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El Gobierno español ya está comunicando a los bancos cómo actuar para evitar que el Ejecutivo catalán pueda desviar dinero al referéndum independentista del uno de octubre. El control de pagos se extiende a las tarjetas de crédito de los altos cargos. Este lunes, por otro lado, es la fecha límite para que el president Carles Puigdemont decrete la imposibilidad de crear nuevas partidas presupuestarias. Si no será el Ministerio de Hacienda, que el viernes anunció que se haría cargo del pago de los servicios públicos de Cataluña, quien lo haga. El Govern, por su parte, ya ha enviado un recurso al Tribunal Supremo con el que espera frenar esta intervención de sus cuentas.
El pulso entre Madrid y Barcelona es palpable a pie de calle. La Guardia Civil ha continuado registros como estos para frenar la preparación de la consulta soberanista y se ha incautado de información sobre el censo electoral en las oficinas de Unipost en L’ Hospitalet de Llobregat y Terrassa. Es la empresa que está siendo utilizada para sustituir a Correos, que no puede enviar ningún tipo de documentos relacionados con el 1-0.
Los principales partidos de la oposición, PSOE y Podemos han presentado sendas alternativas para solucionar la crisis institucional. Solo la de los socialistas cuenta con el apoyo de PP, la propia formación morada e incluso los independentistas del Partido Democrático de Cataluña