallet. Los ciudadanos italianos ya pueden cargar tarjetas sanitarias digitales y permisos de conducir en un entorno de pruebas en vivo.
Mientras tanto, Francia ha lanzado el EUDIW Unfold Playground dentro de su ecosistema preexistente France Identité. Es un entorno de pruebas especializado que permite a herramientas tecnológicas externas emitir y verificar credenciales digitales dentro del entorno francés.
Otro país que avanza rápido es Croacia, que está reprogramando su aplicación preexistente Certilia Wallet para alinearla con el estricto Marco de Referencia de Arquitectura de la UE.
Esto le permite convertir una aplicación nacional ya consolidada en una cartera europea conforme a la legislación con bastante antelación al plazo, ahorrando tiempo y recursos de desarrollo.
Otros Estados miembros se enfrentan a problemas de ejecución técnica, cuellos de botella administrativos, motivaciones comerciales y cuestiones de seguridad. Muchos paísescarecen de un marco local de ciberseguridad que permita certificar rápidamente aplicaciones con este nivel de exigencia.
Suecia y Alemania aún no han encontrado una fórmula de implantación práctica, y Suecia ha publicado una hoja de ruta que sitúa el lanzamiento de la EUDI Wallet en 2028 o 2029.
Alemania no ha pasado de la fase de prototipo a un despliegue nacional coherente, el proceso se ve ralentizado por unos procedimientos de contratación complejos y el debate sobre si la cartera debe ser totalmente pública o un modelo mixto público-privado.
Todo ello mientras Grecia, Eslovaquia y otros países siguen atascados en fases de pruebas privadas. A diferencia de Italia o Francia, no cuentan con un entorno de pruebas público abierto ni con API externas para que los desarrolladores ensayen sus soluciones. Rumanía estaba en este grupo hasta que una alianza privada con Mastercard le permitió acelerar un modelo híbrido.