El Gobierno aprueba dos decretos de vivienda con medidas para frenar los desahucios y la especulación, combatir el fraude en los alquileres y facilitar el acceso a la compra, además de reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler.
El Gobierno español ha aprobado este martes dos reales decretos-ley para tratar de contener la crisis de la vivienda, con medidas que van desde una mayor protección frente a los desahucios y límites a las compras especulativas hasta incentivos fiscales, nuevas reglas para los alquileres y financiación a tipo cero para facilitar el acceso a la primera vivienda.
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El paquete llega en un momento de creciente presión social por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder tanto al alquiler como a la propiedad. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha definido la vivienda como "el principal problema de los españoles" y ha presentado las medidas como una respuesta amplia a una crisis que considera especialmente "compleja".
El acuerdo se divide en dos reales decretos-ley diferenciados. El primero concentra el grueso de las medidas y se estructura en cuatro grandes áreas: protección frente a los desahucios, lucha contra la especulación, medidas contra el fraude en los alquileres y actuaciones destinadas a mejorar la asequibilidad. El segundo se centra específicamente en reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler.
Su aprobación, sin embargo, ha llegado 'in extremis' tras una intensa negociación dentro del propio Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros comenzó con más de una hora de retraso ante las discrepancias de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, sobre las concesiones planteadas a Junts, el partido independentista catalán cuyos votos pueden resultar determinantes para que las medidas sean convalidadas posteriormente por el Congreso.
"Ha sido un texto muy difícil y complejo", ha reconocido Rodríguez tras la reunión, agradeciendo la "generosidad" de quienes han participado en su elaboración. Según la ministra, el texto ha contado con aportaciones de grupos políticos, organizaciones sociales y expertos.
El Gobierno quiere ahora acelerar su tramitación parlamentaria y ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes. "Vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible", ha señalado Rodríguez, que ha calificado la norma de "ambiciosa" y ha asegurado que existe "un gran consenso social en nuestro país acerca de estas medidas para paliar la crisis de la vivienda".
Cuatro grandes bloques en el primer decreto
El primero y más amplio de los dos reales decretos-ley se articula, según ha explicado la ministra, en cuatro grandes bloques de medidas destinadas a actuar sobre diferentes vertientes de la crisis de la vivienda.
El primero busca reforzar la protección frente a los desahucios. "No queremos más casos como el de Maricarmen", ha proclamado Rodríguez. El Gobierno plantea ampliar hasta 2030 la vigencia del denominado escudo social, con el objetivo de reforzar la protección de las personas vulnerables ante la pérdida de su vivienda.
"Pongamos pie en pared a la especulación", ha defendido la ministra al presentar el segundo bloque. El Ejecutivo pretende frenar las compras especulativas de vivienda e identificar a las empresas que realizan este tipo de operaciones para impedir que continúen "mercadeando con un bien esencial".
El Gobierno también quiere actuar sobre las adquisiciones realizadas por los denominados fondos buitre y utilizar la fiscalidad para orientar las inversiones hacia la vivienda asequible en lugar de hacia operaciones de carácter especulativo.
El tercer bloque pone el foco en el fraude en los alquileres, particularmente en el uso de contratos de temporada y por habitaciones para eludir la regulación aplicable al alquiler residencial.
Rodríguez también ha señalado a los pisos turísticos ilegales, que, según ha indicado, deberían estar siendo clausurados por las comunidades autónomas competentes. A ello se suma una nueva medida fiscal: el Gobierno establecerá un IVA del 10% para los pisos turísticos.
Bonificaciones fiscales y financiación a tipo cero
El cuarto bloque está dirigido a mejorar la asequibilidad y el acceso a la vivienda. Entre las medidas anunciadas figuran bonificaciones fiscales para los propietarios, con las que el Ejecutivo sostiene que habrá familias que podrán llegar a ahorrarse el equivalente a una mensualidad de alquiler.
El Gobierno pretende acompañar así las medidas regulatorias con incentivos fiscales, pero también facilitar el salto del alquiler a la propiedad a quienes, pese a disponer de unos ingresos suficientes, tienen dificultades para acumular los ahorros necesarios para comprar una vivienda.
Para estos casos, Rodríguez ha anunciado 'Tu Casa', un nuevo mecanismo de financiación a tipo cero destinado a facilitar el acceso a la primera vivienda. El Ejecutivo también quiere aumentar la construcción de vivienda asequible y ha anunciado una rebaja del IVA al 4% para las viviendas protegidas y de promoción pública.
Un segundo decreto para dar estabilidad al alquiler
Al margen de este gran paquete de medidas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo real decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler.
Rodríguez ha explicado que este segundo texto aborda "un aspecto muy concreto" dentro de la crisis de la vivienda de alquiler y ha defendido que el Ejecutivo lleva tiempo intentando modificar el actual modelo para proporcionar una mayor seguridad a quienes viven arrendados.
La ministra ha puesto como ejemplo Casa 47, donde una de las novedades, según ha explicado, es que los contratos están concebidos "para toda la vida". "Queremos dar esa estabilidad para poder vivir de alquiler de forma tranquila", ha resumido Rodríguez sobre la filosofía del segundo real decreto-ley.
La división en dos textos permite así separar el paquete general de medidas, que incluye actuaciones sobre desahucios, especulación, alquileres de temporada, pisos turísticos, fiscalidad y acceso a la propiedad, de las medidas específicamente dirigidas a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler.
Una negociación al límite entre Sumar y Junts
El acuerdo ha llegado después de una mañana especialmente tensa dentro del Ejecutivo. Fuentes presentes en la negociación habían informado de que se trabajaba con dos documentos para tratar de conciliar las posiciones de los independentistas conservadores catalanes de Junts con las de Sumar y Podemos, fuerzas con planteamientos muy diferentes en materia de vivienda.
Fuentes de la negociación aseguraron a 'RTVE' que los cinco ministros de Sumar llegaron a permanecer hasta 15 minutos fuera del Consejo de Ministros, en torno a las 10:30, como medida de presión para incidir en cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada.
A esa hora, los grupos parlamentarios necesarios para la posterior convalidación tampoco habían recibido nuevas noticias. Desde Junts sostenían que el PSOE estaba de acuerdo con sus consideraciones y señalaban las discrepancias con Sumar como el principal obstáculo para cerrar el acuerdo.
Superado el Consejo de Ministros, la batalla se traslada ahora al Congreso. El Gobierno deberá conseguir los apoyos suficientes para convalidar los textos, en un escenario marcado por las posiciones enfrentadas de varios de los grupos de los que depende la mayoría parlamentaria.
La presión de las protestas en la calle
El Ejecutivo también llega a este acuerdo bajo la presión de las movilizaciones por la vivienda. El Sindicato de Inquilinas es una de las organizaciones que se encuentran detrás de la acampada instalada en la Puerta del Sol, además de las protestas desarrolladas en otras ciudades españolas.
Tras celebrar una asamblea entre las distintas organizaciones participantes, los manifestantes decidieron mantener la acampada independientemente del resultado del Consejo de Ministros, por lo que la aprobación de los dos reales decretos-ley no implica el final de las movilizaciones de momento.
La protesta ha abierto además otro frente institucional. La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada y ha advertido de que, de no hacerlo, acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado del Gobierno.
Con los dos textos ya aprobados por el Consejo de Ministros, el foco se desplaza ahora al pleno extraordinario solicitado para este viernes en el Congreso, donde el Ejecutivo tendrá que trasladar el complicado equilibrio alcanzado dentro del Gobierno a una mayoría parlamentaria suficiente para convalidarlos.