MADRID, 14 oct -El partido socialista en el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, para renovar la composición del Tribunal Constitucional, lo que allana el camino para poner fin a un estancamiento que ha durado años, dijo el jueves la oficina del presidente Pedro Sánchez.
La aprobación de los magistrados del máximo tribunal, compuesto por 12 miembros, un tercio de los cuales había llegado al final de su mandato de nueve años en los últimos dos años, requiere una mayoría de tres quintos en el Parlamento, lo que sería imposible sin el PP conservador.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza un Gobierno de coalición de izquierdas en minoría. En el polarizado panorama político español, hay muy pocos acuerdos entre los dos principales partidos.
La votación tendrá lugar en la semana del 25 de octubre, pero no incluirá la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que lleva tres años bloqueado, lo que impide el nombramiento de nuevos jueces para los tribunales superiores.
La renovación del CGPJ desencadenaría una renovación en cascada de los titulares del Tribunal Supremo y de otros altos tribunales.
Los dos partidos también acordaron la renovación de los altos cargos de la oficina del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Nacional de Protección de Datos, dijo la oficina de Sánchez en un comunicado.
El Gobierno de coalición de Sánchez con el partido de izquierdas Unidos Podemos tomó las riendas a principios de 2020 tras unos cinco años de inestabilidad política con frecuentes elecciones y desde entonces ha conseguido que España recupere cierta normalidad institucional.
El acuerdo con el PP se produce en un momento en el que el Gobierno busca apoyos para el proyecto de ley de presupuestos para 2022, que prometía una cifra récord de 40.000 millones de euros (46.000 millones de dólares) de fondos públicos en inversiones, a medida que se ponen en marcha los pagos de la UE para apoyar la robusta recuperación de la economía tras la pandemia.
El año pasado, el Gobierno consiguió aprobar los presupuestos a pesar del voto en contra del PP.