Por Diego Oré y Daina Beth Solomon
7 nov - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se disponía el domingo a lograr un cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional y que suponen un traspié al impulso, liderado por Estados Unidos, de promover la democracia en una región desde donde parten cada vez más migrantes hacia el norte.
Luego de apresar a casi 40 opositores, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia, Ortega allanó el camino para extender su gobierno hasta, por lo menos, enero de 2027, todo un récord en América.
Cinco candidatos compitieron contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Sin embargo, analistas y opositores consideraron que se prestaron a una "farsa" electoral. Lo mismo ocurrió con el Congreso -controlado por el oficialismo- que también fue renovado.
La jornada electoral, para la que estuvieron llamados a votar casi 4,5 millones de nicaragüenses, finalizó alrededor de las 18.00 hora local (0000 GMT del lunes) y los primeros resultados se esperaban unas horas más tarde.
Testigos de Reuters presenciaron filas de ciudadanos para sufragar. Sin embargo, grupos opositores -que llamaron a la abstención- compartieron en redes sociales imágenes de calles y centros de votación vacíos.
"Lo que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, citado en un comunicado de la Casa Blanca.
El mandatario instó al gobierno de Ortega y Murillo a "tomar medidas inmediatas" para restaurar la democracia en Nicaragua y liberar a los "encarcelados injustamente".
"Hasta entonces, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos", agregó.
Días atrás, Washington -el mayor socio comercial de Managua- dijo que inició una revisión de la participación del país en un acuerdo de libre comercio con Centroamérica (DR-CAFTA).
Ortega, quien ha justificado la ola de arrestos asegurando que los aprehendidos buscan "derribarlo", aseguró en junio que las sanciones no lo doblegarían y analistas creen que, a pesar de aislar al país aún más, no redundarían en un cambio de Gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela, donde Occidente ha impuesto castigos similares.
"Estas elecciones (...) son, gracias a dios, un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la paz y no por la guerra, no por el terrorismo", declaró el mandatario de 75 años el domingo en un acto público, minutos después de ejercer su voto.
En las últimas horas, los dos grupos opositores más grandes -la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco- denunciaron "hostigamiento, vigilancia, amenazas" y detenciones de algunos de sus dirigentes.
En San José, unos 2,000 nicaragüenses protestaron contra lo que consideraron una elección "amañada". En otras ciudades de América y Europa, otros tantos también hicieron sentir su voz.
"Estamos aquí recordando que Ortega y su gente se robaron las elecciones, pero no al país. Aquí está Nicaragua mostrándose viva", aseguró Douglas Montoya, un joven de 19 años que huyó de Nicaragua en 2018 porque, contó, fue amenazado de muerte por apoyar las protestas contra el Gobierno.
¿GOBERNABILIDAD?
Las protestas antigubernamentales de abril de 2018 y la posterior pandemia del coronavirus golpearon fuertemente a la economía de Nicaragua y presionaron, también, la migración hacia Costa Rica y el norte.
Entre 2018 y 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) real del país más grande de Centroamérica retrocedió un acumulado del 8.8%. Entre 2000 y 2017, el PIB había promediado un alza del 3.9% aupado por las remesas y la inversión extranjera directa.
El número de nicaragüenses detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado drásticamente en el año, al pasar de 575 en enero a 13,391 en julio, según cifras oficiales.
Desde las elecciones generales de 2016, Ortega abolió los límites del mandato presidencial, expandió el imperio empresarial de su familia y acumuló presión sobre la prensa independiente. En los últimos meses ha encarcelado a candidatos opositores, activistas, periodistas y líderes empresariales, mientras que otros se han visto obligados a partir al exilio.
Murillo, de 70 años, es la primera en la línea de sucesión para terminar el mandato de Ortega si es que el comandante se viera impedido. En años recientes, diversos rumores han circulado entre opositores y diplomáticos de que el líder sufre una enfermedad crónica.
Desde que asumió como vicepresidenta en 2017, Murillo ha ido acaparando más poder y hoy es la portavoz exclusiva del Gobierno.
"Después del 7 de noviembre (...) el objetivo (de la pareja presidencial) se volverá más relacionado con asegurar cierto tipo de gobernabilidad del mandato por los próximos años", opinó Tiziano Breda, analista del International Crisis Group.
Breda cree que, de ganar, el tándem negociará con sectores empresariales para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad. Ya en 2009, Ortega acordó un ambiente de convivencia con los principales gremios empresariales del país.