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El calvario de los denunciantes de corrupción

El calvario de los denunciantes de corrupción
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Denunciar un caso de corrupción puede tener graves consecuencias.

Lo saben bien Ana Garrido y Luis Segura, dos españoles que se atrevieron a dar el paso y que vieron como su vida se convertía en una pesadilla.

Segura era militar. Tras denunciar, fue expulsado del ejército y nunca ha vuelto a encontrar trabajo. El acoso es tal que ha renunciado a darle su apellido a su hija para evitarle problemas.

"Yo he pasado por momentos durísimos, he llegado a dormir en un coche, he pasado hambre por supuesto, he perdido mi libertad durante 139 días que fui encerrado. Durante el encierro me llegaron a desnudar, me aislaron para que no pudiera hablar con nadie. Todo esto sin que un juez lo decidiera", explica Segura.

Ana Garrido era funcionaria y tras contribuir a destapar uno de los mayores casos de corrupción del país, el caso Gurtel, tuvo que esconderse en Costa Rica. A su vuelta las cosas fueron incluso a peor. Se ha sentido completamente abandonada .

"No he tenido apoyo ni por parte de los sindicatos, ni por parte de mis compañeros que muchos de ellos mintieron en el juicio, no he tenido apoyo por parte de la justicia. Incluso en una ocasión en que me amenazaron de muerte y me intentaron echar de la carretera a la cuneta, me dijo que yo no reunía los requisitos para recibir protección", dice Garrido.

Ellos forman parte del grupo de denunciantes que ha visitado el Parlamento Europeo para pedir que se apruebe la Directiva Europea que podría protegerles. El texto prevé crear canales seguros para denunciar y una protección de alto nivel contra cualquier tipo de represalia.

La Directiva ya se encuentra en su fase final, aunque desde la Eurocámara defienden la necesidad de ir más allá y garantizar el anonimato de los alertadores.

"Hay que proteger su anonimato, hay que evitar que puedan ser objeto de acoso y hay que penalizar a aquellas personas que acosen a los alertadores para que no hablen", explica el eurodiputado Jordi Solé, de Esquerra Republicana de Catalunya.

En Europa hay otros casos conocidos de denunciantes acosados, como el Luxemburgo Leaks. El objetivo de la directiva europea es dar cobertura legal a los informadores que alertan sobre corrupción, evasión de impuesto y lavado de dinero.