Para frenar el déficit de la sanidad pública catalana, el gobierno de esta comunidad autónoma española ha impuesto recortes sin precedentes. Ciudadanos y personal médico se han echado a las calles para mostrar su oposición. ¿Cuáles son las consecuencias de este plan de austeridad?
La reducción del gasto sanitario del 10% ha multiplicado las protestas de los ciudadanos.
El ahorro en muchos de los 80 centros de la red pública catalana alcanza el 20%. El goteo de cierre de servicios ha disparado las listas de espera.
El presidente de la Asociación de Defensa del Sistema Público de Salud Catalán acusa al gobierno regional de querer allanar el terreno a una privatización a largo plazo.
Muchos especialistas mantienen que la multiplicidad de sistemas de salud en España y el disfuncionamiento crónico de muchas estructuras sanitarias hace insostenible el modelo sanitario, no sólo catalán sino español.
Laura Pellisé, directora del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF), departamento de Economía y Negocio de la Universidad Pompeu Fabra:
“En la última década, el gasto sanitario catalán se ha incrementado en un 40%… presta todo tipo de servicios y a todo el mundo. Es un milagro y por supuesto, los milagros no existen. En el resto de Europa no se da una cobertura tan amplia. Lo que está pasando en Cataluña se extenderá a otras comunidades autónomas españolas, pronto. Hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Todos los sistemas de salud españoles deben aplicar recortes. Tenemos que asegurarnos de que cualquier servicio, cualquier medicamento puede ser financiado y para ello tenemos que aplicar el criterio de coste-efectividad.”
Para evitar que muchos hospitales engullan su presupuesto antes de acabar el tercer trimestre, la las fórmulas de ahorro barajadas por los directores de los centros se multiplican: acortar el tiempo que el personal de enfermería utiliza para pasar el testigo al siguiente turno, bajar el gasto de calefacción, alquilar espacios al sector privado… el consejero de Salud, Boi Ruíz tiene un objetivo: ahorrar 1.000 millones de euros.