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El informe Bachelet acusa al Gobierno de Maduro de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales

El informe Bachelet acusa al Gobierno de Maduro de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales
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REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Esta es una de las acusaciones más duras del informe elaborado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de "graves vulneraciones de derechos" y documenta, entre otros graves hechos.

"Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", señaló la expresidenta de Chile en su discurso de presentación del documento en Ginebra.

"El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política".

La delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos ha tachado el documento de "parcial" y acusa a Bachelet de haber cometido errores metodológicos en su elaboración.

"Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional"

"Está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos", subrayó el viceministro venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, en su réplica al informe presentado por la alta Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos que dirige Bachelet.

"Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país", añadió el diplomático en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela el mes pasado.

Castillo argumentó sus críticas en el hecho de que de las 558 entrevistas realizadas para la elaboración de su informe, 460 tuvieron lugar fuera de Venezuela (según Bachelet explicó previamente, con migrantes y refugiados venezolanos actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España).

El viceministro señaló al respecto que "Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales".

"Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente (estadounidense) Donald Trump", defendió.