PUBLICIDAD
Un informe obtenido por diversos medios franceses revela que las instituciones emplean a cerca de 50.000 personas de forma ilegal.
Se les llama púdicamente “colaboradores ocasionales del servicio público”, pero según la Inspección General de Finanzas de la Judicatura y los servicios sociales no cotizan ni se paga el IVA.
Se les remunera como prestatarios, “en negro”, saltándose la normativa.
40.500 personas solo en el Ministerio de Justicia
El informe revela que se trata de una práctica “muy antigua”. El peor alumno es irónicamente el Ministerio de Justicia con 40.500 “colaboradores ocasionales”.
La actual titular Christiane Taubira (en la foto) recuerda que es la primera ministra que ha decidido encargarse de este problema y está preparando un decreto y un plan de acción que incluye contrataciones rápidas.
Se calcula que para regularizar la situación se necesitan 500 millones de euros y 46 millones al año de costes suplementarios si se quiere poner todo en orden. Difícil de explicar a los franceses en un momento en el que se habla con insistencia de recortes.
Además los empleados perderán una buena parte de sus ingresos porque sus salarios estaban “hinchados” (en torno a un 30%) por la ausencia de cotizaciones.
La cuenta oficial de Twitter del Ministerio se ha puesto manos a la obra de la comunicación.
Après 15 ans d’inaction,
ChTaubira</a> s’est emparée de la situation des COSP au ministère dès 2012 et a diligenté un rapport d’inspection. 1/5</p>— Ministère Justice (justice_gouv) septiembre 2, 2015
Después de 15 años de inacción la ministra @CHTaubira se ha encargado de la situación de estos colaboradores presentes en el Ministerio desde 2012 y ha encargado una inspección