Por Layli Foroudi
LA CIOTAT, Francia, 4 abr - En un tranquilo rincón de la Riviera francesa, los astilleros de La Ciotat han declarado que están emitiendo facturas por los derechos de amarre del imponente superyate blanco Amore Vero, pero no saben a quién enviarlas.
La noche del 2 de marzo, dos días después de que la Unión Europea incluyera en su lista de sanciones a Igor Sechin, jefe de la petrolera estatal rusa Rosneft, debido a la guerra de Ucrania, los agentes de aduanas requisaron la embarcación de 86 metros de eslora cuando su tripulación se disponía a salir del puerto.
El Ministerio de Finanzas francés afirma que el yate pertenece a una empresa controlada por Sechin, uno de los más antiguos aliados del presidente ruso Vladimir Putin. El ministerio declinó nombrar a la empresa.
Sin embargo, Sechin —en una declaración enviada a Reuters por Rosneft— lo negó.
El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que Francia había incautado oficialmente el Amore Vero, una medida que, según las autoridades, otorga al Estado la custodia del yate y deja los costes en manos del propietario.
Sin embargo, las autoridades no han notificado a terceros la situación del barco, por lo que no está claro quién es el responsable de su mantenimiento, según han declarado dos empresas implicadas en el mantenimiento del yate. Mientras las facturas se acumulan, un ejecutivo de los Astilleros de La Ciotat dijo que la empresa no estaba segura de cómo cobrar.
"Seguimos facturando", dijo Alice Boisseau, responsable de comunicación de Astilleros La Ciotat. A la pregunta de quién pagará la factura, respondió: "No lo sabemos".
Boisseau no quiso responder a más preguntas. La agencia de aduanas francesa se negó a comentar por qué no había informado a los astilleros de la situación del yate.
Los interrogantes que se ciernen sobre el Amore Vero ponen de relieve las complejidades a las que se enfrentan las autoridades a la hora de perseguir los activos de los aliados de Putin, y a los trastornos que se están produciendo en algunos negocios.
En la Unión Europea, el patrimonio financiero de los oligarcas permanece en gran medida intacto, pero los Estados europeos han inmovilizado o confiscado activos físicos, entre los que se incluyen propiedades y al menos 11 superyates.
John Dalby, propietario de Marine Risk Management, que recupera activos marítimos en nombre de aseguradoras y bancos, dijo que los Gobiernos mediterráneos tenían poca experiencia en los entresijos legales relacionados con la incautación de superyates.
"Hay una falta de cohesión en lo que se hace: entre los actores estatales y otras terceras partes, como los acreedores", dijo Dalby, añadiendo que había hablado con autoridades del Mediterráneo y de Estados Unidos.
Dijo que los acreedores de los yates incautados —como los proveedores de combustible o las empresas de gestión de la tripulación— podrían solicitar a un tribunal la venta del barco para recuperar sus deudas. La agencia de aduanas francesa no hizo comentarios.
PROPIEDAD
Los rusos son propietarios de casi uno de cada 10 superyates, según el sitio web especializado Superyacht Times.
Algunos de los que son propiedad de individuos sancionados están amarrados en puertos de refugio —como en el caso del Eclipse y el Solaris de Roman Abramóvich en Turquía— o navegan en aguas internacionales más allá de la jurisdicción de los Estados que imponen sanciones.
El Amore Vero se encontraba en el puerto de Francia para ser renovado por el especialista en yates de lujo MB92 cuando se impusieron las sanciones, dijo Le Maire.
Las autoridades requisaron el Amore Vero, en lugar de simplemente inmovilizarlo, porque su intento de abandonar el puerto contravenía el régimen de sanciones de la UE e infringía la legislación francesa, dijo el ministro.
MB92, consultado sobre si había recibido el pago íntegro por el reacondicionamiento o si esperaba hacerlo, dijo a Reuters: "Todavía estamos esperando una notificación formal de la Aduana que aclare la situación oficial del buque".
El abogado marítimo Pascal Flot dijo que las dificultades para determinar la propiedad de los megayates podrían ser una de las razones por las que las autoridades francesas no habían notificado a terceros la situación del Amore Vero.
Los superricos suelen controlar sus activos a través de una red de empresas ficticias en paraísos fiscales, dijo Flot. El Amore Vero navega con bandera de las Islas Caimán.
La oficina de aduanas declinó hacer comentarios.
"SORPRESAS DESAGRADABLES"
Los costes anuales de funcionamiento de los mayores superyates pueden ascender al 10% de su valor, dijo Flot, incluyendo el salario de la tripulación, las reparaciones, el combustible, la comida, el seguro, las tasas de atraque y los servicios públicos en tierra.
Para una embarcación como el Sailing Yacht A, de 540 millones de dólares, propiedad del barón del carbón y los fertilizantes Andrei Melnichenko e inmovilizado en el puerto italiano de Trieste, eso podría suponer millones de dólares cada mes.
En Italia, los activos inmovilizados son gestionados por un administrador designado públicamente y los gastos de mantenimiento corren a cargo de la agencia estatal de la propiedad. Posteriormente deben ser reembolsados por el propietario o el Estado puede vender el activo para recuperar sus gastos.
La Agenzia del Demanio de Italia declinó hacer comentarios. Los representantes de Melnichenko no respondieron a una solicitud de comentarios.
En Francia y en España, los gastos de funcionamiento de un yate inmovilizado o embargado siguen siendo responsabilidad del propietario. Sin embargo, los bloqueos de sus cuentas bancarias significan que los propietarios sancionados a menudo no pueden realizar el pago, dijo Rachel Lynch, del sindicato de marinos Nautilus International.
Otro riesgo para los Gobiernos es que los barcos sean incautados erróneamente, afirmó Giannis Markogiannis, abogado griego especializado en derecho internacional de la navegación, seguros y fiscalidad.
Un yate incautado cuya propiedad no pudiera vincularse a un nombre de la lista de sanciones debería ser liberado, con lo que el Estado sería responsable de cualquier deterioro de su estado o de los daños sufridos durante su inmovilización, dijo. Los propietarios también podrían demandar por la pérdida de los ingresos del chárter o por la prohibición de uso.
"Todos esos asuntos deben ser tratados cuidadosamente por el Estado que embarga para evitar sorpresas desagradables". dijo Markogiannis.