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Nueva derrota judicial para Uber en los tribunales europeos

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Nueva derrota judicial para Uber en los tribunales europeos

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El Tribunal de Justicia Europeo ha determinado este martes que los países de la UE pueden multar a la compañía y suspender su servicio UberPop, en el que participaban conductores sin ningún tipo de licencia profesional, sin necesidad de avisar a Bruselas.

La resolución responde en particular al uso de Uber de conductores sin licencia en Francia, donde en 2014 el parlamento aprobó una ley sobre taxis y servicios con conductor que tipifica como delito la organización de servicios de taxis ilegales y establece restricciones al uso de plataformas digitales para recoger clientes en la calle.

La resolución sigue a la decisión previa del tribunal que clasifica a Uber como un servicio de transporte, y no como una plataforma digital colaborativa. Por tanto, exime a Uber de los servicios digitales de protección que gozan las leyes comunitarias que obliga a los Estados miembros a notificar a Bruselas cualquier norma nacional que trate de limitar su actividad. Para algunos expertos la ausencia de un marco europeo de las economías colaborativas, da un amplio margen a los países miembros para regular casos similares:

"El principal riesgo es que los reguladores nacionales en vez de regular teniendo en cuenta las reglas de competencia, se vean influenciados por los grupos de presión dentro de ese sector", opina Adina Claici, experta en competencia en la UE y asesora de Copenhagen Economics.

Desde su lanzamiento en Europa en 2011, no han cesado las protestas de las organizaciones de taxistas, que ven en UBER una competencia desleal. Desde entonces la compañía se ha visto forzada a suspender su servicio UBER POP en muchos países, entre ellos España y a cumplir con la legislación nacional vigente.

Esta decisión de la justicia comunitaria tiene un impacto directo en UBER POP, pero al mismo tiempo lanza una alarma a los gigantes digitales , hasta ahora confiados en que la Comisión Europea les proteja frente a las posibles restricciones legislativas de los países miembros a su actividad.