MADRID, 23 mar - Las patronales españolas de la industria alimentaria y del comercio minorista advirtieron el miércoles que podría ser necesario introducir planes de despido temporal si continúa una huelga de transporte que está provocando la escasez de productos frescos, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno para encontrar una solución.
Iniciada la semana pasada por un grupo de conductores y pequeños propietarios de camiones bajo el paraguas de la Plataforma para la Defensa del Transporte, los manifestantes han bloqueado varios puertos y algunas carreteras.
Tres grandes asociaciones de transportistas se sumaron a la huelga después que el Gobierno español propusiera el lunes un paquete de ayudas de 500 millones de euros (550,45 millones de dólares), que los protestantes desestimaron por considerarlo insuficiente para compensar el elevado precio del diésel.
Los elevados costes de la energía, impulsados por la invasión rusa de Ucrania, han agravado el aumento general de los precios, amenazando con frenar la recuperación económica pospandémica y generando descontento social en muchos países.
"A medida que se alargue el conflicto es evidente que no queda otra que usar esta herramienta (el expediente de regulación temporal de empleo o ERTE)", dijo en rueda de prensa José María Bonmati, responsable de la AECOC, una de las mayores patronales del país.
Varias empresas han paralizado parcialmente la producción debido a la falta de materias primas y a la ausencia de conductores para repartir los productos. El principal fabricante de pasta y pan de España, Gallo, advirtió el miércoles que detendrá la producción si el conflicto no se resuelve en 48 horas.
Reconociendo la escasez de algunos productos, los empresarios del sector minorista dijeron que el suministro de alimentos está garantizado e instaron a los consumidores a no entrar en pánico al comprar, pero presionaron a las autoridades para que encuentren una solución.
Ante la impaciencia de las asociaciones del sector y la oposición política, el Gobierno español ha convocado una reunión con las asociaciones de transporte para el jueves.
"Nos vamos a sentar y no vamos a salir de ahí sin un acuerdo", dijo el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había dicho anteriormente que la mayoría de los conductores quieren trabajar y que lanzar piedras, palos, quemar remolques o pinchar neumáticos no está justificado.
Altos cargos del Gobierno rechazaron inicialmente las protestas por considerarlas poco representativas y tacharon a los organizadores de estar vinculados a grupos de extrema derecha. La Plataforma dijo que no es partidista.