Por Foo Yun Chee
BRUSELAS, 9 jun - La Comisión Europea intensificó el miércoles las medidas jurídicas contra Chipre y Malta por programas de concesión de pasaportes a cambio de dinero, un proceso que puede llevar a los dos países insulares a los tribunales y a multas.
El ejecutivo de la UE inició el primer paso del proceso legal en octubre del año pasado, cuando envió cartas de notificación formal a los dos países, dándoles dos meses para responder.
El miércoles, la Comisión envió un dictamen motivado a Chipre por no haber respondido a sus preocupaciones. El país tiene dos meses para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para cumplir la legislación de la UE o se enfrentará a un proceso judicial.
"Aunque Chipre ha derogado su régimen y ha dejado de recibir nuevas solicitudes el 1 de noviembre de 2020, sigue tramitando las solicitudes pendientes", dijo en un comunicado.
La medida se tomó dos días después de que una investigación oficial descubriera que el Gobierno chipriota infringió su propia ley en innumerables ocasiones al conceder la ciudadanía a casi 7.000 personas entre 2007 y 2020.
El Ministerio del Interior de Chipre dijo que estaba evaluando el dictamen motivado y que respondería en el plazo previsto. Indicó que ya había personas que se enfrentaban a medidas legales por supuestas transgresiones relacionadas con el programa.
La Comisión también envió otro requerimiento a Malta, añadiendo más detalles sobre sus preocupaciones respecto a la carta del año pasado y dando a la isla dos meses para responder. El siguiente paso sería un dictamen motivado del ejecutivo de la UE.
"Si bien el anterior régimen de ciudadanía para inversores ya no está en vigor, Malta estableció un nuevo régimen a finales de 2020", dijo.
Malta empezó a vender pasaportes a extranjeros ricos en 2014, con una fuerte demanda sobre todo de rusos ricos, chinos y otros ciudadanos del golfo Pérsico.
Los pasaportes de la UE otorgan derechos de viaje, trabajo y residencia sin visado en los 27 países de la Unión Europea.
En respuesta a la medida de la Comisión, el Gobierno maltés dijo que reiteraba "firmemente" que la ciudadanía es una cuestión que deben decidir los Estados miembros y debe seguir siéndolo.
Añadió que deseaba mantener un "diálogo constructivo" con Bruselas y que respondería a sus objeciones con más detalle a su debido tiempo.
El plan de "ciudadanía a cambio de inversión" de La Valeta ha recaudado 1.500 millones de dólares desde su lanzamiento en 2014.