La aplicación de la ley Helms-Burton, que permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas sin indemización tras la Revolución cubana, puede afectar a empresas españolas como Melía
PUBLICIDADEE.UU. endureció este jueves el embargo a Cuba al implementar, por primera vez y en desafío a la Unión Europea (UE), una medida que endurece el embargo y que permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
Después de tres meses de amenazas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, levantó este jueves la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España y la minera canadiense Sherritt.
La aplicación del Título III permite a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de EEUU a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Entretanto, el Título IV restringirá la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o comerciado con dichos bienes.
Esas medidas entran en vigor este 2 de mayo porque justo caducaba la congelación de los Títulos III y IV dictada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.
En declaraciones a Efe, una portavoz del Departamento de Estado aseguró que el cambio de política busca impulsar la "democracia" en la isla, que vive en "dictadura".
Por eso, ahora, las autoridades estadounidenses buscan "privar al régimen cubano de la riqueza que necesita para mantenerse en el poder" y castigarle por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Cuba proporciona servicios militares y de inteligencia, según Washington.
Frente a ello, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió que EEUU recurre a "mentiras y calumnias" para amenazar la "soberanía de los pueblos" y justificar "su descalabro en Venezuela".
La decisión de Trump promete intensificar las tensiones con la UE, que aglutina la mayoría de las compañías amenazadas y cuya alta representante para Política Exterior, Federica Mogherini, lamentó este jueves "profundamente" la plena aplicación de la ley y consideró que "debilita" la asociación transatlántica.
En una declaración en nombre de los Veintiocho, Mogherini afirmó que la entrada en vigor por completo de la Ley Helms-Burton "contraviene el derecho internacional" y avisó de que la UE "recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación" de esa iniciativa.
En concreto, Bruselas ha prometido utilizar su "estatuto de bloqueo", que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el Título III y permite a los demandados recibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.
En el caso concreto de España, cuyas empresas dominan gran parte del mercado hotelero cubano, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha anticipado que es necesario que la UE acuda de nuevo a la Organización Mundial del Comercio, OMC.
De hecho, fue una primera demanda ante la OMC presentada por la UE en 1996 la que forzó a EE.UU., entonces con Bill Clinton en la Casa Blanca, a suspender indefinidamente la aplicación de los Títulos III y IV, medida que fue respetada por todos los antecesores de Trump.
Cuando el título III fue aprobado en 1996, el Departamento de Estado estimó que permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 200.000 demandas ante cortes estadounidenses.
Los exiliados cubanos en EE.UU. han reclamado durante mucho tiempo la activación del Título III con la esperanza de poder recuperar las fortunas que les fueron expropiadas hace 60 años.
Trump tiene la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2020 y su decisión de activar los Títulos III y IV le facilita cortejar el voto cubano de Florida, un estado con un gran peso en los comicios estadounidenses y que el mandatario ya se llevó en las elecciones de 2016.
Según dijo a Efe el profesor William LeoGrande, experto en Cuba, Trump "está intentando dar una imagen de fortaleza a los cubanoamericanos de línea dura del sur de la Florida antes de las elecciones de 2020"
Carnival, primera empresa demandada en EEUU
La empresa de cruceros Carnival fue demandada este jueves en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños sin compensación.
PUBLICIDADSe trata de las primeras demandas amparadas en el título III de las Ley Helms-Burton de 1996, que permaneció en suspenso durante 23 años pero hoy entró en vigor por decisión del Gobierno de Donald Trump, que busca propiciar así un cambio político en Cuba.
Precisamente este jueves se cumplen tres años de la llegada del primer crucero estadounidense al puerto de La Habana en más de medio siglo. El "Adonia", de la empresa Fathom, filial de Carnival, arribó a la terminal "Sierra Maestra" del puerto habanero el 2 de mayo de 2016 con 704 pasajeros a bordo.
Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.
En una improvisada rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami y bajo la lluvia, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación.
Portavoces de Carnival contactados por Efe se limitaron a señalar: "continuamos operando nuestro calendario previsto de cruceros a Cuba".
PUBLICIDADBehn se mostró muy emocionado e incluso lloró al mencionar la propiedad "robada" a su abuelo.
"Gracias a la 'Ley Libertad' podemos demandar", subrayó Behn.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero además hay otros muchos que podrían demandar incluso sin certificación.
Según dijo esta semana a Efe el abogado Nicolás Gutiérrez, que está a cargo de la demanda de García Bengoechea a Carnival, tanto su cliente como Behn han cumplido ya con una suerte de mecanismo de conciliación que el Departamento de Justicia de EEUU establece y no es obligatorio pero sí "recomendable".
PUBLICIDADSe trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial.
"Todos estamos dispuestos a transar (acordar) si nos ofrecen una compensación", subraya Gutiérrez, quien, además de ser el abogado de muchos de los que quieren demandar, está viendo si él también puede ser demandante.
Para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares, según el título III de la ley Helms-Burton.
En mayo de 2016 Fathom comenzó a operar la primera ruta regular de cruceros entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo, como consecuencia del "deshielo" iniciado en 2014 entre los gobiernos de ambos país durante la presidencias de Barack Obama y Raúl Castro.
Las principales compañías de cruceros siguieron el ejemplo de Carnival y tiene rutas desde EE.UU. a Cuba, por lo que teóricamente al menos también pueden ser demandadas.
PUBLICIDADEl pasado 18 de abril el Gobierno de Trump, que ha cortado el diálogo con Cuba, anunció que evalúa acabar con algunas de las doce categorías que permiten a los estadounidenses viajar a la isla, lo que podría afectar a las aerolíneas y cruceros que aceleraron su actividad tras el deshielo iniciado en 2014.
La "número dos" del Departamento de Estado para Latinoamérica, Carrie Filipetti, explicó ese día a Efe que actualmente se está reconsiderando si debe autorizarse cualquier viaje que no sea por motivos familiares, porque quiere evitarse que el dinero de los viajeros "vaya a parar a las manos del régimen cubano".EFE
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