BRASILIA, 25 ago - Cientos de indígenas bailaron y cantaron frente a la corte suprema de Brasil el miércoles para instar a los jueces a no fallar a favor de establecer una fecha límite de 1988 para sus reclamaciones de tierras, una propuesta respaldada por el sector agrícola.
La protesta ha atraído a un número sin precedentes de 6.000 indígenas de 176 tribus que han acampado en la capital brasileña para presionar al tribunal para que rechace el plazo, según los organizadores.
Una derrota en los tribunales para los indígenas podría sentar un precedente para el dramático retroceso de los derechos de los nativos, que defiende el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien dice que muy pocos de ellos viven en demasiada tierra, lo que bloquea la expansión agrícola.
"El gobierno de Bolsonaro quiere acabar con nosotros. Si fuera por él no quedaría ningún indígena en Brasil", dijo el cacique xukuru Ricardo, del noreste de Brasil, que llevaba un largo tocado de plumas de guacamayo azul y sostenía una maraca.
Los manifestantes mostraron pancartas que decían "Marco Temporal NO", rechazando el que se adoptó en 2016. A última hora de la tarde, el tribunal aún no había comenzado a debatir la cuestión.
El fallo afectará a 230 reclamaciones de tierras pendientes, muchas de las cuales son un baluarte contra la deforestación en la selva amazónica. La mayoría llevan décadas esperando su reconocimiento.
Los poderosos intereses agrícolas tendrían una base legal más firme para desafiar las reclamaciones de pueblos originarios con un fallo a su favor y el Congreso tendría luz verde para escribir una definición restrictiva de tierras indígenas en la ley federal.
El caso llegó al Tribunal Supremo por una apelación del pueblo xokleng del sur del estado de Santa Catarina contra lo que, según ellos, es una interpretación demasiado estrecha de los derechos indígenas al reconocer sólo las tierras ocupadas por las comunidades nativas en el momento de la ratificación de la Constitución de Brasil en 1988.
Los xokleng fueron expulsados de sus tierras de caza tradicionales hace más de un siglo para dejar espacio a los colonos europeos, en su mayoría alemanes que huían de la agitación económica y política.
Si ganan el caso, 830 agricultores se enfrentan al desalojo de las pequeñas propiedades en las que sus familias han vivido durante décadas.